Viera-Gallo: "Pensar en una insurrección desde las bases que va a transformarlo todo es una ilusión"

José Antonio Viera-Gallo aterrizó esta semana en Santiago, tras permanecer un mes en Italia. Desde ese país, en el que vivió exiliado durante el régimen militar, monitoreó el devenir de la crisis social que vive Chile. Desde allá también se sumó a una carta respaldada por cerca de 80 militantes históricos del PS, donde se alerta del riesgo que corre la democracia producto de los hechos de violencia que ocurrieron en semanas anteriores.

"La prensa italiana comparaba mucho lo que ocurre en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia con lo que pasa en Argelia, Irán, Irak, Líbano", subraya el otrora ministro del primer gobierno de Michelle Bachelet, quien cree que junto a factores económicos y sociales también hay que poner atención al impacto que generan los casos de corrupción para explicar las razones de lo ocurrido. "En Chile, estos episodios no son de tanta magnitud, pero como son muy reiterados e incluyen a todas las instituciones, incluso las policías, entonces la gente dice 'dónde voy a mirar, porque me exigen a mí que respete la ley'", sentencia el exparlamentario, quien en esta entrevista pondera las causas del estallido e irrumpe con una defensa de su cuñado, el exministro Andrés Chadwick, sobre quien pesa una acusación constitucional, que se resolverá esta semana en el Senado.

A más de 50 días del estallido chileno, ¿cuál es su diagnóstico?

Es muy difícil tener una opinión definitiva, estamos en medio de la crisis. Por el momento, creo que coincide una protesta social por demandas de una sociedad más solidaria, más digna, con mayor respeto a los derechos sociales y económicos, con actos de violencia más o menos difusos, más o menos organizados. Estos dos fenómenos se venían advirtiendo, y yo hago una autocrítica en que no se supo leer suficientemente la urgencia de responder tanto a la demanda social como a buscar evitar, y en ciertos casos reprimir, la violencia.

Los plantea como fenómenos paralelos. ¿No tienen vinculación entre sí?

No. Por ejemplo, veamos la bomba en el Metro Escuela Militar en el segundo gobierno de Bachelet. Nadie le tomó el peso. Se hizo una investigación y se condenó, pero el sistema político no se preguntó cómo era posible que pusieran una bomba en el Metro. Yo creo también que respecto de algunos de los actos de violencia en el Instituto Nacional, en el Inba y en sedes universitarias, las autoridades no pudieron responder adecuadamente. Lo mismo ocurrió con el narcotráfico. Eso es un fenómeno que se viene advirtiendo por lo menos desde el gobierno de Ricardo Lagos y no se tomó en cuenta. Cuando volví de la embajada en Argentina y vi los funerales de los narcos quedé muy sorprendido, dije 'cómo no hay una reacción frente a este hecho'. Y respecto de la protesta social, creo que la advertencia mayor fue lo de Aysén en 2012, después las enormes marchas contra las AFP y también todo lo que ha pasado en las zonas saturadas ambientalmente. Había una insatisfacción que la gente quería expresar respecto de algunas circunstancias sociales del país.

¿Los anarquistas y los narcos copan espacios que la política abandonó?

No. Creo que estos grupos anarquistas son muy minoritarios, son pequeños, son más bien células, que se conectan por internet. ¿Por qué tienen audiencia? Porque en el mundo actual hay una cultura de la protesta violenta. La cultura punk, la cultura del rap y otras se difunden, sobre todo en redes sociales, y en una cierta juventud, la violencia, el choque, el ser antisistema se convierte en un cierto sentido común. Eso tampoco fue advertido por nosotros, por la sociedad. La solución no es una clase de educación cívica, es más de fondo. El problema es por qué la cultura que impera en el mundo exalta esa actitud violenta.

Estos grupos no responden necesariamente a un sector político. Pero usted firmó una carta donde se apunta a la necesidad de que la izquierda se haga cargo de condenar la violencia...

Perdón, a la ultraizquierda y a la ultraderecha, porque también hay que condenar la violencia irracional del Estado. Hay actuaciones de la policía que no han sido profesionales, y lo ha dicho Human Rights Watch, Amnistía, y hay que esperar el informe de la ONU. Aquí lo que es muy peligroso es que se cree una espiral de violencia donde la ciudadanía queda en medio. Eso, evidentemente, atenta contra la estabilidad institucional de un país.

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FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA[/caption]

Cuando se advierte sobre un eventual quiebre de la democracia da la idea de una referencia tácita a lo ocurrido en 1973. ¿Hay un paralelo entre ambos episodios?

Son circunstancias muy distintas. Lo que sucedió el 73 fue una polarización política en lo que en gran medida se entendía como una lucha de clases, por cambios estructurales distintos. Aquí no existe eso. Aquí lo que hay, por una parte, es una demanda social bastante difusa, contra un sistema, donde no se distingue mucho entre izquierda y derecha. Y por otra parte está este actuar violento, que nunca hubo en la Unidad Popular. El grado de destrucción no lo había visto nunca en Chile. Lo que hubo en la UP fue movilización de grupos extremos de lado y lado que chocaban entre ellos, pero nunca vi que quemaran iglesias, saquearan hoteles o pequeñas empresas y centros comerciales. Eso no pasó nunca.

Una característica de estas manifestaciones es que levanta un cuestionamiento transversal a la política. Se apunta al Presidente, claro, pero es la clase política en su conjunto la que está siendo criticada.

