En momentos en que Bolivia se encuentra en plena campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre próximo, una serie de decisiones judiciales que han favorecido a algunas figuras de la oposición en los últimos días han enturbiado el escenario político en ese país. Mientras el presidente Luis Arce ha lamentado que estos fallos no hacen justicia a las víctimas de la crisis de 2019, dirigentes afines al expresidente Evo Morales han anunciado movilizaciones y un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de redes sociales, Arce lamentó este miércoles que las últimas decisiones judiciales que han favorecido, entre otros, a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), han puesto de manifiesto que la justicia para las víctimas de la crisis de 2019 “sigue siendo una deuda pendiente”.

“Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial”, escribió el mandatario boliviano en su cuenta de X.

En los últimos días, la Justicia boliviana anuló el caso en contra de Áñez por la masacre de Senkata. El proceso forma parte de las investigaciones abiertas en su contra por la presunta comisión del delito de genocidio, en relación con los hechos de noviembre de 2019 en El Alto, donde al menos 10 personas perdieron la vida durante un operativo militar y policial tras su asunción presidencial.

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, recordó que Añez promulgó el denominado “decreto de la muerte” que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la crisis social y política que se observó tras la renuncia de Evo Morales en 2019. La expresidenta fue acusada de ordenar una represión que dejó una veintena de muertos y más de 200 heridos durante las protestas por la salida del líder del Movimiento al Socialismo (MAS) que, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

Pese a la decisión de este miércoles, Áñez no recuperará su libertad plena, debido a los varios procedimientos que tiene pendientes. Actualmente cumple una sentencia de 10 años de prisión por el caso denominado Golpe de Estado II, que investiga su llegada al poder, cuando como senadora asumió la Presidencia del Senados para posteriormente “autoproclamarse” presidenta.

Además, tiene pendiente la evaluación de su situación en el proceso por otro de los episodios más luctuosos de aquellas crisis, como fue el ocurrido en la localidad cochabambina de Sacaba, donde el enfrentamiento entre manifestantes, en su mayoría cocaleros, y las fuerzas de seguridad dejó 11 muertos y 98 heridos. Por este caso, Áñez tendrá que esperar hasta este viernes para conocer cuál es su situación jurídica al respecto tras posponerse la audiencia que iba a tener lugar este martes.

“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta (...) Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, recordó Arce. El mandatario terminó su alocución reafirmando que desde su gobierno, al que apenas le quedan unos meses, seguirán con el “compromiso de honrar la memoria de quienes partieron y de acompañar a quienes aún claman por justicia”.

Arce entregará el mando del país el próximo 8 de noviembre al gobierno que sea elegido el 19 de octubre, en un balotaje entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 17 de agosto.

Además de Áñez, la Justicia boliviana falló en las últimas horas en favor del antiguo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quien concedió arresto domiciliario, y de su mano derecha, Marco Antonio Pumari, a quien puso en libertad. Ambos fueron acusados de liderar protestas violentas en esta región históricamente hostil a los gobiernos del MAS.

Al respecto, el gobierno de Arce anunció que apeló esas decisiones. “Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…), esperaremos cuáles son los resultados de esa apelación”, informó la ministra de Justicia, Jessica Saravia, en contacto con Bolivia TV.

Pese a las declaraciones de Saravia y el rechazo que se generó en sectores del oficialismo y el masismo, los abogados de Pumari y Camacho aclararon que sus clientes no se encuentran investigados por las masacres de Sacaba y Senkata. De hecho, ni siquiera fueron convocados a declarar como testigos, consignó el diario paceño La Razón.

Los exlíderes cívicos son investigados por sus acciones previas a la renuncia de Morales en 2019, cuando encabezaron marchas, financiaron movilizaciones e irrumpieron en Palacio Quemado con biblia en mano, indicó el periódico.

Con todo, el ala evista del MAS anunció que no descarta iniciar bloqueos y movilizaciones como medida de presión contra las decisiones judiciales que beneficiaron a Áñez, Camacho y Pumari por los hechos de 2019.

Representantes de la Federación Única Departamental de las 16 provincias de Cochabamba, junto con las Bartolinas, la Confederación y las seis federaciones cocaleras, expresaron su rechazo contundente a los fallos judiciales emitidos en favor de los exlíderes políticos.

“No se puede descartar bloqueos, de esa manera vemos que podemos hacernos escuchar frente a esta decisión direccionada políticamente. Estamos organizando, no le vamos a dar la fecha, vamos a tener algunos ampliados y estaremos, seguramente, comunicando oportunamente fecha y hora cuando empecemos con las movilizaciones”, señaló Mario Soto, ejecutivo de la Federación Única de Campesinos, citado por el diario El Deber.

El martes, los evistas exigieron un juicio de responsabilidades para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. “Tenemos que pedir a la Asamblea Legislativa, tiene que ya nomás ejecutarse el juicio de responsabilidades para el Tribunal Supremo de Justicia y para toda la cúpula del gobierno central”, señaló el secretario de la Federación Carrasco Tropical, Efraín Seña.