En 2011, la Corte Suprema revocó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y resolvió condenar a las tres empresas de telefonía del país: Movistar, Entel y Claro. Esto, luego de acoger un requerimiento presentado en 2007 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) debido a que las tres empresas telefónicas ejecutaron acciones tendientes a impedir el ingreso de Operadores Móviles Virtuales (OMV), empresas que compran tráfico telefónico a operadores con redes para la posterior reventa con su propia marca.

Seis años después el TDLC nuevamente falló a favor de las tres mayores empresas telefónicas, rechazando una demanda de Netline, OPS y TelcoMax. Para el tribunal las demandadas habrían dado cumplimiento a la obligación impuesta por la Corte Suprema. Dicha obligación consistía en "presentar en un plazo de noventa días una oferta de facilidades y/o reventa de planes para operadores móviles virtuales, sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios".

Hoy el caso nuevamente se vuelve a reactivar y esta vez la historia se pone más sabrosa. Las tres empresas -Entel, Movistar y Claro-, representadas por los abogados Andrés Rioseco, Javier Velozo y Luis Eduardo Toro, respectivamente, presentaron una solicitud de inhabilidad para dejar fuera del juicio al presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

¿La razón? Para las tres compañías, el juez debía inhabilitarse debido a que supuestamente había manifestado juicios previamente que estaban relacionados con la contienda. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 9 de mayo rechazó la petición, condenando incluso en costas a las firmas.

Posteriormente, Claro desistió de la petición de inhabilidad.

"La causal de recusación alegada, esto es, la dispuesta en el N° 10, del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, según consta de los antecedentes acompañados por los incidentistas, no la constituyen los hechos en que se funda", sostuvo la resolución del tribunal de alzada.

En el día de ayer se reanudó el caso con el alegato del abogado José Miguel Gana en representación de OPS, luego de escuchar a los abogados Mario Bravo y Ximena Rojas por Telcomax y Netline, respectivamente.

Cabe recordar que las grandes telecos ganaron por unanimidad en el TDLC en abril del año pasado.

Hoy la causa tras la apelación de las OMV está pendiente de fallo en la Corte Suprema.

Argumentos de las telecos

En su escrito, Claro argumentó que su recusación se fundó en que el juez Muñoz "ya manifestó su dictamen sobre la cuestión pendiente debatida, toda vez que emitió un juicio categórico (…) resulta evidente que carece de la necesaria imparcialidad para actuar como juez en la causa pendiente".

Lo anterior, luego de que el magistrado fuera voto de minoría en el proceso que terminó por acoger la reclamación de TuVes HD, que recurriera en contra de una Instrucción General, dictada en el marco del proceso On Net-Off Net.

Más aún, Movistar denunció que el juez Muñoz había manifestado su parecer al asegurar en el proceso de TuVes HD cuando advirtió un "estrangulamiento de márgenes", como una de las prácticas concretas que ha adoptado el supuesto incumplimiento del fallo del año 2011.

De igual forma, Entel insistió que el juez presentó "una opinión de decisiva sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia, al señalar en su informe que la única forma de cumplir la Sentencia es por medio de la presentación de una oferta de facilidades, argumento de las demandantes que fuera rechazado por el TDLC".