"Discriminación política": Justicia acoge demanda de ex fiscal de la SMA y ordena pagar millonaria indemnización

FISCAL SMA

Raimundo Pérez Larraín, ex fiscal de la SMA.

El fallo de primera instancia le dio la razón al ex fiscal al calificar su despido como "discriminatorio", "caprichoso" y "carente de fundamentación", además de sostuvo que "el mecanismo que respaldaba su designación (Alta Dirección Pública) era el más exigente que existe a nivel de empleo público, por lo que garantizaba la idoneidad del actor para ocupar el cargo mencionado". Mientras la SMA respondió que quien politizó la situación fue el mismo demandante, quien recurrió al ministerio para que lo mantuvieran en el cargo.




El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda de tutela laboral presentada por el abogado y ex fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Raimundo Pérez Larraín, quien el 6 de diciembre de 2018 -a solo 36 días de haber sido designado en el cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública- fue desvinculado de la institución.

"El demandante también acreditó la existencia de indicios de discriminación política, desde que la motivación del acto denunciado habría sido tener como Fiscal de la SMA a alguien afín a las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, las mismas que designaron a Rubén Verdugo como Superintendente Subrogante en la época en que asumió el actor como Fiscal de la denunciada", concluyó el tribunal de primera instancia.

El fallo calificó el despido como "discriminatorio", "caprichoso" y "carente de fundamentación", además sostuvo que el mecanismo que respaldaba su designación a través del sistema de Alta Dirección Pública "era el más exigente que existe a nivel de empleo público, por lo que garantizaba la idoneidad del actor para ocupar el cargo mencionado". Junto con ello, condenó a la SMA a pagar 11 remuneraciones de acuerdo al tope indemnizatorio que contempla el Código del Trabajo: $86.924.134.

Pérez llevó su caso a la justicia luego de que Rubén Verdugo, Superintendente de Medio Ambiente (s), le solicitara la renunjcia no voluntaria el 6 de diciembre de 2018 al cargo de fiscal de la SMA. Raimundo Pérez no acató la petición de la autoridad, así que ésta última dictó a los pocos días la resolución que declaró la vacancia del cargo. La acción puso fin a una extensa carrera vinculada al servicio público. El abogado ingresó a a trabajar a la Fiscalía de la SMA, procedente del Servicio de Evaluación Ambiental (2011-2014), donde incluso ejerció el cargo e Director Regional en Los Ríos por casi 2 años.

Tras el juicio, según la sentencia, se acreditó que el ex fiscal realizó gestiones ante las autoridades políticas del Ministerio de Medio Ambiente para mantenerse en el cargo, "porque se corría el rumor que su salida era una decisión política debido a que el subsecretario Felipe Riesco quería a Emanuel Ibarra como fiscal de la SMA".

"Los elementos aportados permiten al tribunal concluir que, pese a que el actor fue nombrado como Fiscal de la SMA previo concurso de la Alta Dirección Pública, lo cual implica que fue seleccionado a través de un riguroso y transparente proceso y con un sistema de control permanente de su gestión en términos objetivos, traducido en la concreción de su respectivo compromiso de desempeño, igualmente se le solicitó su renuncia no voluntaria sin entregársele ningún motivo", concluyó la sentencia.

Más aún, el fallo sostuvo que se acreditó el carácter "político" de tal decisión, debido a que con posterioridad al nombramiento del Raimundo Pérez, se deterioró la relación de éste con Rubén Verdugo, quien de ser Jefe de la División de Fiscalización pasó a ocupar el cargo de Superintendente de Medio Ambiente Subrogante por decisión del Ministerio respectivo, "todo ello por no haberse nombrado como fiscal de la SMA a Emanuel Ibarra, quien pese a postularse para dicho cargo no integró la terna confeccionada por el Servicio Civil", acotó la sentencia.

Daniel Ferdinand abogado del ex fiscal de la SMA explicó que entre la condena indemnizatoria, los honorarios de los abogados contratados para asumir su defensa y el concurso ADP fallido, le estaría representado un costo al Fisco de casi $110 millones.

"Franz recibió presiones por parte del subsecretario"

En su demanda, el ex fiscal denunció una desconocida trama sobre cómo se gestó su salida y la del propio ex superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz en medio de la crisis de Quintero-Puchuncaví. A raíz del caso, según el escrito, Franz "tuvo importantes diferencias" con la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, las cuales se hicieron públicas en la prensa. Sin embargo, las diferencias fueron más allá y el abogado acusó presiones.

"El Superintendente Cristián Franz recibió presiones por parte del Subsecretario del Medio Ambiente Felipe Riesco, quien le pidió que declarara desierto el concurso para el cargo de Fiscal Titular de la Superintendencia, desconociendo así sus resultados, ya que el candidato que el Ministerio deseaba que ganara el concurso, Emanuel Ibarra Soto –también abogado de Fiscalía y colaborador del Subsecretario–, no fue seleccionado en la terna confeccionada por el Servicio Civil", advirtió la denuncia presentada.

"El Superintendente no aceptó esa intromisión y presión indebida de parte del Subsecretario, y finalmente tomó la decisión de nombrarme en el cargo de Fiscal Titular por reunir todas las condiciones profesionales para desempeñarme óptimamente", sostuvo Raimundo Pérez, añadiendo que estos hechos derivaron en la petición de renuncia al Franz al cargo.

"Quien politizó la situación fue el mismo demandante"

Ante el fallo adverso, la Superintendencia de Medio Ambiente presentó un recurso de nulidad y el caso quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.

A su parecer, el juez Víctor Manuel Covarrubias "pretende crear un deber de motivación inexistente, a saber, que el Presidente de la República o cualquier Jefe superior de Servicio tenga que explicar por qué se perdió la confianza del sujeto a quien pide la renuncia. Ese deber no existe. A pesar de ello, quedó acreditado en el proceso como hecho asentado, que dicha pérdida de confianza se generó porque era sabido que el demandante no tenía experiencia en litigios (labor estratégica del Fiscal en un periodo donde estaban todos los procesos del caso Quintero), y que tenía muy poca disponibilidad horaria".

Además desestimó la conclusión de la "discriminación política". "Quien politizó la situación fue el mismo demandante quien quiso recurrir al Ministerio del segundo gobierno de Sebastián Piñera para que lo mantuvieran en el cargo. Ello solo prueba que él buscó apoyo político para revertir una decisión no política de su jefatura. No existe prueba de la politización de la solicitud de renuncia. Son sus gestiones las que acreditan que él quiso una intervención política para mantenerse en el cargo, sin lograrlo", remató la institución.

Por medio de una declaración pública respondió: "La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) niega cualquier discriminación política en la desvinculación del señor Raimundo Pérez quien se desempeñó como Fiscal desde el día primero de noviembre del 2018 hasta el día 18 de diciembre del mismo período y durante la administración subrogante. En efecto, lo que sucedió, es que al cambiar el Jefe Superior del Servicio, también lo hace su equipo directivo, que según el artículo 58 de ley 19.882, es de exclusiva confianza".

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