En medio de la controversia que ha golpeado a Codelco tras las revelaciones de una auditoría interna que confirmó una desviación de producción de cobre en 2025 -lo que se tradujo en más de 26 mil toneladas que fueron reportadas como producidas, sin cumplir los estándares para ello-, tuvo lugar la renovación de parte del directorio, asumiendo su nuevo presidente, Bernardo Fontaine, luego de que concluyera el periodo de Máximo Pacheco en dicho cargo. La mesa adoptó una serie de decisiones estratégicas, entre ellas la contratación de una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción entre 2024 y 2025. También se anunció la llegada de un nuevo presidente ejecutivo, Jorge Gómez, en reemplazo de Rubén Alvarado.

Los cambios que por estos días se han llevado a cabo en Codelco en modo alguno permiten dar vuelta la página respecto de lo que ha sucedido con el escándalo de la sobreproducción, porque si bien se ha abierto una investigación penal y hubo algunos ejecutivos sancionados, todavía está pendiente despejar la responsabilidad que le cupo al directorio en este desaguisado y cómo se manejará el delicado asunto de los más de US$ 14 millones que fueron distribuidos como bono de cumplimiento de metas entre más de 6 mil trabajadores.

Codelco ya tendría un plan para la restitución de estos fondos, que partiría por los ejecutivos, para luego dar paso a negociaciones con los trabajadores, lo que no se anticipa sencillo. Aun cuando se trata de recursos originados en una producción que fue artificialmente abultada, cabe tener presente que tal como ocurre en cualquier empresa, la suerte de los trabajadores está entregada a las decisiones que adoptan los dueños y la alta gerencia, tanto en lo favorable como en lo adverso, de modo que es ante todo en los altos ejecutivos donde deberían radicarse las responsabilidades y exigir la restitución de los recursos, sin perjuicio de que se pueda llegar a un acuerdo con los trabajadores.

No hay duda de que todos los ejecutivos que tuvieron participación o responsabilidad directa en este bochorno deben ser removidos, donde hasta el momento los que aparecen sancionados constituyen un grupo muy reducido, con un solo desvinculado. En cuanto a Pacheco, este decidió renunciar al directorio de Novandino -la sociedad que conformaron la estatal y SQM para la explotación de litio-, acusando que hubo una ofensiva de algunos sectores en orden a forzar su dimisión, graficándolo en que “para algunos, la reducida bandería política vale más que el interés nacional”. El tono de victimización que traslucen sus palabras no corresponde, pues resulta inevitable que su papel en Codelco sea ahora objeto de escrutinio y que su permanencia en Novandino ya no despertara adhesión en todos los sectores.

El directorio de la compañía tampoco puede eximirse de las responsabilidades que le caben, desde luego por no haber sido capaz de detectar a tiempo este fraude, pese a que había señales que sugerían algo anómalo en la producción. Pero, además, por tratarse de una empresa del Estado hay responsabilidades políticas que resultan imposibles de eludir, sin perjuicio de que cabrá investigar si acaso corresponde hacer efectivas otras responsabilidades que la ley les impone en su calidad de directores, tomando en cuenta que este caso afecta la credibilidad de la empresa y era su obligación velar por que ello no ocurriera.