El pasado jueves, un operativo de la PDI en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, permitió la detención de ocho personas, quienes están imputadas como los presuntos autores de las amenazas a la fiscal Centro Norte, Ximena Chong. Los amedrentamientos se materializaron a través de una carta que fueron a dejar a una casa, en que escribieron “si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad sicológica y física, entonces está en lo correcto”.

Toda esta situación se precipitó luego que la persecutora formalizara, a comienzos de octubre, al excarabinero Sebastián Zamora por su presunta responsabilidad en la caída de un menor de 16 años desde el Puente Pío Nono hacia el río Mapocho.

Durante las detenciones practicadas por la PDI, se estableció que uno de los ocho implicados tenía en su poder una subamatralladora Uzi y munición compatible con este armamento, motivo por el cual ayer anunciaron la presentación de una querella por Ley de Armas. Y hoy, desde el Ejecutivo decidieron explicar el motivo por el cuál se decidió aplicar esta figura legal y no la Ley de Seguridad del Estado (LSE). Indicaron que en los delitos graves en qué hay involucradas armas de fuego, municiones o artefactos incendiarios o explosivos, el equipo jurídico del Ministerio del Interior optado por aplicar la Ley de Control de Armas. Añadieron que así se ha hecho en La Araucania, en determinados casos de desórdenes relacionados a la crisis social e incluso en el Caso Bombas. Aseguraron que esta legislación, en comparación a la LSE, permite el cumplimiento efectivo de prisión, de acuerdo a la última modificación a la ley 18.216.

Respecto a estos antecedentes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “con el equipo de litigios complejos se ha avanzado en estrategias que nos permite presentar querellas en los delitos más graves, conseguir condenas efectivas y medidas cautelares que den cuenta clara de la gravedad de los hechos”.