En el marco de un seminario al que asistieron representantes del mundo financiero, el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”. La frase fue objeto de fuertes críticas desde el oficialismo, denunciando la intención del abanderado por prescindir del Congreso, ante lo que aparece como un intento de recurrir a la fórmula de gobernar por decretos. Kast posteriormente desestimó esta interpretación, señalando que cumplirá con la Constitución y la ley.

Llamó la atención que uno de los cuestionamientos más frontales a los dichos de Kast proviniera desde el propio gobierno. El ministro del Interior señaló que la frase “obviamente merece ser rectificada y aclarada”, planteando además que “la experiencia de gobiernos de la región que pretendieron gobernar por decreto no ha sido buena”. Pero sin duda fue la vocera de gobierno quien lanzó las críticas más duras. “No sorprende que (Kast) desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”. También tuvo duras expresiones para el Partido Republicano, acusando a su bancada de haber obstaculizado o rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas.

Resulta evidente que las expresiones del ministro del Interior, pero sobre todo de la vocera, constituyen una abierta intervención en la contingencia electoral, rompiendo con la prescindencia que cabe esperar del gobierno en los procesos electorales. Las expresiones de Kast no apuntaban a cuestionar o interpelar a la administración del Presidente Boric, por lo que habría bastado que los representantes de los partidos oficialistas salieran al paso de las expresiones del abanderado. Pero cuando La Moneda decide terciar directamente en el debate, criticando a uno de los candidatos de oposición -quien en estos momentos figura con altas posibilidades de pasar a la segunda vuelta-, parece evidente que hay una voluntad de comenzar a intervenir en el proceso electoral apuntando directamente a sus adversarios.

Ya antes la vocera había criticado a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por sus dichos sobre TVN. La abanderada planteó que el canal debería ser reducido al mínimo, lo que motivó que la vocera señalara que “lamento que en el debate público una de las candidatas quiera hacer retroceder los avances que incluso dieron sus propios aliados en el gobierno de Sebastián Piñera”.

Ahora que las candidaturas presidenciales están siendo inscritas y comienza a tomar forma la campaña presidencial, es fundamental que el gobierno desde el inicio brinde las garantías de imparcialidad y que el aparato público no será utilizado para favorecer o perjudicar a determinadas opciones. Esta regla, que resulta fundamental para asegurar que los procesos democráticos fluyan con normalidad, es lo que ahora aparece en entredicho, sobre todo cuando el propio Presidente de la República, poco después de las primarias, hizo un llamado poco disimulado en favor de la candidatura de Jeannette Jara. Los dichos del Mandatario naturalmente llamaron la atención, sobre todo porque contrastan con el celo que mostró durante la campaña de las primarias oficialistas, donde formuló expresos llamados a sus ministros para mantener la neutralidad.

Evitar actitudes de intervencionismo electoral no solo es lo que cabe esperar de un gobierno respetuoso de los procesos democráticos, sino que además es una obligación contendida en diversas disposiciones legales, y que la Contraloría una vez más se ha encargado de recordar en su reciente instructivo con motivo de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Allí se indica, entre otros puntos, que los funcionarios del Estado no pueden hacer proselitismo o propaganda política, promover o intervenir en campañas y en general valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, a las candidaturas, tendencias o partidos políticos. La propia Ley de Bases Generales de la Administración del Estado recuerda que “el personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”.

Ciertamente que en ocasiones puede haber una delgada línea a la hora de dirimir cuándo las intervenciones de un gobierno están dentro de su legítima esfera de competencias, y cuándo esa línea se traspasa, pero parece claro que formular llamados encubiertos en favor de una determinada candidatura, o comenzar a criticar las posturas de abanderados opositores aprovechando la tribuna privilegiada que ofrecen los cargos de gobierno, es torcer el sentido de las normas legales y los instructivos impartidos por la Contraloría. Lo que hemos visto esta semana sin duda son señales preocupantes, ante lo cual cabe esperar que tal proceder sea oportunamente rectificado.