Colombia vive momentos de conmoción tras dos graves ataques atribuidos a disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el jueves pasado: un atentado con explosivos contra una base militar en Cali, y el derribamiento de un helicóptero en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia.

El presidente colombiano Gustavo Petro describió lo sucedido como “un día de muerte” y señaló al frente “Carlos Patiño”, de las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC), de ser responsable del atentado. El gobierno de Petro, que terminará su mandato en agosto de 2026, ha mantenido negociaciones de paz con varios grupos armados –incluyendo el Ejército Gaitanista de Colombia(EGC), disidencias de las FARC y el ELN–, aunque estas últimas están suspendidas.

Los ataques de la semana pasada se produjeron entre repetidos cuestionamientos a la “paz total” de Petro. Voces opositoras vinculan esta política –que prometió más diálogo y conciliación con grupos armados– con el deterioro de la seguridad en Colombia que, aunque no alcanza los niveles de hace décadas, hace mella en la percepción ciudadana.

Los saldos en Cali y Antioquía

La guerra se hace cada vez más visible en Colombia, en una propagación de conflictos que en los últimos años parecían localizados en ciertas regiones, usualmente distantes de las grandes ciudades, como el Catatumbo, el Cauca o Putumayo, destaca el diario español El País desde Bogotá.

Hacia las 15.00 del jueves, un camión cargado con explosivos estalló en una calle concurrida de Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país. El ataque contra una escuela militar de aviación dejó seis muertos y más de 60 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La alcaldía ordenó la militarización de la ciudad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

Los hechos en Cali fueron calificados por la prensa local como los “peores ataques terroristas” desde 2019, cuando la guerrilla ELN protagonizó un atentado con carro bomba contra la escuela policial General Santander, en el sur de Bogotá, dejando 21 muertos.

Ese mismo día, en Amalfi, Antioquia, un ataque con drones y fusiles impactó a un helicóptero de la policía, dejando 13 muertos y varios heridos, en medio de operaciones antinarcóticos en el país que más produce cocaína del mundo. Imágenes publicadas en redes sociales muestran al helicóptero sobrevolando la zona y luego un estruendo, seguido de la caída de la aeronave. En otras imágenes se ve una humareda negra saliendo de la montaña.

Lo que se sabe de los presuntos responsables

A través de la red social X, el jefe de Estado reveló fotografías de uno de los capturados por el atentado en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con la información que suministró, se trata de alias Sebastián, integrante de una estructura armada del EMC de las disidencias de las FARC que está al mando de alias Marlon.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos”, escribió en X. Antes, en la misma red social, el presidente atribuyó el ataque al helicóptero policial al Frente 36 de las disidencias.

La ciudadanía fue la que retuvo al presunto criminal, que estaba intentando escapar de la escena del crimen. Según han indicado algunos de los testigos, el sospechoso habría ayudado en la ubicación de uno de los camiones bomba que explotó. Entonces, los presentes persiguieron al señalado atacante y lo inmovilizaron en el piso.

También lo golpearon y patearon en repetidas ocasiones, mientras este estaba en el suelo cubriendo su rostro y su cabeza. Incluso, uno de los ciudadanos intentó ahorcarlo, pero los demás habitantes impidieron que continuara con la agresión, según constató el portal Infobae.

La Fiscalía, por su parte, habla de la posible autoría de la estructura “Jaime Martínez de las disidencias de las FARC”, según informaciones preliminares, en el atentado en Cali. Y coincide con Petro en que las primeras diligencias apuntan al Frente 36 en el ataque al helicóptero en Amalfi.

Desde 2016, diversas disidencias de las FARC emergieron tras el acuerdo de paz entre el gobierno y la mayor parte de esta guerrilla. Desde entonces las disidencias han sufrido escisiones, generándose un escenario de conflictos simultáneos en los que confluyen varios grupos armados fragmentados.

Los cuestionamientos a la “paz total” de Petro

A principios de este mes, Colombia enterró al candidato presidencial conservador Miguel Uribe Turbay, de 39 años, quien en junio fue baleado durante un acto de campaña en Bogotá, la capital. Los últimos ataques aumentan la presión sobre el gobierno de Petro, pese a que hasta ahora no parecen vinculados con el magnicidio del precandidato presidencial fallecido.

