Pese a que constitucionalmente está contemplado que la Corte Suprema esté integrada por 21 ministros, en los hechos desde hace tiempo que este organismo opera sin todos sus titulares, teniendo que recurrir a la figura de abogados integrantes para efectos de integrar las salas. Actualmente hay cuatro cargos por llenar en el máximo tribunal, existiendo casos de vacancia que ya se extienden por cerca de dos años, como ocurre en el caso del exministro Jorge Dahm, quien dejó el cargo en diciembre de 2023 por haber cumplido el límite de edad. Ángela Vivanco y Sergio Muñoz fueron destituidos en octubre de 2024, en tanto que Juan Eduardo Fuentes se acogió a retiro -también por límite de edad- en octubre pasado. Recién en julio el Ejecutivo propuso a Ómar Astudillo y Álvaro Vidal como reemplazantes de Dahm y Vivanco, respectivamente, pero dados los líos judiciales de Vidal con su expareja la nominación de aquel debió ser retirada, y ahora es incierto lo que ocurrirá con Astudillo.

La razón de estas excesivas demoras obedece en gran parte al prolongado tiempo que el Ejecutivo y el Congreso se toman para designar a los altos magistrados, algo que excede completamente lo que se entendería por un plazo razonable. El actual mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema contempla que el máximo tribunal elabore quinas, de la cual el Presidente de la República escogerá un candidato, el cual deberá contar con el respaldo de los dos tercios del Senado. Es justamente en la negociación política entre el Ejecutivo y el Congreso donde con frecuencia el proceso se entrampa, entre otras razones no solo porque se busca asegurar que se cumpla con la lógica de “uno tuyo, uno mío”, sino también porque no resulta infrecuente que incluso dentro de una misma fuerza política existan divergencias en torno a un nombre determinado; es lo que ocurre actualmente con una de las designaciones pendientes, donde RN y la UDI mantienen diferencias.

Tal como está diseñado el sistema es inevitable que una designación se tome un tiempo en ser zanjada, pero definitivamente no puede ser razonable que los procesos se extiendan por más de un año o que dichas designaciones se acumulen, lo que claramente refleja una indolencia hacia el buen funcionamiento institucional. Hay una visión profundamente distorsionada en nuestro sistema político cuando este no percibe mayores costos ante el hecho de que las instituciones no pueden operar con plena normalidad.

Se asume que por el hecho de que las instituciones pueden seguir funcionando gracias a las subrogancias o abogados integrantes entonces no hay mayores implicancias, pero tal predicamento dista de ser correcto. En el caso de la Corte Suprema -donde un estudio del Observatorio Judicial mostró que apenas en un 11% de las más de 5.600 actas revisadas entre 2019 y 2024 las salas estuvieron integradas por la totalidad de los ministros titulares- hay quienes advierten que en la medida que las salas no funcionen con integrantes titulares se dificulta contar con líneas jurisprudenciales más claras, lo que desde luego afecta la certeza que se espera del Poder Judicial. La falta de predictibilidad ha sido de hecho una crítica recurrente en el último tiempo respecto del máximo tribunal.

Asimismo, se pasa por alto que la figura de los abogados integrantes genera en sí importantes grados de controversia, pues estos no tienen incompatibilidad para seguir ejerciendo sus actividades privadas o de litigar en las cortes; además, es esperable que tengan menos experiencia que un ministro titular. Incluso ya se ha registrado un caso donde una sala no pudo constituirse por falta de ministros titulares, lo que refuerza que las vacancias, cuando son prolongadas y en un número considerable, inevitablemente tienen el potencial de resentir el buen funcionamiento de las instituciones, lo que es particularmente delicado cuando ello afecta a la instancia encargada de impartir justicia.

La tardanza que se observa en la designación de los jueces de la Corte Suprema y la despreocupación por sus efectos se replica en otras instituciones. En el caso de la Contraloría -un órgano que resulta fundamental para la fiscalización del aparato público- su actual titular permaneció en condición de interina por espacio de once meses, hasta que el gobierno y los parlamentarios lograron arribar a un consenso. En el caso del Servel, recién a mediados de julio pasado se logró reemplazar a un consejero cuyo período de diez años había expirado en febrero de 2023, y quien desde entonces se mantuvo en funciones debido a que una cláusula legal lo permite. Todavía más ominoso es lo que ocurre en el caso de los tribunales ambientales, ya que de los tres que existen en el país y que deben operar con cinco integrantes, hace 11 años que no cuentan con su dotación titular completa y lo deben hacer con ministros sustitutos o recurrir a ministros de la Corte de Apelaciones respectiva para que subroguen, debilitando con ello esta nueva institucionalidad.

Si bien hay reformas legales en curso que buscan cambiar el proceso de designación de los jueces -de modo que sea un órgano independiente el que los designe-, en el caso de los ministros de la Corte Suprema se contempla mantener la instancia del Ejecutivo y el Congreso. Es un debate aún abierto si a la luz de estas experiencias es razonable seguir manteniendo al gobierno y los parlamentarios en estas designaciones -porque con ello no se eliminan los riesgos del entrampamiento que produce la negociación política-, pero ante todo es indispensable que el sistema político internalice que es su deber asegurar que las instituciones puedan funcionar de acuerdo con el diseño previsto por la Constitución y la ley, sin naturalizar hechos abiertamente irregulares, como ocurre con las vacancias prolongadas.