Mientras el mundo miraba a Gaza, Israel actuaba en Cisjordania: este jueves, la organización Human Rights Watch (HRW), que vela por el cumplimiento de los Derechos Humanos alrededor del mundo, publicó un reporte que da cuenta de los que serían “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” en el territorio palestino ocupado.

La organización informó que aproximadamente 32 mil residentes de los campamentos de Jenin, Tulkarem y Nour Shams fueron desplazados forzosamente por las fuerzas israelíes, durante la “Operación Muro de Hierro” en enero y febrero. Según el informe de 105 páginas presentado por HRW, titulado “Todos mis sueños han sido borrados: El desplazamiento forzoso de palestinos por Israel en Cisjordania”, a todos se les ha impedido regresar a sus hogares, y cientos de casas fueron demolidas.

El reporte es el resultado de entrevistas a 31 de los desplazados, además del análisis de imágenes satelitales, órdenes de demolición y la verificación de videos y fotografías que muestras las ofensivas del Ejército israelí en la zona. Entre los análisis que muestra HRW, hay uno que revela que seis meses de ocupación han resultado en la destrucción de 850 viviendas.

El Ejército israelí está demoliendo casas, echando abajo edificios y botando con excavadoras las infraestructuras civiles. Según lo que indican las autoridades locales entrevistadas, el fin sería crear dos avenidas en forma de X para que entren vehículos militares a la zona, destruyendo lo que sea necesario para ese fin.

Estas acciones en Cisjordania empezaron en enero de este año, en un momento en que Israel firmaba un alto el fuego con Hamas en Gaza. Con el foco del mundo en el sur del país, el Ejército viró al oeste, y empezó una operación militar enorme en esa región. Ahí, el ministro de Defensa Israel Katz habló de aplicar allí “la primera lección del método” en la Franja, con helicópteros Apache, bulldozers y vehículos militares penetrando en tres campamentos de refugiados del norte: Jenin, Tulkarem y Nour Shams.

Esto obligó al desplazamiento de 32 mil civiles, que partieron “con lo puesto”, en lo que ha sido el mayor éxodo forzoso en Cisjordania desde la ocupación de la Guerra de los Seis Días en 1967. Ya han pasado 10 meses, y estos civiles siguen viviendo de allegados, durmiendo en casas de familiares, mezquitas, colegios o fundaciones caritativas, y no hay horizonte de regreso planteado.

La dimensión y duración de este desplazamiento forzoso, junto con la destrucción de infraestructuras civiles, indica a HRW que el Ejército israelí estaría cometiendo allí crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Diez meses después de su desplazamiento, ninguna de las familias ha podido regresar a sus hogares”, declaró el miércoles a Reuters Melina Ansari, investigadora de Human Rights Watch que contribuyó al informe. El Ejército israelí informó al mismo medio que tuvo que demoler infraestructura civil para evitar que militantes palestinos la utilizaran. Los ocupantes no han especificado cuándo los residentes podrían retornar a sus casas.

De momento, las tropas siguen negando el regreso a los campamentos, aún cuando hace meses que no hay combates en la zona. Además, les han disparado a las personas que intentan llegar a sus casas, y hay muy pocos que han podido recoger sus pertenencias.

Para establecer los crímenes de lesa humanidad, hay que recordar que la Convención de Ginebra prohíbe el traslado de civiles a territorio ocupado, salvo temporalmente por razones militares imperiosas o para garantizar su seguridad.

HRW afirmó que, por lo tanto, los altos funcionarios del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu deberían ser procesados ​​por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el Ejército israelí no respondió a las preguntas de Reuters sobre la petición de sanciones de HRW, ni a la cuestión de si los altos funcionarios deberían ser procesados ​​por crímenes de lesa humanidad.

El informe describe cómo soldados irrumpieron en viviendas, saquearon propiedades y ordenaron a las familias que se marcharan mediante altavoces instalados en drones. Afirma también que los residentes han visto excavadoras demoliendo edificios mientras huían, y que las fuerzas israelíes no ofrecieron refugio ni asistencia, lo que obligó a las familias a hacinarse en casas de familiares o buscar refugio en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.

Hisham Abu Tabeekh, expulsado del campo de refugiados de Jenin, declaró que su familia no pudo llevarse nada. “No tenemos comida, ni agua, ni medicinas, ni recursos. Vivimos en condiciones extremadamente difíciles”, declaró a Reuters el miércoles. HRW afirmó que, en respuesta, las autoridades israelíes alegaron que la operación tenía como objetivo lo que denominaron “elementos terroristas”, pero no ofrecieron ninguna justificación para las expulsiones masivas ni para la prohibición de retorno.

HRW argumentó que estas expulsiones, llevadas a cabo mientras la atención internacional se centraba en Gaza, constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos el apartheid y la persecución. Desde los ataques de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a casi mil personas en Cisjordania, incrementado las detenciones arbitrarias, demolido viviendas y acelerado la construcción de asentamientos o “colonias”. Al mismo tiempo, la violencia de los colonos y la tortura de detenidos han aumentado drásticamente, según el informe.