Víctor Hugo Quero llevaba consigo bombones y hallacas (una especie de tamal que forma parte de la mesa navideña venezolana) para celebrar el Año Nuevo con su madre cuando fue detenido el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela, en el centro de Caracas.

De acuerdo con testigos citados por el portal Efecto Cocuyo, se lo llevaron funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, que aparece en expedientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONUy de la Corte Penal Internacional como uno de los principales instrumentos de la represión en Venezuela.

Quero, de 51 años, que vendía pantalones en el mercado popular de La Hoyada en Caracas y también era prestamista, fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración.

Se le señalaba de haberse confabulado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, para dar al traste con el Gobierno de Nicolás Maduro, entonces en el poder.

Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal, una organización que defiende a personas detenidas por motivos políticos, asegura que en el caso de Quero pudo haberse producido una “vinculación técnica” por el hecho de que “supuestamente” prestó servicio militar en 2023.

Otras versiones citadas por medios locales indican que una diferencia con un funcionario policial pudo haber determinado la suerte de Quero.

Durante 16 meses, su madre, Carmen Teresa Navas, lo buscó incesantemente en penales de toda el área metropolitana de Caracas. En el Rodeo I, a las afueras de la capital, estuvo al menos seis veces, porque tanto el tribunal de la causa como la Defensoría del Pueblo le informaron que ese era el sitio de reclusión de Víctor Hugo, pero funcionarios penitenciarios la expulsaron diciendo que no estaba ahí.

La mujer menuda de cabello gris cuidadosamente recogido se hizo habitual en las manifestaciones de familiares de los considerados presos políticos, pidiendo información sobre el paradero de su hijo.

Este 7 de mayo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al que reportan esos mismos funcionarios que la despacharon, finalmente emitió un comunicado informando que Quero había muerto en el Hospital Militar de Caracas, víctima de una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar” el 24 de julio de 2025, y reconociendo que había sido traslado allí desde el penal del Rodeo I.

Una búsqueda incesante y un patrón de violación de Derechos Humanos

Varios de los considerados presos políticos que habían sido liberados luego de la extracción de Maduro por fuerzas élite de Estados Unidos le habían dicho a la madre que coincidieron con Víctor Hugo en el Rodeo I.

Algunos le contaban que lo habían visto debilitado y creían que estaba enfermo. Otros le señalaban que al menos desde octubre de 2025 no habían tenido más noticias de él. Uno de ellos, el dirigente de Voluntad Popular Carlos Azuaje, denunció que Víctor Hugo había sido torturado en la cárcel y había sobrevivido con una dieta que agravaba problemas gástricos preexistentes.

Esta versión fue indirectamente validada por el comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que detalló que Quero fue hospitalizado por una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.

El resto del boletín fue calificado por el activista de Derechos Humanos Alfredo Romero como “una evidencia clara de la desaparición forzosa, la muerte en custodia, la responsabilidad del estado y (la comisión de) crímenes de lesa humanidad”.

En el documento se señala que la muerte de Quero no fue comunicada oportunamente porque “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Su madre lo había hecho incontables veces, solo para recibir negativas por parte de los custodios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor y Romero solicitó un ‘habeas corpus’ que el tribunal se negó a recibir.

“Decir que no aportó vínculo filiatorio es una bofetada a la madre, que me consta que lleva más de un año buscando a su hijo”, afirmó Romero. “Estas personas que estaban en el Rodeo I estaban desaparecidos forzosamente, no tuvieron contacto con el exterior por mucho tiempo, y es el Estado el responsable de contactar a los familiares para no desaparecerlos”.

“¿Cómo podía esta persona comunicarse con su familia si ni siquiera le permitieron tener un abogado, como sabemos que ya es regular en este país?”, se preguntó el activista en un video publicado en sus redes sociales.

“El problema no fue la ausencia de familiares, sino el ocultamiento de información, el encubrimiento institucional, la destrucción de evidencias y la obstrucción de la justicia por parte del Estado”, agregó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).

En medio de las gestiones de acompañamiento a la madre de Quero durante su búsqueda, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia pidió que el comerciante fuera amparado por la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez a principios de año.

Increíblemente, el 5 de mayo el tribunal de la causa le negó el beneficio, por considerar que los delitos que se le imputaban no habían sido cometidos dentro de los periodos específicos previstos en la Ley de Amnistía. Para entonces, Quero llevaba más de nueve meses muerto. Aun así, la causa permaneció abierta.

Las inconsistencias no terminan ahí. El comunicado señala el 3 de enero como fecha de detención, pero testigos y activistas señalan que Quero fue arrestado sin orden judicial el 1 de enero. También apunta que el hombre murió el 24 de julio, pero la tumba improvisada a la que fue trasladada la madre de Quero tenía el 27 de julio como fecha de su fallecimiento.

Joel García, abogado defensor de varias personas procesadas por motivos políticos, publicó en X una comunicación oficial de una representante de la Defensoría del Pueblo, fechada el 24 de octubre de 2025, que le indicaba a la madre que Quero había sido trasladado de la sede de la DGCIM al Rodeo I el día anterior. Para entonces, el hombre llevaba tres meses muerto.

Rechazo generalizado y promesa de investigaciones

La organización de defensa de los Derechos Humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) demandó la apertura de una investigación “independiente, exhaustiva e imparcial” para determinar si las circunstancias del fallecimiento de Quero se ajustan a los estándares previstos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).

“Se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente”, señaló la JEP en X.

El activista Marino Alvarado de Provea afirmó que la Fiscalía debe investigar al ministro de Servicios Penitenciarios Julio García Zerpa, al ex fiscal general Tarek Williams Saab y al anterior defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y dirigente opositora María Corina Machado denunció que a Quero “lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron” y agregó que “esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta”.

Edmundo González Urrutia, candidato que la oposición venezolana asegura que se impuso en las elecciones de 2024, basada en más del 80% de las actas recopiladas, afirmó que “lo que aquí pasó, se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que señaló que “este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país” para poder avanzar hacia una “garantía efectiva de los Derechos Humanos”.

El Ministerio Público, por su parte, anunció que ha ordenado “realizar con prontitud la exhumación del cadáver” como parte de “todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos”.

La madre de Quero, que hasta esta semana se preguntaba “¿por qué no lo dejan ver? ¿Cuál es el crimen que él ha cometido?”, pidió el análisis de los restos, para determinar si corresponden en realidad a su hijo.

De acuerdo con el Foro Penal, 454 personas se encuentran todavía detenidas por razones políticas, muchas de ellas sometidas a desaparición forzada, a pesar de la aprobación de una Ley de Amnistía que la presidenta Rodríguez declaró extinta el pasado 24 de abril, luego de apenas 65 días de vigencia, y sin que su texto previera una fecha de expiración.

La organización agrega que en los últimos 11 años, 17 “presos políticos” han muerto en custodia del Estado, con casos tan emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o el exgobernador Alfredo Díaz.