El líder de la oposición húngara afirmó que correspondería a los tribunales, y no a un futuro gobierno, decidir si el veterano primer ministro de derecha, Viktor Orbán, podría ser condenado y posiblemente encarcelado en caso de perder el poder en las elecciones del domingo. En una entrevista con el diario húngaro Népszava, publicada el sábado, Péter Magyar declaró que un futuro gobierno liderado por su partido de centroderecha Tisza se centraría en restablecer las condiciones para un poder judicial independiente, en lugar de emprender acciones legales personales contra Orbán.

“Exigir responsabilidades al líder de otro partido no es tarea de Péter Magyar, el primer ministro, ni de ningún otro líder de partido”, afirmó Magyar.

Añadió al respecto: “El papel del gobierno es crear el marco para un poder judicial independiente y una autoridad de investigación que funcione correctamente. Si operan adecuadamente, determinarán quién cometió qué delitos y emitirán veredictos”.

En la entrevista, Magyar respondía a preguntas sobre las expectativas de lo que el periódico describió como una parte significativa de sus votantes, quienes aseguran que Orbán debería ser condenado a prisión.

Los críticos afirman que los 16 años de gobierno de Orbán se han caracterizado por el amiguismo, la corrupción generalizada y el debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas. En marzo, la red de derechos civiles Liberties incluyó a Hungría entre los cinco países de la UE que, según afirmó, estaban erosionando el Estado de derecho de forma “constante e intencionada”. El informe también señalaba que Hungría “sigue mostrando corrupción sistémica”.

El gobierno de derecha de Orbán también se ha visto envuelto en repetidas disputas con la Comisión Europea, que ha congelado aproximadamente 20.000 millones de euros en fondos de la UE debido a la preocupación por la corrupción y el retroceso democrático.

Magyar, que abandonó el partido Fidesz de Orbán en 2024 y ha hecho del desmantelamiento de la corrupción un pilar central de su campaña, se ha comprometido a unirse a la Fiscalía Europea, el organismo de la UE encargado de investigar el fraude relacionado con el presupuesto del bloque.