Ha trascendido por estos días la declaración que el Presidente Gabriel Boric prestó ante el fiscal Patricio Cooper, en el marco de la indagatoria abierta por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En su testimonio, el Mandatario señaló, entre otros puntos, que “jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”, ello en referencia a la exsenadora Isabel Allende y a la exministra de Defensa Maya Fernández, quienes al momento de suscribirse la respectiva escritura de compraventa -ambas figuran entre los propietarios del inmueble- ejercían por entonces sus respectivos cargos, sin advertir que la Constitución expresamente prohíbe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Sobre este punto, el jefe de Estado ahondó, desestimando que haya sido informado por la ministra de Culturas o la de Bienes Nacionales.

En marzo de este año, en el marco de una entrevista de prensa, el Presidente ratificó que hubo una inhabilidad manifiesta que se debió haber visto por los equipos que estudiaron este tema, en tanto que el nuevo ministro de Bienes Nacionales fue explícito en cuanto a que “hubo una desprolijidad mayúscula”, sin el debido control jurídico.

Tanto en su declaración judicial como en intervenciones públicas, el Mandatario ha buscado trasladar la responsabilidad de este bochorno a los equipos jurídicos que estuvieron a cargo de la operación y que no fueron capaces de advertir las inhabilidades constitucionales. No cabe duda que hubo aquí fallas graves de los equipos asesores, y aunque el Mandatario no haya sido puesto al tanto de estas irregularidades, ello no quita que igualmente le cabe una responsabilidad, porque hay una larga cadena de funcionarios de gobierno implicados en este bochorno, y en tanto jefe de Estado inevitablemente debe asumir las implicancias y los efectos de ello, sobre todo cuando fue su propia iniciativa que el Estado adquiriera las casas de los expresidentes Allende y Aylwin.

En ese orden de cosas, llama la atención que, cuando el propio Mandatario ha reconocido fallas manifiestas, no haya adoptado medidas más drásticas acordes con la magnitud del traspié, como haber removido a todos los funcionarios que tienen responsabilidades directas en lo sucedido. Solo se removió en su momento a la ministra de Bienes Nacionales, y tiempo después aceptó la renuncia de la exministra de Defensa, en tanto que la exsenadora Allende fue destituida por un requerimiento presentado ante el TC. En cuanto a los equipos jurídicos, solo han salido algunos funcionarios; una abogada de Bienes Nacionales -que estuvo a cargo de redactar el contrato de compraventa-, reconoció ante la Fiscalía que “olvidó que existía una prohibición constitucional”, en tanto que la jefa de la División Jurídica de la Segpres -amiga personal del Mandatario-, quien reconoció ante la Comisión Investigadora de la Cámara que ella y su equipo sí advirtieron las inhabilidades, pero no estimó del caso informarlas al Presidente, porque legalmente su función era hacer un control de legalidad del decreto y no un análisis constitucional, aun así continúa en sus funciones.

En fin, distintos testimonios entregados ante la Fiscalía dan cuenta de que hubo algunas alertas a La Moneda de los potenciales problemas de esta compraventa, sin que alguien se haya hecho responsable por ello ni se haya despejado si tales afirmaciones son efectivas. Más allá de que hay una investigación penal en curso, es importante que el propio Mandatario dé señales de que ha asumido la gravedad de lo sucedido, por el daño que produjo a la imagen y credibilidad del gobierno.