Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes un paquete de medidas que endurece su política migratoria y que permitirá la creación de centros de retorno para personas con solicitudes de asilo rechazadas fuera del territorio europeo.

La propuesta, impulsada por la Comisión Europea, deberá ahora ser ratificada por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.

Reunidos en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer visto bueno a un conjunto de reformas que también incluye sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar la UE y la posibilidad de trasladar a migrantes a países considerados “seguros”, aunque no sean sus naciones de origen.

La votación se produjo en un contexto de presión política creciente por el avance de partidos de derecha y extrema derecha en Europa, pese a que las entradas irregulares han caído un 20% respecto al año anterior. “Es importante transmitir a los ciudadanos la sensación de control”, señaló el comisario europeo Magnus Brunner.

Dudas en España y Francia

Aunque la mayoría de los países apoyó el paquete, algunos gobiernos expresaron reservas. España manifestó su escepticismo sobre la eficacia de los centros de retorno, recordando experiencias previas fallidas en otros países. Francia, en cambio, planteó dudas sobre la legalidad y efectividad de ciertas propuestas.

Según el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantener esta posición se vuelve “difícil”, debido a la fuerte presión de otros Estados miembros.

Las medidas cuentan con el respaldo de eurodiputados de derecha y extrema derecha, quienes sellaron la semana pasada una alianza en el Parlamento Europeo. Algunos dirigentes esperan que el paquete sea aprobado de manera definitiva a comienzos del próximo año.

Asimismom diversas organizaciones que trabajan con migrantes denunciaron que las medidas vulneran derechos fundamentales. “La UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”, afirmó Silvia Carta, de la red PICUM.

Nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo

Los Estados miembros también acordaron un mecanismo de redistribución para apoyar a los países más presionados por las rutas migratorias, como Italia y Grecia. La fórmula exigirá que el resto de los países reciba a una cuota de solicitantes de asilo o, en su defecto, aporte una contribución financiera de 20.000 euros por cada solicitante que decidan no acoger.

La implementación del sistema está prevista para junio. Los detalles de la distribución serán confidenciales, dado el bajo número de países dispuestos a recibir solicitantes reubicados.