El nuevo gobierno anunció la semana pasada, como parte del llamado proyecto de Reconstrucción Nacional una serie de medidas relativas a gastos asociados a la educación superior. Entre estas se contempla limitar la gratuidad a los mayores de 30 años y frenar la ampliación de ese beneficio a nuevos deciles, como estaba establecido en el proyecto inicial que dio nacimiento a esa política. Paralelamente se anunció el fortalecimiento de los mecanismos para el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) cuya deuda total alcanzó más de US$ 14 mil millones al cierre de 2025, la que se incrementó en forma sostenida durante el gobierno pasado, impulsada por la promesa de condonación hecha por las autoridades de entonces. Durante los cuatro años de la administración pasada el porcentaje de egresados morosos aumentó 25 puntos, llegando al 53% del total.

Las medidas, si bien gatillaron reclamos de parte de la oposición, que acusa que en el caso de la gratuidad la medida anunciada estaría comprometiendo derechos sociales, no sólo van en la dirección correcta, considerando la severa estrechez de recursos que enfrenta el fisco, sino que recogen una discusión que incluso había estado presente en el debate del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior, presentado en el anterior gobierno, donde en los hechos se limitaba la progresión del beneficio a nuevos deciles. La legislación que rige la gratuidad, la cual hoy beneficia al 60% de la población, establece una fórmula para ir cubriendo deciles superiores asociada al PIB. Ello implicaría ampliar el beneficio de aquí a fines de la década. Hoy el Fisco destina US$ 2 mil 850 millones a financiar la gratuidad, lo que equivale al 54% del presupuesto de educación superior.

En el actual escenario fiscal aparece por ello necesario fijar bordes y contener su expansión. Si bien la decisión de excluir del beneficio a los mayores de 30 años que postulen a la educación universitaria, no así a los Centros de Formación Técnica, es un límite evidentemente arbitrario cuyos términos podrían ser discutidos con mayor profundidad, ello no quita que el espíritu que rige el proyecto, esto es, la necesidad de fijar bordes, es un paso necesario. En aquellos países de la OCDE donde existen sistemas de gratuidad universitaria no solo hay ciertas limitaciones, como la propiedad de la institución, estatal o privada, sino que también cuentan con un estándar de vida diferente y un esquema tributario distinto. Los altos costos de la gratuidad repercuten además en otros ámbitos más prioritarios del sistema educativo como la educación preescolar y la educación primaria.

En lo referente al CAE el anuncio del gobierno es aún más necesario y urgente. El sistema representa hoy una carga creciente para el Fisco, pese a que existen los mecanismos, incluidos en la propia ley, para llevar a cabo los cobros, ya sea por la gestión de las propias instituciones financieras que otorgaron el crédito como a través de retenciones tributarias. Se debe por lo tanto avanzar en la aplicación de la normativa, reforzando los esfuerzos de cobranza, especialmente a aquellos que pese a tener retornos importantes luego de haber estudiado con ese beneficio, no cumplen con sus obligaciones con el sistema. Clave en este proceso es contener el aumento de la cartera morosa antes de analizar la eventual reforma del actual sistema de financiamiento.