El trágico fallecimiento de cinco turistas en las Torres del Paine producto de condiciones climáticas extremas -donde también se registraron más de una veintena de heridos- no solo ha desencadenado una investigación administrativa y penal para determinar el origen y posibles responsabilidades, sino que también ha puesto el foco de atención sobre las medidas de seguridad en nuestros parques nacionales.

La muerte de estos turistas -todos ellos por hipotermia- se produjo precisamente en la zona más riesgosa del denominado “Circuito O” del parque nacional Torres del Paine. Pese a que había reportes que advertían sobre las duras condiciones de viento, nieve y lluvias que se desatarían en la zona, es materia de investigación cómo fue posible que aun así esta expedición continuara, y hasta dónde cabe una responsabilidad al personal de Conaf -responsable de la administración del parque- en lo sucedido. En el momento que ocurrió la tragedia no había guardaparques en dicho lugar, porque estos se encontraban a varios kilómetros de distancia, cumpliendo con la obligación de votar en las recientes elecciones. De momento no es posible determinar si la presencia de personal habría evitado la tragedia, pero ello no excusa esta grave falta de planificación, lo que se amplifica tomando en cuenta que se trata justamente de una zona particularmente compleja por sus características geográficas.

La muerte de estos turistas ha implicado un duro golpe para la imagen del país, en particular por los niveles de seguridad que Chile puede ofrecer a quienes visitan la extensa red de parques nacionales. Estos constituyen un polo turístico para el país -Torres del Paine, por ejemplo, fue visitada el año pasado por más de 360 mil personas, con alta presencia de extranjeros-, de modo que resulta crítico garantizar condiciones básicas de seguridad.

Un accidente como el ocurrido ciertamente resulta inusual, pero ha dejado a la vista falencias y protocolos poco claros que requieren ser revisados exhaustivamente a la luz de estos acontecimientos. Por ello es fundamental que esta tragedia sirva como oportunidad para revisar integralmente las condiciones en que funcionan los parques nacionales, donde desde ya es posible advertir una serie de problemas que se arrastran desde hace tiempo, y que ninguna administración ha logrado resolver. Los paros de guardaparques se han hecho recurrentes en los últimos años, alegando entre otras razones bajos sueldos, condiciones laborales estresantes y falta de equipamiento adecuado. La dotación llega a unos 500 a nivel nacional, número a todas luces insuficiente para resguardar los 46 parques nacionales, 45 reservas nacionales y 19 monumentos naturales en el país, que en conjunto representan más de 18 millones de hectáreas. También hay constantes críticas por lo reducido del presupuesto que entrega el Estado. Un estudio de la WWF reveló que el Estado de Chile gasta US$0,6 por hectárea protegida, lejos de los US$ 2,6 que se invierten en Argentina, o los más de US$ 6 que destina Perú.

Contar con mejores sistemas tecnológicos que agilicen la entrega de alertas tempranas a los visitantes, y complementar con una mejor capacitación a quienes se internan por los circuitos de los parques, para que internalicen mejor los riesgos y lleven los implementos de seguridad necesarios, también forman parte de los desafíos pendientes.