Los opositores al gobierno de Petro, como el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (y al que pertenecía Uribe Turbay), cuestionaron con dureza la gestión en seguridad del actual mandatario, señalando que la postura conciliadora del Ejecutivo hacia los grupos armados tiene relación con este repunte en la violencia que, aunque no alcanza los niveles de décadas pasadas, genera una preocupación creciente en el país.

“Mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el gobierno de Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la ‘paz total’”, dijo el partido en X.

En línea similar se expresó el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien dijo en una carta que “resulta evidente que la llamada política de paz total del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia”.

“Lo sucedido en Cali hoy, en la base aérea Marco Fidel Suárez, es una consecuencia directa de la #PazTotal, gobernantes flojos en materia de seguridad y el fortalecimiento de economías ilegales”, señaló a través de un video en las redes el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

En tanto, la senadora y precandidata presidencial de Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo: “¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para entender que la ‘paz total’ es la destrucción de Colombia? Le regaló los corredores territoriales a los terroristas. Cali no aguanta más. ¿Cuándo entenderá la urgencia manifiesta de comprar equipos antidrones? ¿Cuántos muertos —policías, civiles, militares— tiene que poner Colombia?”.

El senador Jaime Durán, del Partido Liberal, fue contundente en señalar: “Condenamos el atentado terrorista cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali (...) La ausencia del gobierno frente a la inseguridad es evidente. No podemos retroceder a los hechos criminales del pasado. ¡Basta ya!”.

La respuesta del gobierno

Después de lo sucedido el presidente Petro viajó a Cali, en donde tuvo una reunión con altos cargos militares y funcionarios de diversos ministerios de su gobierno.

Aunque en un principio el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre la posibilidad de establecer un “estado de conmoción interior”, esta idea fue descartada por el mandatario el mismo jueves. No obstante, se ordenó la creación de un puesto de mando unificado (PMU) para atender las secuelas de la emergencia.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, se aumentará la presencia militar en la zona. Alejandro Eder, alcalde de Cali, explicó que el objetivo del PMU será recuperar sectores del sur del Valle del Cauca.

En respuesta a los ataques del jueves, Petro anunció que los guerrilleros disidentes de las FARC leales al líder Néstor Gregorio Vera, otro grupo conocido como la “Segunda Marquetalia” y el cartel más grande del país, el Clan del Golfo, serían declarados como “organizaciones terroristas”.

Y ante los cuestionamientos de la oposición, Petro se defendió mostrando una gráfica de la Policía Nacional que indica que la tasa de homicidios bajo su gobierno es considerablemente menor a la de gobiernos de hace décadas, incluyendo el de Gaviria.

¿Vuelve la violencia a Colombia?

El uso de drones cargados con explosivos es cada vez más común en el conflicto armado en Colombia. Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas civiles de artefactos explosivos se duplicaron en los primeros meses de 2025 impulsadas por el “uso intensivo” de drones.

Cali, la ciudad de 2,2 millones de habitantes y la más importante de la región del Pacífico, sufre una arremetida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el rentable negocio de la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa.

En 2023, Colombia registró un récord de 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Petro impulsa un plan para la erradicación voluntaria por parte de los campesinos a través de incentivos económicos.

Guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y carteles aún controlan zonas de Colombia, pero el país ha disfrutado de años de relativa calma. Sin embargo, se ha producido un reciente aumento de la violencia que, según los expertos, demuestra que los grupos armados están recuperando fuerza y capacidad para llevar a cabo ataques coordinados y complejos.

Los colombianos temen un retorno a la violencia de las décadas de 1980 y 1990, cuando eran comunes los ataques de los carteles, la violencia guerrillera y los asesinatos políticos. Sin embargo, los analistas han dicho a la cadena BBC que, si bien la tendencia es preocupante, la violencia está lejos de ser la de entonces.

Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante. De hecho, Ecuador decomisó un “significativo cargamento” de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en “actos terroristas”, informó el domingo la Policía.

La Policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

“Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia” por parte de “grupos armados colombianos”, expresó.