Las ganas de partir fuera de Chile las tiene hace años. Sebastián Dávalos -hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet-, busca cerrar uno de los capítulos más polémicos de su vida y que a la fecha lo mantiene en nuestro país.

Se trata de terminar con la última arista abierta por el caso Caval, tras lo cual el ex director sociocultural de La Moneda pretende retomar sus estudios fuera de nuestro de país. Su idea es realizar un doctorado en ciencias políticas en una universidad que guarda bajo absoluta reserva.

Esta arista es la que lo mantiene enfrentado con Gonzalo Vial Concha -hijo de Gonzalo Vial Vial, controlador de Agrosuper- quien en junio de 2016 presentó una querella acusando a Caval -sociedad compuesta por Natalia Compagnon y Mauricio Valero- de haberlo engañado. En ésta, el empresario y dueño de la empresa Graneles de Chile aseguró haber pagado casi $1.200 millones a Caval por servicios que según él mismo habrían sido plagiados a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En el marco de esta arista pendiente de sentencia, en marzo de 2019, Dávalos y Compagnon rechazaron la salida de juicio abreviado ofrecida por la Fiscalía Regional de O’Higgins. A la fecha está pendiente el inicio de juicio oral por los presuntos delitos de estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, por los que el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel en contra del hijo de la exmandataria, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 25 UTM ($ 1.243.075).

Carlos Fierro, abogado de Dávalos explicó que su cliente no puede dejar Chile “porque lo tienen involucrado en una causa por estafa con Gonzalo Vial. Puede salir pero no definitivamente. Pretendía que fuera hasta mayo, pero ya reprogramaron la audiencia para julio próximo”. "El juicio de Vial Concha en contra de Dávalos se resolverá el último trimestre de este año”, concluyó.

Si este proceso está recién comenzando, por otro lado busca ir sellando los flancos judiciales y resarcir los gastos en que incurrió en su defensa en el marco de la arista principal del caso Caval, luego de que en marzo de 2018, la Corte Suprema confirmara su sobreseimiento. En el proceso el Ministerio Público le imputó los delitos de negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho.

El pasado miércoles, presentó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Rancagua solicitando la restitución de los gastos en que incurrió en su defensa. Se trata de una disputa de cierre del litigio en el que el cientista político apunta ahora en contra de sus denunciantes, entre ellos: Nicolás Monckeberg (RN, embajador de Chile en Argentina), y Felipe Ward (UDI, ministro Secretario General de la Presidencia) y los diputados Diego Paulsen (RN, presidente de la Cámara de Diputados) y Marcela Sabat (diputada RN). Además de quienes actuaron como querellantes, como Diego Acevedo, cientista político de Machalí (ex UDI) representado por el abogado Mario Zumelzu.

Por lo pronto, en las próximas semanas las costas personales se discutirán en una audiencia que deberá fijar el tribunal, aunque el abogado Carlos Fierro anticipa que serán más de $50 millones. Las costas procesales, agrega, alcanzarían “varias de decenas de millones de pesos”.

Canal 13 en tierra derecha

Dávalos mantiene, en paralelo, otra disputa legal derivada de la demanda por indemnización de perjuicios que presentó en agosto de 2018 por $3.360 millones en contra de Canal 13. Esto, por las imitaciones de Yerko Puchento. Esta semana el pleito entró en tierra derecha.

El pasado lunes, el abogado de Dávalos solicitó al 12º Juzgado Civil de Santiago pasar a la etapa de prueba, asegurando que la demandada no contravino los hechos que fundaban la acción. “El personaje Yerko Puchento, en el programa ”Vértigo”, profirió en diversos capítulos, expresiones de diverso calibre en contra de mi representado. Asimismo, tampoco controvirtió el hecho que las rutinas del personaje ya mencionado fueron retransmitidas en el programa matinal de la demandada, Bienvenidos, en sus diversos capítulos”, acotó en su último escrito.

Consultado por La Tercera PM, el abogado de Canal 13, Alejandro Espinoza sostuvo que “en los juicios de esta naturaleza quien tiene la carga de prueba es el demandante. Y lo segundo: si él está dentro o fuera del país, los juicios exigen, especialmente en la etapa probatoria la eventual comparecencia de las partes para diligencias específicas como la absolución de posiciones”.