Universidad Católica no lo pasa bien. Dentro de la cancha, el equipo viene de quedar eliminado de la Copa Chile, mientras que en la Liga de Primera ya están lejos de la opción por el título y luchan por el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027. Afuera del terreno de juego, la cosa no camina mejor, ya que este jueves se confirmó que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago determinó que Cruzados, la Sociedad Anómina que administra el club, deberá indemnizar a un grupo de siete hinchas brasileños de Flamengo producto de incidentes graves ocurridos en 2022.

Los hechos sucedieron en la Copa Libertadores de ese año, el 28 de abril en el viejo San Carlos de Apoquindo. Esa noche, la franja cayó por 2-3 como local ante el Fla, que se impuso con goles de Gabriel Barbosa (7′, 34′) y Lázaro (84′), mientras que para los estudiantiles anotaron Mauricio Isla (15′ en contra) y Felipe Gutiérrez (85′). Sin embargo, el duelo estuvo marcado por el mal comportamiento del público local en el recinto.

En ese contexto, los simpatizantes de la UC emitieron gestos racistas y arrojaron proyectiles, incluida una bengala, los que cayeron al sector donde se encontraba la hinchada visitante. Uno de estos artificios impactó en un niño que en ese entonces tenía 10 años, quien terminó con lesiones.

Estos hechos gatillaron una demanda civil de los fanáticos brasileños en contra de Universidad Católica, la Conmebol y el barrista identificado de arrojar el elemento pirotécnico. La franja deberá pagar un total de 70 millones de pesos a las víctimas de este caso, dinero que no se dividirá en partes iguales entre los afectados, según informó Radio ADN. La suma es alta, pero lejana a los 800 millones que solicitaban los demandantes.

Pero el club no fue al único que se le declaró culpable por parte del Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Sebastián San Martín Cornejo, identificado como el hincha de la UC que lanzó la bengala que hirió al niño de 10 años, deberá pagar una indemnización de 30 millones de pesos.

“Constituye, por su propia naturaleza, una conducta de alta peligrosidad, que por sí sola, conforme a la experiencia común, revela negligencia de quien la ejecuta, resultando aplicable la presunción de culpabilidad por el hecho propio a que se ha hecho referencia”, dice el fallo.