SEÑOR DIRECTOR:

Durante octubre, la Corte Suprema entregó señales contradictorias respecto a los derechos que les caben a los funcionarios a contrata del sector público. Por un lado, confirmó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que señalaba tajantemente que el principio de la confianza legítima no se encontraba consagrado legalmente y por lo tanto no era exigible judicialmente. En el mismo mes, la misma sala de la Corte Suprema reafirmó la aplicación del ya conocido principio que transforma en permanentes a funcionarios que cumplen funciones temporales.

Ante estas contradicciones judiciales, los parlamentarios del PC y el PS Luis Cuello y Leonardo Soto presentaron lo que sería una absurda solución al problema: la consagración legal del principio de la confianza legítima. Es decir, en vez de reconocer que existe un serio problema en el Estado con los funcionarios públicos, asumir que el sistema actual hizo de la excepción la norma y que no hay incentivos el mérito y la evaluación de desempeño, los diputados optaron por lo fácil: perpetuar la disfuncionalidad.

La alternativa está sobre la mesa hace ya años. Lo dijeron expertos de diversos sectores en el Consorcio para la Reforma del Estado por allá por el 2009, y lo hemos reiterado distintos actores, incluyendo una propuesta de reforma al empleo público que planteamos desde Pivotes.

Sabemos que los tiempos de elecciones hacen que se busquen nichos de grupos de interés para sacar una ventaja pequeña, sin embargo, Chile merece que avancemos en una reforma al empleo público largamente postergada.

Juan Francisco Galli

Director ejecutivo de Pivotes