El peligro de eso es la ineficacia. Me hace recordar lo que pasó en Argentina después de la crisis del 2011 con el famoso "que se vayan todos". Y no se fue nadie. Cuando uno dice que se vayan todos, no se va nadie, no sirve eso. Es ineficaz y negativo.

El estallido puso de relieve el debate sobre el respeto a los derechos humanos a partir de excesos cometidos por fuerzas policiales. ¿Qué le pasa a usted cuando determinados grupos tildan a Piñera de dictador?

Yo me mantengo con lo que dice Michelle Bachelet, que en Chile impera el estado de derecho. Ahora, ha habido atropellos a los derechos de las personas por la acción policial, están las investigaciones en curso, y habrá que sancionar y condenar. Pero yo creo que sería completamente fuera de lugar señalar que aquí hay una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, eso no existe.

Existe una acusación constitucional en curso contra el Presidente Piñera y hay sectores de izquierda que plantean la dimisión del Mandatario.

Eso es muy negativo. Uno puede hacer muchas críticas al gobierno de Sebastián Piñera y a su gestión como Presidente, pero creo que tiene que estar fuera de discusión que debe terminar su mandato. Ahora, si por alguna eventualidad eso no ocurriera, habría que intentar que Chile no cayera en lo que pasó entre 1925 y 1932, en que en Chile se sucedían los gobiernos, civiles, militares, un período de anarquía, y habría que esperar que las instituciones funcionaran como corresponde, pero yo creo que no debiera estar en discusión que el Presidente termine su mandato. Esa acusación constitucional no solo carece de fundamento, sino que, además, es completamente inoportuna, en cierta medida irresponsable…

Viera-Gallo se detiene un segundo. Luego prosigue: "Quiero decir algo también, aunque me liga un parentesco, creo que exactamente lo mismo, en otra dimensión, ocurre en la acusación contra Andrés Chadwick. Él dejó de ser ministro y las acusaciones constitucionales tienen por objetivo principal que la persona deje el cargo. El otro objetivo es que la persona quede inhabilitada para postular a cargos de elección popular. En el caso, me acuerdo muy bien, de la acusación contra Yasna Provoste, los abogados de ella, con justa razón, reclamaron ante la CIDH que esa sanción de cinco años que establece la Constitución va contra los derechos humanos. Pretender inhabilitarlo no corresponde".

En la oposición se plantea esta acusación como una suerte de obligación moral.

Pero, por favor, para eso están los Tribunales de Justicia, los informes de los grupos internacionales, están todos los mecanismos que el estado de derecho establece.

La crisis ha resaltado las expresiones más radicales, de lado y lado. ¿Hay espacio hoy para visiones más moderadas?

Hace poco me compré un libro en Roma, de Nolberto Bobbio, cuyo título quizás podría traducirse como El elogio de la moderación. La moderación puede ser entendida de dos maneras. Una manera caricaturesca y falsa es que ahí están ahí los que no se atreven, los temerosos, los vacilantes. Otra forma de leerlo es que ahí están los que entienden la política de verdad, que no es arrasar con lo que uno tiene adelante, sino que convencer, argumentar, luchar por sus propias ideas, con las armas de la razón. Patricio Fernández ha hablado al respecto. Bueno, ser amarillo significa eso: los que dudan, los que no creen que tienen toda la verdad, los que buscan aunar posiciones para tener más influencia en la sociedad

¿Usted se ubica en ese grupo?

Sí, claro, totalmente. Pero me he ubicado desde siempre, me he ubicado desde la época de Allende, trabajé mucho con él para tratar de llegar a acuerdos con la DC y después en los diálogos que tuve con el cardenal Silva Henríquez. En el exilio fui de los que siempre lucharon por un acuerdo entre la izquierda y la DC. Y siempre, en los gobiernos de la Concertación, traté con los distintos presidentes de luchar por cambios posibles y por correr la barrera de lo posible, pero no de hacer políticas testimoniales, que después se vuelven en contra. Porque cuando uno dice que es heroico denunciar tal cosa, después viene una reacción y se retrocede. No, eso es absurdo. Los cantos de sirena son al final muy negativos, cualquiera que sea la orientación, más a la izquierda o más a la derecha. La historia de América Latina está llena de líderes populistas de un lado o de otro que prometen solucionar todos los problemas cuando la dirigencia política no responde y al poco tiempo terminan en desastre. Pensar que va a venir una insurrección desde las bases que va a transformar todo es una ilusión, creo yo.

¿No es posible?

No veo ningún país del mundo que lo haya hecho. A lo más que se podría nombrar es Islandia, pero Islandia es una islita, que después de asambleas constituyentes y todo, terminó con un primer ministro conservador que después fue destituido.

¿Qué relevancia le da usted al proceso constituyente?

Yo creo que es una buena oportunidad, difícil, para ser bien franco. Llevarlo a buen término va a ser complejo. No sé a qué se refieren cuando hablan de una hoja en blanco. Porque yo supongo que todos los cambios que conquistamos, constitucionales, durante todo este periodo, son un piso. No vamos a empezar a discutir de nuevo las cosas que ya se lograron. Parto de la base de que la creación de gobiernos regionales será indiscutible, que nadie discutirá la democratización de los municipios, que nadie va a discutir la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos en Chile. D