El reloj está corriendo para los migrantes en Chile que se encuentran en condición irregular. “Les quedan 98 días”, advirtió el candidato republicano José Antonio Kast, ante un eventual desembarco en La Moneda el 11 de marzo de 2026. Aludidos por el mensaje, algunos de los 330.000 extranjeros indocumentados en Chile, en su mayoría venezolanos, comenzaron a intentar salir del país.

La advertencia de Kast ha empujado a decenas de migrantes en condición irregular a la frontera con Perú, en un intento por emprender el regreso a Venezuela y otros países antes de tener que enfrentar la perspectiva de una deportación.

Para los que intentan volver, quedar atrapados en el desierto ha sido más que una metáfora, porque del otro lado, el gobierno del Presidente José Jerí declaró un estado de emergencia en la frontera, que lo autoriza a desplegar contingentes militares para evitar el ingreso a territorio peruano, de modo que las arenas de Arica se han convertido en una trampa sin salida. La medida tomada por Jerí también explica que no pocos migrantes irregulares estén intentando dejar el país por la frontera norte.

Perú ha recibido ya casi dos millones de venezolanos desde que se inició la diáspora en 2018, siendo el segundo país con mayor concentración de migrantes venezolanos, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). El canciller peruano, Hugo de Zela, ha dejado claro que “no estamos en condiciones de recibir un número mayor en estos tiempos”.

En esa línea, Perú no es el único que ha impuesto severas restricciones. Lo han hecho países con otras rutas migratorias en América Latina, que han impulsado expulsiones inmediatas, exigencia de documentos adicionales, eliminación de amnistías, reforzamiento militar y mayores requisitos de tránsito.

Desde la frontera Chile-Perú hasta el Tapón del Darién (en la frontera entre Colombia y Panamá), los países han estado aplicando nuevas barreras para contener flujos crecientes.

Crisis regional

Para Henry Ziemer, asistente de investigación del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, la situación en la frontera entre Chile y Perú “refleja la de la región en su conjunto”. “En particular, la crisis migratoria venezolana, que es la mayor crisis migratoria fuera de una zona de guerra activa y en la que aproximadamente ocho millones de personas han huido del país”, comenta a La Tercera.

“Creo que mucha gente ve esto (lo de Kast) como una oportunidad para salir, aunque no puedan hacerlo por voluntad propia. También lo hemos visto en Estados Unidos, con las autodeportaciones. La gente decide irse voluntariamente en lugar de ser forzada a irse o deportada por la fuerza”, dice Ziemer.

“Y, en segundo lugar, creo que muchos migrantes venezolanos en Chile no encontraron necesariamente las oportunidades que buscaban. Creo que hay cierta desilusión que podría haber sido parte de la causa de la crisis”, añade.

“Creo que esto podría estar influyendo: una renovada esperanza de que el cambio en Venezuela se avecina, con Estados Unidos aferrándose a muchos de los problemas que estamos viendo. Pienso que hay mucha gente dispuesta a arriesgarse a regresar con la esperanza de que se avecine una transición democrática en Venezuela. Es multifacético. Y creo que esas tendencias se están manifestando en toda la región”, apunta el investigador.

El Tapón del Darién

En el caso de Colombia, este es el país que alberga a la mayor cantidad de venezolanos, con casi 2,8 millones de ellos en el territorio, según datos de Acnur. Según un informe de Migración Colombia, el número de entradas y salidas de ciudadanos venezolanos aumentó un 41% durante enero y febrero de este año en comparación con el mismo período de 2024, con retornos al país desde México, Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica.

Este fenómeno está vinculado al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, que llevó a muchos migrantes a reconsiderar su ruta y regresar hacia el sur. “En el caso de Colombia, el flujo migratorio es una ruta de paso, que se agudizó entre los años 2022 y 2023, y fue la ruta que iba por el Darién”, explica a La Tercera Ronal Rodríguez, docente del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia.

Según explica el docente, Colombia no tiene hoy una política sólida para “combatir” la migración irregular. Lo más avanzado fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que ya no existe plenamente, pues duró hasta 2023. “Del resto, el régimen ordinario es un régimen bastante vetusto que no logra responder a las necesidades y resolución de los flujos migrantes que hoy enfrenta el país”, complementa.

“Las medidas que veníamos desarrollando, lo que había sido la respuesta colombiana escalada en favor de acoger a la población migrante venezolana, bajo la administración del actual Presidente Gustavo Petro, han venido retrocediendo. Se han creado instrumentos que no responden a las necesidades del fenómeno migratorio y que muchas veces se preocupan más por mantener la relación con el régimen venezolano, el diálogo con la dictadura de Nicolás Maduro, y no en la preocupación de atender a la población migrante”, señala.

Zonas empobrecidas

Brasil ocupa el tercer lugar, con cerca de 560.000 venezolanos que migraron hasta allí para dejar atrás el régimen chavista. Hoy, el país vive una tercera ola migratoria, según explica a La Tercera Rafael Duarte Villa, analista de la Universidad de Sao Paulo, en que las regiones con mayor flujo de migrantes son el norte de Brasil, especialmente Roraima, en la frontera con Venezuela (el punto más crítico) y Acre y Amazonas; y la frontera con Bolivia.

