Raúl Torrealba en Vitacura, Miguel Ángel Aguilera en San Ramón o José Luis Yáñez en Algarrobo.

La corrupción municipal en Chile no ocurre igual en todas partes ni responde a una sola lógica.

Esa es una de las principales conclusiones del estudio realizado por el investigador Martín Ordóñez, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, quien analizó empíricamente los patrones de corrupción en 342 municipalidades entre 2015 y 2022, el último año con los datos que encontró disponibles.

La mecánica del estudio fue utilizando auditorías con resultados finales de la Contraloría General de la República y datos del sistema de compras públicas. Así, el informe distingue entre dos formas de corrupción: las irregularidades funcionarias y las licitaciones poco competitivas, y cómo estas se relacionan con características estructurales, económicas y sociales de cada comuna.

“Generalmente hablamos de la corrupción como una sola cosa, pero este estudio muestra que son fenómenos distintos que predominan en contextos distintos”, explica Ordóñez. Y añade: “Las irregularidades administrativas tienden a concentrarse en municipios más pobres, rurales, con menos funcionarios y estructuras burocráticas débiles. En cambio, la corrupción en compras públicas aparece con más fuerza en comunas urbanas, con grandes presupuestos y aparatos administrativos complejos”.

Formas de corrupción

Por un lado, el estudio detectó 33.573 faltas graves en auditorías realizadas por la Contraloría entre 2015 y 2022.

El promedio es de 98,2 faltas por municipio auditado. Este tipo de irregularidad está asociada negativamente al tamaño de la planta funcionaria: mientras más pequeña, más probabilidades de que ocurran errores o transgresiones graves.

“Hay contextos donde la precariedad institucional es tan alta que las faltas pueden deberse tanto a malas prácticas como a desconocimiento”, apunta Ordóñez.

Por otro lado, la corrupción en compras públicas fue medida a través de tres variables: licitaciones adjudicadas a un solo oferente, procesos abiertos por menos de cuatro días hábiles y aquellas que cumplen ambas condiciones.

Entre 2015 y 2022 se registraron más de 70 mil licitaciones no competitivas. Y estas -a diferencia de las faltas administrativas- aumentan con el tamaño de la comuna, sus ingresos totales y la presencia de corporaciones municipales.

“El fenómeno de las licitaciones irregulares se da más donde hay más dinero circulando y donde las estructuras administrativas permiten esconder ciertas decisiones”, resume el investigador. “Una burocracia grande no significa necesariamente más control, sino que también puede facilitar formas de corrupción más sofisticadas”, suma.

Sin efecto político

Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que las variables políticas -años del alcalde en el cargo, proporción de votos obtenidos o la composición del concejo municipal- no mostraron una asociación significativa con ninguno de los indicadores de corrupción. Es decir, el tiempo en el cargo o el respaldo político no serían factores determinantes para explicar las malas prácticas.

“Quizás hemos descansado demasiado en la idea de que la corrupción se da solo cuando los alcaldes llevan mucho tiempo en el poder. Pero también hay alcaldes recién electos que pueden encontrar y aprovechar vacíos en la administración”, sostiene Ordóñez, añadiendo que “lo que parece más relevante son las condiciones estructurales de la comuna, más que el liderazgo político en sí”.

Además, sobre los concejos municipales, el estudio sugiere que su capacidad fiscalizadora es limitada: “Muchos concejales tienen pocos recursos y, aunque por norma debieran cumplir un rol de control, en la práctica la ciudadanía les exige otro tipo de tareas”.

Otro hallazgo clave del estudio es que las comunas con menos juntas de vecinos por habitante tienden a tener más corrupción en compras públicas.

Esto apunta a una relación entre menor organización comunitaria y mayor vulnerabilidad institucional. “La sociedad civil activa y organizada puede cumplir un rol fiscalizador relevante, pero muchas veces este rol no se cumple o se ve debilitado por la desconexión con la política”, reflexiona Ordóñez.

Sin embargo, advierte que ese control social no siempre se traduce en castigo electoral. “Hay alcaldes que han sido reelegidos cómodamente pese a denuncias o antecedentes de corrupción. En algunos casos pesa más la cercanía, el carisma o el hecho de que ‘roban pero hacen’”, dice.

Pese a las variaciones anuales, el estudio no detectó grandes mutaciones en la forma de corrupción entre 2015 y 2022. Eso sí, reconoce que algunas prácticas -como las licitaciones breves y no competitivas- aumentaron hacia el final del período, aunque no se puede establecer una tendencia definitiva.

A su vez, consultado acerca del límite temporal de su análisis, Ordóñez explica que se debe a la disponibilidad de datos: “Muchos informes de auditoría de la Contraloría tienen procesos largos, y para 2023 y 2024 aún no había suficientes casos cerrados al momento del análisis”.