La polémica por el control del espacio aéreo en el Caribe escaló a nivel regional e internacional después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

La decisión provocó diversas reacciones de la comunidad internacional, entre ellas del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien puso en duda la existencia de una base jurídica que habilite a un jefe de Estado extranjero a disponer de los cielos de otra nación y advirtió que, de no haber sustento legal, “se acaba el concepto de soberanía nacional y el de derecho internacional”.

A través de una declaración pública, Petro interpeló directamente a la comunidad internacional y al sistema aeronáutico global: “Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.

En ese marco, invocó a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y alertó que, si el organismo no aclara la situación, el precedente “rompe” las bases de la convivencia entre Estados.

El presidente habló como jefe de Estado colombiano y en su calidad de presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), enfatizando que el tema excede una controversia bilateral y compromete a la región.

Caracas respondió elevando el conflicto a los foros multilaterales. En un comunicado de su Cancillería, el régimen venezolano acusó a Washington de una “amenaza colonialista” y calificó el anuncio estadounidense como “agresión extravagante, ilegal e injustificada”.

Según el texto, la medida buscaría aplicar “extraterritorialmente una jurisdicción ilegítima”, en abierta colisión con los principios del derecho internacional.

Venezuela, que llevó el caso ante la ONU, también fundamentó su denuncia en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, señalando que el cierre declarado constituye una “amenaza explícita de uso de la fuerza” prohibida por el artículo 2.4, además de vulnerar el objetivo de preservar la paz y la seguridad internacionales recogido en el artículo 1.

En el plano técnico, Caracas apeló a las normas que rigen la aviación civil mundial, y citó la Convención de Chicago de 1944, cuyo artículo primero consagra que cada Estado ejerce “soberanía completa y exclusiva” sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio, por lo que exigió respeto irrestricto a esas reglas por parte de terceros países.

El choque diplomático tuvo además un impacto humanitario. El gobierno venezolano aseguró que Estados Unidos suspendió unilateralmente vuelos del “Plan Vuelta a la Patria”, un programa de repatriación que, según cifras oficiales, había realizado 75 vuelos y trasladado a cerca de 14 mil personas desde su puesta en marcha.

Para Caracas, esa interrupción agrava la situación de migrantes varados y añade presión a un cuadro ya sensible.