La primera moción fue rechazada con 49 votos en contra, 33 a favor y 12 abstenciones, y la segunda corrió suerte similar con 59 en contra, 32 a favor y 11 abstenciones.
Marco Aquino/Reuters
4 abr 2024 05:31 PM
La primera moción fue rechazada con 49 votos en contra, 33 a favor y 12 abstenciones, y la segunda corrió suerte similar con 59 en contra, 32 a favor y 11 abstenciones.
Este miércoles, el Congreso debate si concede o no su voto de confianza al gabinete de la mandataria, encabezado por el primer ministro Gustavo Adrianzén.
Esto, en medio de un escándalo político que involucra a la mandataria por el uso de lujosos relojes Rolex, que motivó una investigación de la fiscalía contra la Presidenta por presunto enriquecimiento ilícito.
La prensa local reveló que la presidenta peruana cuenta con una colección de relojes de alta gama, incluido uno tasado en alrededor de 14.000 dólares.
Con 69 votos en contra, 28 a favor y seis abstenciones, el Parlamento del país vecino archivó la moción planteada por bancadas de partidos de izquierda. En el recurso se señalaba que la mandataria peruana habría infringido la Constitución Política por despachar de manera remota desde el extranjero sin tener un vicepresidente en funciones.
El recurso fue presentado por la bancada del izquierdista Perú Libre, que alega que los viajes internacionales realizados por la mandataria son inconstitucionales al no tener disponible un vicepresidente en funciones, a pesar de que el Congreso autorizó a la mandataria a gobernar de manera virtual desde otro país.
El jefe de gabinete peruano, Alberto Otárola, negó este jueves que exista una alianza entre el gobierno y la coalición política Fuerza Popular para que la mandataria Dina Boluarte se mantenga en el poder hasta 20256.
“El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026, por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”, expresó el exmandatario peruano, recientemente indultado por crímenes de lesa humanidad. No confirmó si su hija Keiko y líder de la colectividad política, será nuevamente candidata presidencial.
La mandataria peruana realizó los relevos ministeriales en las carteras de Economía, Defensa, Energía y Ambiente, luego que trascendieran fricciones al interior del Gobierno, lo que fue negado por la propia Boluarte.
Abogados de la mandataria peruana afirmaron que la indagación judicial que enfrenta por los decesos durante las manifestaciones tras el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo, "es absolutamente inconstitucional. Y, además, provocadora, soportadora de narrativas imaginarias como ‘Dina asesina’, ‘Dina genocida’".
El recurso contra jefa del Estado presentado por distintas bancadas se indica que violó la Constitución Política por despachar de manera remota desde el extranjero sin tener un vicepresidente en funciones. Esta es la tercera moción que enfrenta la Boluarte para que abandone el cargo en poco más un año de gestión.
La funcionaria se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer una trama de tráfico de influencias que supuestamente ella lideraría. Benavides responsabiliza a la presidenta peruana por las muertes en la represión de las protestas.
La persecutora Patricia Benavides -estrecha colaboradora de la mandataria en el proceso judicial que afecta al derrocado mandatario izquierdista-, presentó el recurso contra la jefa de Estado, el primer ministro Alberto Otárola y exministros de Interior “por la presunta comisión de delito de homicidio calificado”.
La mandataria peruana en un inicio participaría en uno de los foros de la cumbre, pero posteriormente su nombre se excluyó dos veces consecutivas del programa de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se desarrolla en San Francisco. El hecho se sumó a la fracasada reunión bilateral con el presidente Biden, en Washington.
La normativa, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, y que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, obedece a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, y tiene por objetivo “fortalecer el marco normativo en materia migratoria”.