Entre las medidas principales del gigante sudamericano para combatir la inmigración irregular, Duarte nombra la Operación Acogida, el programa humanitario gestionado por el Ejército, con apoyo de Acnur, Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que regulariza documentos de los migrantes que llegan sin papeles y coordina la “interiorización”, que es reubicar a migrantes en otras ciudades y conectarlos con empresas que necesitan mano de obra.

“Pero eso no es suficiente, porque yo pude observar en mi estadía allá que muchas personas entran de manera ilegal al Brasil por aquellos pasajes que se llaman trochas. Son puntos donde no hay mucho control ni presencia de la Policía Federal, que es un fenómeno que acontece en todas las fronteras latinoamericanas”, explica el analista a este medio.

Por otra parte, está el Estatuto del Refugiado, que consiste en otorgar refugio especialmente a venezolanos, pero también a haitianos, afganos, sirios, palestinos, africanos y ucranianos.

El desafío para Brasil es que “si esa población continúa concentrándose en estados pobres como Roraima, en menor medida Amazonas, cuya capital es Manaos, que es donde se concentra la mayor parte de la inmigración venezolana hoy en día, esto tiende a generar problemas sociales y de demanda de servicios públicos, educación, salud, y los habitantes brasileños se resienten de eso”.

“Ya se están viendo bastantes manifestaciones de xenofobia debido a que hay una alta demanda de servicios en esas regiones de Amazonas y de Roraima, sin que esos estados tengan la suficiente capacidad para absorber esas demandas crecientes de los migrantes venezolanos, haitianos en menor medida”, indica.

La ruta de tránsito a EE.UU.

“Estados Unidos tenía particular interés en el tema, porque si Panamá era paso, Estados Unidos era el destino”, dijo el vicecanciller panameño Carlos Hoyos a la Deutsche Welle (DW), sobre el memorándum de entendimiento que el país centroamericano firmó con Washington el año pasado y que permite al Ejército norteamericano incrementar su presencia en Panamá.

El Darién, la selva en la frontera entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en una ruta migratoria, es extremadamente peligrosa para miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. “No obstante, esa ruta en los últimos años, o en el último año, ha venido disminuyendo sustancialmente, sobre todo por las medidas tomadas desde Estados Unidos”, explica el docente Ronal Rodríguez.

Aún así, la migración masiva que se produjo en los últimos años a través de la inhóspita selva cobró el precio más alto para muchas familias, pues cientos de migrantes han perdido la vida en las peligrosas rutas que atraviesan la selva, que tan solo entre 2022 y 2024 casi un millón de hombres, mujeres y niños cruzaron a pie en su intento por llegar a Estados Unidos, donde viven 545.200 venezolanos, según Acnur.

Para Alexa Zamora, activista nicaragüense y ganadora del Premio Martin Luther King de Democracia y Derechos Humanos en 2019, esta situación “la hemos visto con anterioridad y está ligada al crimen organizado”. “Hay que entender que esta red se dedica al tráfico humano y funciona a nivel internacional. Cada vez que aparece una nueva ruta de migración ilegal, va a haber participación indirecta del crimen organizado”, comenta a La Tercera.

“Centroamérica suele ser más una ruta de tránsito en términos de volumen de migrantes. Y la migración centroamericana siempre ha sido una realidad que ha atendido a diferentes factores. Los salvadoreños y los nicaragüenses han sido una población que históricamente migra hacia Estados Unidos, pero esto ha aumentado, sobre todo en el caso de Nicaragua, a raíz de la crisis sociopolítica de 2018”, comenta sobre su país.

“Primero aumentando las olas migratorias por motivos de persecución política, pero ahora también por la presión económica que se vive dentro del país, que mucha gente ha calificado como insostenible”, explica. “Las políticas migratorias a nivel internacional, lejos de regularizar y brindar alternativas seguras, se han vuelto mucho más restrictivas, lo que al final del día solamente beneficia al crimen organizado”, denuncia la activista.

Las autoridades y grupos humanitarios han dicho que es difícil calcular el número de vidas que quedaron en el camino de la frondosa selva: algunos cuerpos han sido recuperados, pero muchos de los fallecidos fueron enterrados allí por los propios migrantes y otros quedaron abandonados a la intemperie.

Continuando con la cooperación conjunta, el gobierno de Panamá firmó otra vez en junio un acuerdo con Estados Unidos para financiar los vuelos de repatriación de migrantes, durante una visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien pidió a otras naciones replicar ese pacto.

Anteriormente, en febrero, Panamá y Costa Rica anunciaron medidas conjuntas para gestionar de forma controlada y segura el retorno de migrantes irregulares desde el norte hacia el sur del continente, una semana después de la visita a la región del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.

“Más que devolver migrantes, se trataba de reducir al mínimo el flujo migratorio en el Darién. Aparte de que la miseria era la moneda de cambio en ese paso migratorio, el problema le estaba costando a Panamá 100 millones de dólares al año, un monto muy importante para nuestro país”, dijo Hoyos a la DW. Así, el objetivo, según comentó, era “seguir señalizando a Estados Unidos que Panamá es un lugar confiable para invertir”.