Como una forma de entregar mayores herramientas al Estado para poder controlar la inmigración ilegal, el Presidente de la República firmó recientemente dos proyectos de ley. Uno de ellos apunta a la modificación del Código Penal para ampliar el delito de tráfico de migrantes, en tanto que el otro consiste en una reforma constitucional destinada a ampliar el plazo durante el cual una persona extranjera con orden de expulsión puede permanecer detenida mientras se materializa esta medida. De acuerdo con la Carta Fundamental, actualmente dicho plazo tiene un tope de cinco días corridos en el caso de las expulsiones administrativas, algo que a juicio del Ejecutivo resulta insuficiente para completar trámites indispensables para su ejecución. La propuesta del gobierno reemplaza ese tope por un rango de entre cinco y sesenta días, renovable por otros dos períodos y con control judicial en cada renovación, recalcándose que se trata de una sanción administrativa, no penal.

El gobierno ha hecho ver que los plazos actualmente contemplados para las retenciones son uno de los más cortos a nivel mundial, tomando en cuenta que la Unión Europea se prepara para endurecer las normas relativas a la inmigración irregular, buscando ampliar los plazos de retención hasta 24 meses en determinados casos, sino incluso permitiendo que existan “centros de retorno” fuera del territorio del bloque. Con todo, la propuesta del Ejecutivo probablemente se va a encontrar con una serie de dificultades de orden jurídico pero también práctico, por lo que no resulta claro que ello efectivamente consiga los efectos que busca lograr.

Desde luego, para que una medida como esta pueda tener lugar sería necesario desarrollar módulos especiales de detención, como los centros de permanencia y repatriación de Italia, o los centros de internamiento de España. Surge una primera interrogante, y es si el Estado dispone de recursos suficientes para montar y mantener estas infraestructuras, sin que ello implique reducir recursos para los recintos penales o afectar el cronograma de construcción de nuevas cárceles.

Pero hay también aspectos mucho más de fondo que deberán ser abordados en el debate que tendrá lugar en el Congreso, pues si bien en la experiencia internacional los plazos de detención pueden llegar a ser extensos, es previsible que en el caso de Chile se levantarán cuestionamientos ante la posibilidad de que las personas puedan llegar a estar retenidas por hasta 180 días, pues más allá de que exista un control judicial para las prórrogas, el ingreso ilegal no es delito en nuestro país; además, tampoco exista certeza que dentro de los 180 días se pueda materializar la expulsión. Hay también otras dimensiones que aparentemente tampoco se están considerando, como en el caso de que se trate de familias con menores de edad, sin que hasta ahora resulte claro si ellos también serán retenidos y en qué condiciones.

Es claro que el país debe profundizar sus esfuerzos para regular mejor los temas migratorios, pero esta fórmula parece poco viable. Cabe insistir que cuando hay miles de personas con órdenes de expulsión, lo más práctico parece ser entregar incentivos para que se regularicen, y actuar con energía frente a aquellos que se resistan a ello.