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El acuerdo considera que Aguas Andinas realice un pago de $10.249 millones a los controladores actuales de Essal por concepto de garantías de indemnidad, relacionados con la venta de la sanitaria concretada en octubre de 2020.

Eco Acquisitionco SpA -asesorados por Carey & Cía- acusan a filial del grupo Suez de incumplimientos de garantía de indemnidad y del contrato derivado de la cesión de Essal en octubre de 2020. "Las demandas presentadas carecen totalmente de fundamentos", dicen desde Aguas Andinas.

APUC y Toesca ya notificaron la transacción a la Fiscalía Nacional Económica.

Por esta operación, la compañía recibió cerca de US$90 millones.

El precio fijado por acción arroja un valor total para la participación de Aguas Andinas en la polémica sanitaria de Los Lagos de US$ 92,3 millones.

Sin embargo, la tramitación del procedimiento destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, sigue en desarrollo.

La sanitaria apunta que Jorge Rivas incumple los principios de “probidad, imparcialidad y abstención” por sus juicios de valor emitidos durante el episodio de julio de 2019.

El director de Estrategia de Desarrollo Sostenible de Suez para España y América Latina, Narcís Berberana, no está de acuerdo con la forma en que el MOP ha estado trabajando en su política para contener la escasez hídrica en el país. Pero esa no es su única queja con Chile. La francesa esta semana exigió que la SISS suspendiera el proceso que abrió el año pasado contra Essal por la caducidad de la concesión, y sindica al titular subrogante de esa entidad, Jorge Rivas, como el responsable de conducir un caso que infringe el debido proceso. Además, cuestiona que sea un personero en esa calidad de subrogante quien decida el futuro de la sanitaria.

El grupo francés, controlador de Aguas Andinas -matriz de la sanitaria de Los Lagos- considera que la actuación del regulador “pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile”.

Marta Colet -la única gerente general hoy en una empresa IPSA-, está confiada en que la nueva regulación para la industria sanitaria dará la señal que los privados necesitan para concretar las inversiones para paliar el impacto de la sequía. Adelanta que los proyectos que está realizando la compañía serán traspasados a tarifa de manera progresiva, y reconoce que están haciendo “todo lo posible” para evitar un potencial escenario de racionamiento en el futuro.

Exjefe Jurídico del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, representa a algunos clientes que cuestionaron ante la Justicia el acuerdo entre la institución y la sanitaria.

Ex Jefe de la División Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, representa a un grupo de clientes que cuestionó ante la Justicia el acuerdo entre la institución dependiente del Ministerio de Economía y Essal, filial de Aguas Andinas. Mientras, la sanitaria defendió el acuerdo y anunció que la empresa auditora Deloitte fiscalizará su cumplimiento.

La firma controlada por el grupo francés Suez decidió desprenderse del 53,5% de participación en la filial que luego del prolongado período en que no entregó su servicio, arriesga perder la concesión en Osorno.

La sanitaria incrementó su propuesta de compensación en $742 millones, hasta $2.263 millones, tras las observaciones en la consulta ciudadana. Gerente general, José Sáez, dice que el acuerdo es una muestra de la voluntad de la compañía de buscar una solución consensuada.

La nueva oferta implicará un costo extra de $742 millones a los $2 mil 263 millones comprometidos originalmente, es decir, la empresa deberá desembolsar $3.005 millones.