El Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión tras declararlo culpable de buscar la injerencia de Estados Unidos en el juicio por el complot golpista de su padre el año pasado.

La fiscalía general de Brasil acusó a Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos, de buscar la injerencia del gobierno de Trump para favorecer el caso de Jair Bolsonaro, mediante la imposición de sanciones a los magistrados del tribunal y aranceles a los productos brasileños.

Su padre, el expresidente, cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Eduardo Bolsonaro, exdiputado, se mudó a Estados Unidos en 2025, meses antes del juicio que condenó a su padre por planear un golpe de Estado.

En Estados Unidos, se ha dedicado a conseguir apoyo para su padre, especialmente del gobierno de Trump. Eduardo Bolsonaro declaró tras la condena del martes que no había sido debidamente informado del proceso judicial.

Anteriormente, había declarado a Reuters que su trabajo en Estados Unidos no tenía como objetivo lograr la absolución de su padre por los tribunales brasileños, sino obligar al Tribunal Supremo de Brasil a castigar a los funcionarios que, según el hijo, no estaban cumpliendo con la Constitución brasileña.

En julio del año pasado, un juez del Tribunal Supremo brasileño ordenó la congelación de las cuentas bancarias y los activos de Eduardo Bolsonaro ante las acusaciones de que el dinero que le enviaba su padre estaba financiando sus esfuerzos por presionar a la administración Trump para que ayudara a Bolsonaro a evitar el castigo por el presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Al acusar a Eduardo, la Fiscalía General declaró que este, alegando persecución política por parte del Tribunal Supremo, movilizó contactos en Estados Unidos para obtener sanciones personales contra ministros, como la suspensión de visas y la aplicación de la Ley Magnitsky, y sanciones económicas para Brasil, como el “tarifazo” aplicado por Donald Trump en 2025.

La Ley Magnitsky permite a Estados Unidos condenar a ciudadanos extranjeros por corrupción, y Marco Rubio sugirió utilizarla contra Alexandre de Moraes, por su rol en la condena del expresidente Bolsonaro. Las sanciones contra de Moraes terminaron siendo retiradas en diciembre de 2025.

La defensa del exdiputado argumenta que Moraes debería ser declarado inelegible para juzgar el caso por falta de imparcialidad y que la Fiscalía General “confunde la acción política con el poder de coacción” al referirse a las acciones de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Además, sostienen que no existen pruebas de delito alguno por parte del acusado, cuyas declaraciones estaban amparadas por la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión.

Este juicio llega en un momento complicado en las relaciones Lula-Trump: ambos acaban de sacarse la foto en la cumbre del G7, pero el estadounidense está amenazando con nuevas tarifas y criticando al judicial brasileño.

La condena podría generar un nuevo desafío para el liderazgo del presidente de la Corte Suprema, Edson Fachin, al abrir un nuevo punto de fricción entre Brasil y Estados Unidos. Fachin se ha quejado de “presiones externas” de otros países que limitan el ejercicio de la función del tribunal.

El Primer Panel del Tribunal Supremo Federal (TSF) está integrado por los magistrados Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, además de Moraes. Este mismo grupo condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión. Según informó O Globo, se espera que los magistrados utilicen el juicio para enviar un mensaje sobre las actividades de miembros de la familia del expresidente Jair Bolsonaro en Estados Unidos, en connivencia con la administración de Donald Trump.

Dado que no ha contratado a su propio abogado, Eduardo será defendido por la Defensoría Pública brasileña. La agencia solicitará un aplazamiento de la sesión hasta que el panel esté completo nuevamente: el Primer Panel ha estado incompleto desde la salida del magistrado Luiz Fux. Sin embargo, se prevé que la solicitud sea denegada.

En la misma sesión de ese juicio, Moraes enfatizó, sin mencionar a Eduardo Bolsonaro, que a lo largo del proceso en el que el exjefe del poder ejecutivo era acusado, “se observó la existencia de una conducta deliberada y consciente por parte de una verdadera organización criminal”. “Comenzó a actuar de manera cobarde y traicionera con el objetivo de intentar coaccionar al Poder Judicial y someter el funcionamiento de la Corte al escrutinio de otro Estado extranjero”, indicó el magistrado.

El juicio se ve enmarcado por nuevas tensiones entre ambos países. Las discrepancias entre Brasil y Estados Unidos se han intensificado tras la conclusión del gobierno estadounidense de una investigación comercial y su propuesta de imponer aranceles del 25% a los productos brasileños.

Según un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Brasil ha adoptado prácticas consideradas “irrazonables” que perjudicarían a las empresas estadounidenses, incluyendo las normas sobre Pix (un sistema de pagos instantáneos brasileño), las políticas ambientales, la lucha contra la corrupción y la protección de la propiedad intelectual. La medida aún no ha entrado en vigor y se encuentra en proceso de consulta pública antes de la decisión final, prevista para julio.

Esto ocurre justo en el momento de la cumbre del G7, en Evian les Bains, Francia, donde Brasil fue invitado y por lo cual Lula da Silva está presente. Este martes, Lula y Trump posaron para la foto general, pero según indicaron los medios brasileños, no se habrían saludado mutuamente.

La justicia brasileña no solo lidia con las presiones estadounidenses, sino también con la justicia italiana. Esto, ya que el mes pasado la Corte de Casación italiana se negó a extraditar a la ex diputada Carla Zambelli, que se encuentra en el país europeo después de contratar a un hacker para emitir una orden de arresto falsa contra Alexandre de Moraes, luego de que este último condenara a la cárcel a Jair Bolsonaro.

El magistrado brasileño Edson Fachin mostró su preocupación al respecto, y aseguró que la exdiputados contaba con todas las garantías judiciales para enfrentar sus acusaciones. Fachin afirmó que la Corte Suprema actuó de forma independiente e imparcial al juzgar el caso. Además, el presidente de la STF recalcó que se le garantizó a la exdiputada el debido proceso y el derecho a una defensa plena.

“En este caso, la Fiscalía General presentó cargos por los delitos de acceso no autorizado a un sistema informático y falsificación de documentos. Los cargos fueron aceptados por unanimidad por la Primera Sala, que ratificó las decisiones del magistrado único, el eminente relator, el ministro Alexandre de Moraes”, agregó.