El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha denunciado este martes que el proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Parlamento de Israel que contempla la pena de muerte para “terroristas” palestinos condenados por el asesinato de israelíes supone “un intento de legitimar el asesinato masivo de palestinos bajo ocupación”.

El grupo ha afirmado que esta aprobación supone “una extensión de la postura racista y criminal del Gobierno sionista” y ha recalcado que el proyecto de ley es “fascista y sádico”. “Supone un desprecio flagrante a las leyes y convenciones internacionales, entre ellas el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, ha agregado.

“Pedimos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y a todas las organizaciones de Derechos Humanos que condenen esta peligrosa ley de la ocupación racista y que imponga sanciones disuasorias contra la entidad sionista canalla para presionarle a que la retire”, ha manifestado, según ha informado el diario palestino ‘Filastin’.

En este sentido, el grupo islamista palestino ha reclamado la formación de “comités internacionales de investigación” para realizar visitas a las cárceles en Israel y “examinar las condiciones de los prisioneros palestinos, sometidos a torturas y abusos sistemáticos, lo que ha causado la muerte de decenas de ellos”.

El proyecto fue aprobado en primera lectura por la Knesset durante la jornada del lunes y será remitido ahora a una comisión para su preparación de cara a las lecturas finales de cara a su aprobación final. El texto, sin embargo, no contempla que la pena de muerte sea aplicada para israelíes condenados por el asesinato de palestinos.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, cuyo partido presentó el texto, dijo la semana pasada que “los tribunales no deberían tener discreción” y agregó que “todo terrorista que salga a asesinar debe saber que se le impondrá la pena capital”.

Esto tiene lugar después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, prohibiera en octubre al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizar visitas a “combatientes ilegales” en prisiones del país alegando que supondrían un daño a la “seguridad” del país, tras lo que el organismo pidió a las autoridades que autoricen estas visitas y reiterara en declaraciones concedidas a Europa Press que “el propósito de estas visitas a centros de detención y a los privados de su libertad es puramente humanitario”.