Pese al amplio respaldo que obtuvo en la Cámara de Diputados la propuesta para acusar constitucionalmente al ex ministro de Energía, Diego Pardow -ello en el marco del desaguisado producto de cobros en exceso en las tarifas eléctricas-, en el Senado los dos capítulos de dicha acusación fueron desestimados. Para ello resultaron fundamentales los votos provenientes de varios senadores de oposición.

Es cierto que con este resultado los partidos de oposición han visto frustrada por octava vez una acusación constitucional (AC) en contra de ministros o autoridades del actual gobierno, pero al margen de las consideraciones políticas de qué sector ganó o perdió, el balance para la institucionalidad resulta ampliamente satisfactorio, porque a pesar de que para los senadores habría sido fácil aprobar este libelo y condenar a Pardow, aun así se dieron el tiempo de examinar detenidamente el caso, escuchar opiniones y finalmente votar en conciencia, esto es, atendiendo al mérito de los antecedentes, sin dejarse llevar por el clima de campaña electoral -siempre propicio para buscar ganancias de corto plazo-, lo que dignifica aún más la forma en que actuó la Cámara Alta.

Tras los resultados de esta acusación, Pardow -quien es militante del Frente Amplio- compartió una serie de reflexiones, las que resultan de particular interés porque varias de ellas apuntan a aspectos medulares e interpelan sobre todo a su propia generación política, en particular al frenteamplismo. El exministro, además de valorar el rol que en su caso desempeñó el Senado, reconoció que su propio sector aportó a la instrumentalización de las acusaciones constitucionales, algo que resulta evidente considerando que fue bajo la segunda presidencia de Sebastián Piñera donde se produjo una suerte de explosión de acusaciones de este tipo, incluidas dos contra el propio Mandatario, algo sin precedentes y que dio pie para que la actual oposición también recurriera desmesuradamente a este instrumento como arma de presión política.

Pardow señaló que luego de todas estas acusaciones constitucionales “el sistema de deliberación democrática está peor”, lo que exige enfoques distintos, y para ello es importante -dijo- comenzar un “desescalamiento”, mencionando que es a su propio sector político al que ahora le cabe tomar la iniciativa. Reconoció que en su caso la oposición hizo un gesto significativo, y también aludió a cómo el actual oficialismo actuó frente al gobierno de Piñera cuando era oposición, señalando que algunas de las actitudes que entonces se tomaron en las acusaciones hay que revisarlas.

Ciertamente para el país sería una ganancia importante que grupos o partidos que en años recientes levantaron un sinnúmero de acusaciones constitucionales como un arma para debilitar políticamente a un gobierno, o que buscaron en la agitación social una vía para presionar al Congreso y al Ejecutivo en favor de una agenda de cambios -en algunos casos muy radicalizada-, pudieran entrar en un proceso de internalización de estas lecciones, de modo que cuando les toque volver a ser oposición no solo promuevan una actitud más dialogante, sino que su quehacer político tenga como uno de sus objetivos favorecer el buen funcionamiento de las instituciones, donde una señal concreta sería que las acusaciones constitucionales recuperen su espíritu original y sean efectivas instancias de control, y no burdos juicios políticos.

Todavía es una incógnita si acaso el llamado de Pardow a su sector para tomar la iniciativa de desescalar en favor de un mejor funcionamiento institucional tendrá suficiente eco, pero cuando menos en el último tiempo se han dado algunas señales interesantes en tal dirección. El propio Presidente de la República, por ejemplo, durante el funeral del expresidente Piñera en febrero del año pasado, señaló que “como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello, y todos debiéramos hacerlo”. El diputado Gonzalo Winter, quien fue candidato presidencial del Frente Amplio, recientemente reconoció que fue un error haber acusado constitucionalmente a Piñera, en tanto que la vocera de gobierno hizo un llamado al Senado para rechazar la AC contra Pardow, planteando que de aprobarse una acusación que hace responsable a un ministro de aspectos que están fuera de su competencia, entonces “¿qué queda para el futuro de los ministros, del gobierno que fuere? ¿Vamos a hacer que pasen por sobre atribuciones de organismos técnicos por criterios políticos?”.

Ciertamente estas reflexiones son valiosas, y en buena medida responden al hecho de que esta generación tuvo que asumir responsabilidades de gobierno y vivir en carne propia la experiencia de los desajustes institucionales, lo que los ha hecho tomar más conciencia sobre la importancia de preservar el buen funcionamiento de las instituciones -la forma en que resolvió el Senado debería ser ejemplificadora- y probablemente tener a su vez una mirada más crítica de lo que fue su propio actuar cuando eran dirigentes estudiantiles o jóvenes parlamentarios; parece haber también una sana evolución que busca tomar distancia de las lógicas extremas del “octubrismo”, sintonizando mejor con la evolución que ha tenido la sociedad en los últimos años.

Con todo, es un hecho que no todos los sectores en el mundo de la izquierda han hecho esta internalización y siguen anclados en lógicas extremas o disruptivas, tal como se vio en uno de los actos de campaña de la candidata Jeannette Jara, donde un grupo de asistentes denostó gravemente a Carabineros con cánticos ofensivos. Ello, en todo caso, no debe llevar a perder de vista la importancia de que la acusación constitucional contra Pardow permitió nuevamente reactivar un sano proceso de reflexión sobre el cuidado de las instituciones, interpelando sobre todo a la elite frenteamplista.