Investigación a jueces de Rancagua: Médico condenado por tráfico de drogas pide declarar nula prueba clave

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El recurso de protección de esta insólita estrategia judicial presentado por Luis Arenas es además patrocinado por los abogados Luis Valdenegro y Glenda Flores, quienes son los defensores de "La Choclo" una traficante conocida por ser "la reina de la pastabase" en Rancagua.




Ya está condenado y no tiene ningún vínculo  -más que amistad- con la causa que la Fiscalía Sur sustenta en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez que fueron expulsados esta semana del Poder Judicial por presuntos delitos de corrupción cometidos en su ejercicio como jueces. Aún así, el médico Luis Arenas, condenado en abril de 2017 por tráfico de sustancias sicotrópicas,  presentó hace algunos días un recurso con el que buscaba anular -vía protección- una prueba que resulta clave en la arista de eventual cohecho por la que se indaga a los magistrados.

Según el escrito, al que accedió La Tercera PM, Arenas es representado en el recurso por los abogados Luis Montenegro y Glenda Flores quienes -a su vez- son defensores de la conocida narcotraficante de la VI región Joselin Gómez apodada "la Choclo" quien es considerada como "la reina de la pasta base" en esa zona. Ciper reveló en marzo de este año interceptaciones telefónicas que complicarían el escenario judicial para Elgueta y Vásquez, ya que existe en la indagatoria "pinchazos" a miembros de la banda que lidera la mujer de los cuales se desprenden eventuales pagos a ambos magistrados con el propósito que modificaran la medida cautelar de prisión preventiva para uno de los integrantes del clan narco.

Arenas -mediante el recurso- busca que la justicia invale las conversaciones que mantuvo con los magistrados asegurando que estas fueron obtenidas de forma ilegal, porque se consiguieron en la incautación de la indagatoria por tráfico en la que él fue condenado. A su juicio, esos diálogos no podían ser ocupadospor el Ministerio Público en la indagatoria que se sustenta contra los ahora ex magistrados de Rancagua.

"En un acto sin precedentes y arbitrario absolutamente el fiscal Sergio Moya realizó un acto dispositivo respecto a mi celular afectando el derecho a la privacidad que me confiere la Constitución, ya que sin tener legítimamente la especie en su poder solicitó a un juez el vaciamiento  de las comunicaciones privadas de este aparato", dice el recurso.

El reclamante asegura que no hubo orden judicial alguna para incautarlo y que él nunca ha dado autorización para que accedieran a comunicaciones privadas entre él y los jueces Elgueta, Vásquez y el fallecido ministro Marcelo Albornoz.

Respecto a este último, Arenas dice que tuvo conversaciones porque ambos querían ayudar a un "hermano masón" que estaba pasando por un inconveniente económico y que por eso los registraron conversando sobre dinero y hace alusión a su muerte "El trágico suicidio de Marcelo Albornoz Troncoso, quien no soportó la presión de que no se le creyera que efectivamente yo le había ofrecido un dinero para ir en ayuda de un hermano masón", sostiene el médico en el recurso.

La situación generó alarma en el equipo investigativo del jefe de Delitos Funcionarios de la Fiscalía Sur, Cristián Toledo. Sin embargo, pese al intento de esta estrategia judicial la Corte de Apelaciones de Rancagua, el recurso fue declarado inadmisible por extemporáneo.

La discusión ahora será si son consideradas lícitas las pruebas que maneja el Ministerio Público que ligan a los jueces investigados con presuntos pagos de imputados se trasladará a cuando el Ministerio Público lleve  y si tales evidencias, que constan hoy en la indagatoria, son o no lícitas.

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