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Citado a declarar en calidad de inculpado en el denominado caso Fraude en el Ejército, el excomandante en jefe decidió guardar silencio. Ahora la magistrada cuenta con un plazo de cinco días para decidir si lo procesa y, con ello, complicar aún más su escenario judicial.

El general en retiro está siendo indagado por la jueza por malversación de caudales públicos en el marco del caso “Fraude en el Ejército”.

Martínez, quien hasta esta mañana se desempeñaba como comandante en Jefe del Ejército, está citado a declarar a las 9 horas de este jueves por su presunta implicación en la arista “pasajes aéreos” del caso denominado "fraude en el Ejército".

Durante el primer semestre de 2021, el exuniformado modificó la sociedad conyugal que tenía con su esposa para pactar separación de bienes. En paralelo, contrató a un estudio de abogados para donar todas sus propiedades a sus hijas Carolina y María Constanza (persecutora) entregándole en vida cerca de $400 millones a cada una. El problema es que todas esas acciones las hizo consciente de una indagatoria en su contra por el desvío de gastos reservados cuando ejerció como comandante en Jefe del Ejército. La situación hizo que el CDE oficiara a la jueza Rutherford, quien remitió los hechos al Ministerio Público, organismo que durante esta jornada decidió abrir una investigación criminal.

El exalto mando, imputado por la jueza Romy Rutherford por malvesar cerca de 6.500 millones de pesos, deberá permanecer en prisión preventiva.

El excomandante en jefe del Ejército testificó ante la jueza que investiga el fraude en esta rama castrense que anualmente recibía poco más de $ 72 millones por concepto de gastos reservados en efectivo. Parte de ese dinero lo manejaba en un maletín, pero cuando eran cantidades menores, entre $ 3 y $ 4 millones, los billetes los llevaba en su bolsillo. Los recursos se usaron para fines distintos a la seguridad nacional, como, por ejemplo, costear las necesidades de Lucía Hiriart, quien a veces lo llamaba para pedirle "apoyo económico".

En la resolución que despachó ayer la ministra, somete a proceso en la calidad de autor del delito reiterado de falsedad de documento público a ambos excomandantes en jefe del Ejército. La jueza apunta a las rendiciones de cuentas, declaraciones juradas y anexos que realizaron respecto del uso de gastos reservados, de los años 2010-2017, que fueron remitidas al contralor de la época.

La ministra en visita, Romy Rutherford, despachó una orden de arresto contra un mayor y un suboficial del Ejército por ilícitos cometidos en 2016. La PDI ejecutó las aprehensiones durante esta mañana.

La ministra en vista encausó hoy al excomandante en jefe del Ejército, esta vez en la arista "empresas de turismo" por nueve viajes irregulares. Antes lo había inculpado por malversación de gastos reservados. Su defensa apelará ante la Corte Marcial.

El pleno del máximo tribunal dirá la última palabra sobre si se extiende la visita de la jueza en la investigación. Los supremos resolverán durante la tarde del lunes.

El 25 de junio el excomandante en jefe de la institución llegó hasta el Regimiento de Policía Militar, en Peñalolén, tras ser procesado por la malversación de $ 4.500 millones. Allí prepara su solicitud de libertad y recibe hasta 15 visitas diarias, uno de ellos el general Schafik Nazal.

Entre los consultados hay coincidencia en la necesidad de que el Ejército elabore un informe en derecho que le permita sostener la tesis de que no hay dolo involucrado entre quienes fueron usuarios de los pasajes asignados, pero que establezca dónde sí radicaría la ilegalidad.