SEÑOR DIRECTOR:

El reciente editorial “Graves fallas para abordar la infancia vulnerada” refleja con claridad una deuda que se arrastra hace décadas: el sistema no responde a las necesidades reales de más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que viven bajo cuidado del Estado, muchos sin la posibilidad cierta de reparar su daño o crecer como merece cualquier niño: seguro, querido, acompañado.

La campaña del Servicio Nacional de Protección para promover familias de acogida es un paso necesario, pero claramente insuficiente si no se enmarca en una transformación más profunda. En esa dirección, el Centro de Políticas Públicas UC, junto a la Mesa de Residencias y a un grupo interdisciplinario de expertos y organizaciones de la sociedad civil, ha elaborado un marco de acción para el próximo gobierno. La propuesta plantea fortalecer los modelos de intervención y la oferta programática; profesionalizar y ampliar el acogimiento familiar; asegurar un financiamiento estable que garantice cobertura y continuidad; clarificar la organización institucional para definir responsables y robustecer la rectoría estatal; avanzar hacia una coordinación intersectorial efectiva que incluya acceso prioritario a salud y educación; un expediente único de trayectorias y una gestión judicial más ágil.

El deber del Estado no es solo evitar más daño, es garantizar derechos, vínculos y ofrecer oportunidades para que cada niño y niña crezca con dignidad. La campaña presidencial que comienza es la ocasión para que estos temas dejen de ser solo discursos y se traduzcan en compromisos concretos que nos permitan saldar esta deuda inmoral con los que más sufren.

Paulina Fernández

Aldeas Infantiles SOS

Érica Ponce

Niño y Patria