El Ministerio de Educación sigue manteniendo su optimismo de que antes de que concluya el actual mandato logrará en el Congreso la aprobación del proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE), condona parte de la deuda y propone un nuevo sistema para el financiamiento de la educación superior (FES) –el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la Comisión de Educación del Senado-, pero de momento ello parece improbable a la luz de los múltiples cuestionamientos y observaciones que esta iniciativa continúa despertando.

El gobierno del Presidente Boric ha tenido como una de sus principales banderas poner fin al CAE y buscar algún tipo de condonación -aunque sea parcial- a los actuales deudores. Existe en todo caso un diagnóstico ampliamente compartido sobre la necesidad de cambiar el actual sistema, pues ha provocado un alto endeudamiento entre los estudiantes, la tasa de morosidad se ha disparado -del orden de dos tercios están impagos, en parte alentado por la expectativa de una condonación- y ha implicado un alto costo para el Fisco, producto de enormes desembolsos para cumplir con la garantía estatal comprometida en este instrumento.

Si bien es legítimo que la autoridad se empeñe en migrar a otro sistema de financiamiento para la educación superior, es fundamental que el nuevo instrumento evite distorsiones y no profundice los problemas, riesgo que claramente sigue latente. En ese orden de cosas, es clave que el nuevo diseño siga manteniendo la lógica de un crédito -de modo que los alumnos paguen por el costo de la carrera más una tasa de interés razonable- y no se transforme en una suerte de impuesto a los graduados, tal como ocurre con el diseño del FES, al proponer que los egresados paguen por un plazo de veinte años y que el monto que deberán devolver puede llegar hasta 3,5 veces el costo de la carrera. También debe hacerse cargo de la sostenibilidad fiscal, lo que tampoco está garantizado en el FES, entre otras razones porque bajo las gravosas condiciones que establece hay fuertes incentivos para que los estudiantes a futuro opten por otras formas de crédito o presionen por el no pago -de modo que los flujos de ingresos que el FES proyecta para autofinanciar el sistema son inciertos-, o bien para que las universidades adscriban a la gratuidad, lo que al final representará más gasto fiscal. Y desde luego cualquier nuevo diseño no puede poner en riesgo la autonomía universitaria, algo que ha levantado mucha inquietud porque considerando que el proyecto del FES suprime el copago para los deciles séptimo, octavo y noveno, las universidades que adscriban previsiblemente perderán ingresos importantes y en algunos casos hasta el 90% de sus ingresos pasará a depender de los aportes estatales.

Es claro que estos tres aspectos fundamentales no están bien resueltos en el proyecto del FES y las divergentes miradas que existen dentro de la misma comunidad universitaria dan cuenta que, de momento, en torno al FES hay más dudas que certezas. Al respecto, las entrevistas que este medio realizó a los rectores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica -Rosa Devés y Juan Carlos de la Llera, respectivamente- han permitido exponer con claridad esta disparidad de puntos de vista y dónde están los principales nudos.

Así, la rectora Devés advierte una evolución positiva en el FES, pues el Mineduc ha hecho un esfuerzo por escuchar a todas las universidades, y destaca que se han ido logrando acuerdos entre las universidades, en particular dentro del Consejo de Rectores (Cruch), “lo que no es trivial”, asegura. Asimismo, la rectora espera que esté la posibilidad de un copago regulado que permita cierta flexibilidad de los aranceles de los deciles 7 a 9, y plantea que las universidades en general no le temen a la pérdida de autonomía académica -“no hay razones”, asegura-, advirtiendo que tal preocupación está planteada más desde el mundo de las universidades privadas.

El rector De la Llera, en cambio, sostiene que el documento que entregó el Cruch con propuestas sobre el FES es un compendio de observaciones que emanó desde el comité ejecutivo, pero que no pasó por la aprobación del Cruch, lo que refuerza la noción de que en el propio Consejo de Rectores dista de haber unanimidad. A su vez, el rector plantea que los cambios hasta ahora no tocan el déficit ni el copago, alertando que cuando se generó la gratuidad no iba a generar perjuicio a las universidades, pero ello no ha sido así. Sostiene que este proyecto hay que verlo en tres dimensiones: fiscal, estudiantil e instituciones, y ha faltado esa mirada sistémica, e hizo ver que sí está en riesgo la autonomía de las universidades cuando se controla lo financiero.

Los puntos a favor del FES, pero también las reservas que despierta y los necesarios mejoramientos que debe incorporar, volvieron a quedar a la vista en un seminario organizado el miércoles pasado a instancias de la Comisión de Educación del Senado, donde expusieron varios rectores y expertos de distinta índole. Los representantes de las universidades del Estado en general apuntan a los problemas del CAE como excusa para avanzar en la iniciativa, coincidiendo en la necesidad de restablecer cierto copago y poner límite a la retribución que deberán solventar los alumnos, donde la propuesta del Cruch es limitarla a 1,5 veces.

Pero los sectores que miran con más reserva la iniciativa han vuelto a enfatizar que la autonomía de las universidades puede estar seriamente comprometida -particularmente en el caso de las universidades privadas-, producto de la alta exposición a los fondos provenientes del Estado y la fuerte restricción al copago -asimilándose a una fijación de precios-, que además puede llevar a una fuerte segregación del sistema universitario; son varios los que alertaron que además numerosos planteles verán reducidos sus ingresos -lo que dañará la calidad de los proyectos educativos- y por cierto se relevó una vez más el alto costo fiscal que puede estar comprometido en la medida que no se cumplan los supuestos financieros sobre los que descansa el proyecto -un dato que se expuso en el seminario habla por sí solo: considerando la gratuidad y el CAE, el costo fiscal ha terminado siendo US$ 11 mil millones más de lo proyectado inicialmente-, sin que el país disponga de holguras para ello.

El ministro de Educación se ha mostrado disponible para acoger estas observaciones, en la medida que se mantengan los principios básicos que orientan este proyecto. Queda por ver si el gobierno tomará nota de estas fundadas objeciones, pero es claro que la bandera de terminar con el CAE y condonar deudas no puede ser a cualquier costo.