Probablemente la reciente elección de la presidencia de la Corte Suprema ha sido una de las más complejas en toda la historia de este tribunal, luego de que surgieran divergencias en el pleno respecto de quién debería ocupar dicho cargo. Así, no era claro que la presidencia la detentara el juez con mayor antigüedad dentro de dicha corte -como dicta la tradición-, que en este caso correspondía a la ministra Gloria Ana Chevesich, ya que una parte del pleno levantó el nombre de la ministra María Angélica Repetto como posible contendora. La razón de esta divergencia respondía a que varios ministros tenían reparos en la dura forma como Chevesich había abordado procesos disciplinarios que han enfrentado recientemente miembros de esta corte.

Esta división al interior del pleno ocurría justo cuando el máximo tribunal enfrenta el período más complejo de toda su historia, pues varios de sus integrantes han sido cuestionados por comportamientos irregulares a partir de las revelaciones en el marco del caso Audio, y ahora recientemente con lo que se ha denominado la “trama bielorrusa”, lo que ha dañado gravemente la imagen del Poder Judicial y desde luego de la propia Corte Suprema. Así, entre los casos más graves figura la remoción por parte del pleno de la exjueza Ángela Vivanco, en tanto que el exministro Sergio Muñoz fue destituido en virtud de una acusación constitucional (AC). Un tercer ministro, Diego Simpertigue, también enfrenta una AC -la Cámara de Diputados dio lugar a ella de manera unánime, y ahora resta que se pronuncie el Senado-, en tanto que dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago ya han sido destituidos.

Finalmente, en la sesión del lunes pasado el pleno designó por unanimidad a la ministra Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema -cargo que asumirá a partir de marzo-, luego de que la propia ministra Repetto habría solicitado que no se votara por ella. Pese a que fue una sesión no exenta de tensiones, la decisión adoptada por el pleno constituye un paso valioso, porque en caso de que no se hubiese alcanzado tal consenso lo grave no era que se quebrara esta larga tradición de elegir a aquel par de mayor antigüedad, sino que se habría dado una señal equívoca ante la ciudadanía respecto de los criterios que la Corte pretende aplicar para efectos de enfrentar los actuales casos de irregularidades y aquellos que puedan surgir en el futuro, donde lo que cabe esperar es que, en el marco de un debido proceso, no exista tolerancia alguna en el caso de aquellos jueces que se han apartado de la rectitud e imparcialidad que se espera de ellos.

La ministra Chevesich tendrá por delante una tarea muy exigente, pues a ella le corresponderá tomar acciones para revertir esta preocupante pérdida de confianza en el Poder Judicial. Ello desde luego no solo pasa por asegurar procesos disciplinarios efectivos y transparentes, sino también promover desde la Corte Suprema todas aquellas modificaciones administrativas o legales que aseguren una justicia más eficiente para la ciudadanía. Un reciente estudio realizado a partir de las respuestas entregadas por usuarios en un portal del Poder Judicial reveló que entre los mayores cuestionamientos a los tribunales figuran la desigualdad en el trato a litigantes, falta de imparcialidad, ineficacia y falta de diligencia en la tramitación de causas, lo que en sí constituye un potente llamado de atención.