Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales que tienen a Cristina Kirchner contra las cuerdas

El fiscal Diego Luciani en la audiencia del caso Vialidad.

La dupla, con experiencia en casos de lavado de dinero y corrupción, pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta argentina.


“Señores jueces: es corrupción o justicia”. Esas palabras, dichas con una bandera argentina a su derecha y un lienzo del Ministerio Público a la izquierda, fueron el eslogan con el que el fiscal federal Diego Luciani dio término a un alegato que duró casi tres semanas, y en el que decidió pedir 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua como condenas para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Durante nueve sesiones que tomaron mañanas enteras, Luciani y el fiscal federal Sergio Mola dieron cuenta de todos los argumentos, documentos, licitaciones y hechos que probarían la acusación inicial: durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y desde la Casa Rosada, se habría dirigido “la mayor matriz de corrupción” de la historia argentina, acusando a la expresidenta de asociación ilícita y fraude al fisco por la llamada “Causa Vialidad”.

Luego de horas de exposición, y sabiendo que las miradas de todo el país estaban sobre él, Luciani dejó de hablar sobre el caso, y comenzó una disquisición sobre el flagelo de la corrupción, llegando a citar a quienes redactaron la Constitución argentina. “Los gobernantes deben rendir cuentas, y cuando fallan todos los controles, es en el ámbito de la justicia donde deben hacerlo. Este grave caso debe marcar un antes y un después en la corrupción”, indicó el fiscal, que en estos días enfrenta el caso más importante de su carrera.

El fiscal Diego Luciani saliendo de Comodoro Py, sede de los juzgados y tribunales federales, en Buenos Aires.

A sus 49 años, no es la primera vez que Luciani trata con políticos en el banquillo. Habiéndose graduado de la Universidad de Buenos Aires a los 23 años, ya trabajaba en un juzgado de instrucción un poco antes, donde la prensa local detalla: “Cosía expedientes y a mediodía el juez lo mandaba a comprar matambrito al verdeo, que degustaba con su secretario”.

De los tribunales federales, ubicados en la porteña avenida Comodoro Py, se pasó a la provincia, trabajando en las localidades de San Isidro y San Martín. En este último lugar, asumió en variados casos de narcotráfico y secuestros extensivos. De ahí, pasaría a otra fiscalía local, para ser designado finalmente como fiscal federal.

A inicios de este año, en medio de las audiencias iniciales por la Causa Vialidad, Luciani tuvo un tenso encontrón con el Presidente Alberto Fernández. Incómodo ante las preguntas que el fiscal le hacía, el mandatario le preguntó irónicamente si “tenía problemas de audición o de entendimiento”. Ahí mismo, Luciani frenó en dos ocasiones a Fernández: “No me falte el respeto”.

El fiscal federal Diego Luciani.

Ya antes, en 2018, Luciani llegó a investigar al expresidente Carlos Menem, logrando condenas y recuperación del “predio de Tandanor”. El caso que llevó a cabo el fiscal tenía relación con la privatización del astillero Tandanor, que ocurrió en los años 90, y que, según Luciani, se hizo específicamente para transformar el terreno en privado, en miras a hacer un negocio inmobiliario. Luego de que se probó que la privatización había sido fraudulenta, el Estado argentino recuperó las ocho hectáreas del astillero.

En septiembre de 2021, Luciani había impulsado otra investigación contra Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente en los gobiernos kirchneristas. En esa ocasión, la acusación fue escuchada, y se condenó a tres años de prisión a Picolotti, en una causa de fraude a la administración pública, por haber pagado con fondos estatales gastos de ella y su familia.

Ahora, con el caso más importante de su carrera, Luciani emplazó a los jueces en una inspirada conclusión de alegato en el Tribunal Oral Federal 2: “Sin justicia no hay orden, ni desarrollo integral, ni tampoco paz social. Señores jueces, está en sus manos que no se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada desde lo más alto del Poder Ejecutivo”.

El fiscal federal Sergio Mola en la audiencia de la Causa Vialidad.

De más bajo perfil, Sergio Mola acompaña a Luciani en la acusación por la Causa Vialidad, que imputa no solo a Cristina Fernández, sino que a otros 13 acusados. Como fiscal federal, se especializó en delitos vinculados a la trata de personas y a los secuestros extensivos. Otra de las causas que impulsó tuvo que ver con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina, donde investigó dos masacres ocurridas en 1977, pidiendo una indagatoria al represor Miguel Etchecolatz.

Ahora bien, su nombramiento no estuvo exento de polémica. Nombrado Fiscal General Adjunto por el expresidente Mauricio Macri en 2019, la fotografía del momento de su juramento muestra el respaldo político con el que cuenta Mola, y por el que algunos especulan sobre su poca parcialidad a la hora de perseguir. En la primera fila de su juramento, aparece aplaudiendo la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Seguridad bonaerense Cristián Ritondo y otras personalidades cercanas al macrismo y la actual oposición argentina.

El actual ministro de Justicia, Martín Soria, señaló al respecto del historial de Sola: “Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despacho de Pepín Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país”.

Como señalaba el diputado opositor Gerardo Milman, “ahora es el tiempo de los jueces”, para estimar o no convenientes las acusaciones de Luciani y Mola. Y en ese aspecto, se especula que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 están más cerca de los fiscales que de la defensa, y más próximos al macrismo que al kirchnerismo.

Según fotos que se empezaron a dar a conocer estas últimas semanas, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la Causa Vialidad, jugaba al fútbol junto con el fiscal Diego Luciani en la quinta de Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri. Por esto mismo, Cristina Fernández y los otros acusados llegaron a hacer una “recusación” contra el juez, pero esta fue rechazada.

Para peor, en casos de darse una condena, la Cámara de Casación en la que los acusados podrían apelar también tiene miembros cercanos al macrismo: es el caso de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Sala IV, y que mantenían vínculos estrechos con el expresidente. Durante el gobierno de Macri, revelaron hace años los medios argentinos, tanto Borinsky como Hornos visitaron la Quinta Presidencial de Olivos para jugar tenis y paddle con el entonces mandatario.

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