Acuerdo constitucional y de orden público: La última apuesta de La Moneda para un pacto político

Ministro del Interior y subsecretario del Interior

13 de noviembre del 2019/SANTIAGO El ministsro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se retiran del despacho del presidente de la república. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Así, la nueva apuesta de La Moneda ahora es amarrar un pacto que, además de la fórmula para una reforma constitucional, incluya un acuerdo sobre orden público. 




Una larga reunión con el presidente Sebastián Piñera sostuvo esta mañana el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. La apuesta de La Moneda es que el jefe de gabinete amarre en horas un acuerdo político en torno a una nueva Constitución, tal como lo anunció el Mandatario anoche. Ello, mientras en el Congreso se sucedían frenéticas gestiones para lograr un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas: para ello, gran parte de los presidentes de partido se trasladaron a Valparaíso para encabezar en persona las tratativas.

Los hechos de violencia desatados ayer a lo largo del país -que derivaron en que el Presidente llamara a un "acuerdo por la paz"- también cambiaron el tono de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Así, la nueva aspiración del Ejecutivo es amarrar un pacto que, además de la fórmula para debatir una nueva Constitución, incluya un acuerdo sobre el orden público. Al Ejecutivo le preocupa que esta semana recrudezca la violencia en la conmemoración de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

En esa línea fue la conversación que el ministro Blumel sostuvo anoche en su casa, en la comuna de Vitacura, con el Presidente del Senado, Jaime Quintana, y con el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Felipe Harboe. Fuentes de la oposición también sitúan en esa cita al senador socialista José Miguel Insulza, presidente de la comisión de seguridad de la Cámara Alta. Sin embargo, al cierre de esta edición este no confirmó su participación.

En La Moneda sostienen que un acuerdo por la Paz es clave para el mandatario y apunta a que la oposición se haga "corresponsable" de la paz social.

¿Qué quiere el gobierno de la oposición frente al orden público? Según explican altas fuentes del Ejecutivo, Piñera mandató a Blumel a poner sobre la mesa la necesidad de comprometer más que una condena a la violencia por Twitter. Las tratativas apuntan a lograr una condena pública junto con el apoyo de la agenda de seguridad del Gobierno que está en el Congreso, y que incluye el fortalecimiento de las policías y del Sistema de Inteligencia del Estado. Esas iniciativas provienen de la Mesa por la Seguridad que el año pasado conformó el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que integraron -entre otros- Harboe, Insulza y el presidente de la comisión de constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker.

Precisamente Harboe, Insulza, Walker y Quintana han sido interlocutores preferenciales de Blumel en sus tratativas para un pacto político que incluya el orden público.

En La Moneda afirman que el ministro también ha mantenido diálogo permanente con el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, con el senador Ricardo Lagos Weber y con los diputados de RD, Miguel Crispi y Pablo Vidal. Ello, además de los timoneles de los partidos de la ex Nueva Mayoría y de Chile Vamos. Sin embargo, no está claro si también ha abordado con ellos la posibilidad de ligar la negociación del tema constitucional con el orden público.

Esta mañana, la cita de los senadores en casa de Blumel generó escozor en buena parte de la oposición. Mientras desde RN, su presidente Mario Desbordes -que ha llevado adelante una serie de conversaciones con los partidos de centroizquierda para intentar amarrar un acuerdo- se manifestó escéptico respecto de amarrar el tema del orden público al constitucional.

"No podemos poner exigencias a nuestra contraparte que son imposibles de cumplir. Yo no creo que el PPD, el PS, el PR, RD, el diputado Boric, la DC, ninguno de ellos es responsable de la violencia en las calles, por lo tanto, no puedo exigirles a ellos poner término a la violencia antes de conversar, porque no pueden cumplir eso", señaló.

Por otra parte, diputados de la ex Nueva Mayoría planteaban hoy que es "un error" del Ejecutivo apostar por un acuerdo a puertas cerradas con los senadores sin considerar que para ello se requieren los votos de los diputados. "En el Senado no están representadas las fuerzas políticas emergentes como el Frente Amplio. Ningún acuerdo puede sobrevivir si no se da también en la Cámara", dijo un parlamentario socialista.

En el PS esta mañana criticaban que Insulza accediera a reuniones no institucionales con el gobierno aun cuando el partido creó un grupo ad hoc para tratar el tema que, además del ex ministro, integran el senador Alfonso de Urresti y los diputados Leonardo Soto y Marcelo Díaz. "Hasta ayer José Miguel había actuado como parte de un equipo. Las iniciativas individuales no contribuyen a una solución", dijo Soto esta mañana.

Reforma constitucional: la apuesta a un punto medio

En el gobierno sostienen que para alcanzar un pacto político contundente, La Moneda está dispuesta a ceder más allá de lo que considera razonable en el tema constitucional, por lo mismo, pide que la oposición también corra el cerco en materia de seguridad.

Esta mañana los presidente de partido de la oposición llegaron al Congreso para abordar con sus parlamentarios las fórmulas que hay para alcanzar un acuerdo en materia constitucional. Los senadores de oposición y del oficialismo también agendaron una reunión esta mañana para tratar el tema.

Aunque ayer la oposición firmó una declaración expresando que la mejor fórmula para ellos es la Asamblea Constituyente, reconocen que las tratativas apuntan a un punto medio: es decir, una convención constituyente que combine parlamentarios y ciudadanía en proporciones que aún son materia de discusión.

En la UDI, a su vez, creen que la mejor fórmula es un congreso constituyente. Los más optimistas creen que se podrían mover a la opción intermedia pero con una representación de un 50% de parlamentarios. Ahí está el nudo porque los sectores moderados del Frente Amplio quieren que la mayor representación sea ciudadana.

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