Mucha agua ha pasado bajo el puente desde que el 24 de enero el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, estuvo frente a frente -mediante una comunicación telemática- con quien entonces aún era una histórica dirigente política y senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende Bussi. Un mes y medio después el Tribunal Constitucional (TC) la destituiría de su cargo, tras establecer que había vulnerado la prohibición que existe para parlamentarios de celebrar contratos con el Estado.

Si bien en ese primer “cara a cara” donde Cooper, sin mediar querella, había determinado la calidad de imputada de Allende en el caso y, por ende, la citó a declarar bajo esa advertencia, la entonces congresista y su defensora, Paula Vial, decidieron guardar silencio. Eso, hasta ahora.

Este viernes la militante socialista, quien ya no ostenta cargo público alguno, será interrogada por su rol en la fallida compra por parte del Estado de la casa de calle Guardia Vieja, de propiedad de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según pudo constatar este medio, esta vez -a diferencia de lo ocurrido en enero- la socialista renunciará a su derecho a guardar silencio y responderá todas las consultas del equipo que es liderado por el fiscal Cooper.

Esta será la primera vez que explique también, en sede judicial, si es que realizó alguna gestión o llamada telefónica para agilizar los trámites de la adquisición del inmueble que, tal como era el deseo del Presidente Gabriel Boric, se convertiría en un museo. Y si los dichos de Crispi, captados en otra investigación penal, eran ciertos o no.

Desde su defensa confirmaron la información a La Tercera: “La abogada Paula Vial informó que el próximo viernes 16 la señora Isabel Allende realizará su declaración ante la Fiscalía. Ello en el marco de la investigación en curso”.

“Mi cliente colaborará como corresponde”, sostuvo .

¿Qué dirá de Crispi?

Cuando la senadora Allende fue destituida por el TC mucho se habló de cuáles eran las implicancias que podría tener esta decisión en la causa penal. Y es que hasta ese momento solo se sabía que existían sospechas del delito de fraude al Fisco y que ese era el supuesto ilícito por el cual se había abierto una investigación penal en su contra.

Sin embargo, tal como reveló La Tercera hace unas semanas, Cooper investigaba secretamente a la senadora desde el 8 de enero, fecha en la cual determinó abrir una causa judicial por el presunto delito de tráfico de influencias.

Todo esto se originó cuando en medio de una escucha telefónica el 7 de enero al entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), por el caso ProCultura, el fundador de Revolución Democrática deslizó supuestas presiones indebidas por parte de la senadora para que el gobierno agilizara la adquisición del inmueble en cuestión.

Para esa época el teléfono del asesor del Ejecutivo ya contaba con autorización de un tribunal para ser interceptado, en medio de otra investigación por corrupción que también tramita Cooper: el caso ProCultura.

Crispi era sujeto de interés para la Fiscalía debido a que -mientras se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional- validó a ProCultura para firmar un convenio por $630 millones con el Gore de Antofagasta, decisión por la que fue querellado por diputados del Partido Republicano y la UDI.

Cuando ese 7 de enero Crispi hablaba con su progenitora, al otro lado un detective tomaba nota. Y fue, justamente, el tono de esa conversación lo que hizo que la PDI incluyera en el Informe Policial N°14, del 8 de enero de 2025, la transcripción de lo que el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda le había confidenciado a su madre, ya que, a juicio de la Brigada Anticorrupción, se trataría de un “hallazgo casual relevante”.

Tras revisar el informe, el fiscal jefe Eduardo Yáñez determinó separar esa pieza investigativa del caso ProCultura e iniciar una nueva investigación por el delito de tráfico de influencias. ¿La explicación? Crispi en la conversación -a juicio de los investigadores- deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre.

El pinchazo

En la señalada conversación -según quienes conocen del tema- Crispi le respondió a su madre que también había “mucha responsabilidad” del abogado de la familia y de la propia Allende en toda la situación.

Serrano: “¿Ella lo pidió?”

Crispi: “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee en la transcripción.

Serrano: “Qué increíble”.

Sobre la misma, menciona a Maya Fernández y califica a la familia Allende como “totalmente incompetente”.

Tras darse a conocer, y mediante un comunicado, Isabel Allende manifestó en esa oportunidad que “lo dicho por el Sr. Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del gobierno. Que el Sr. Crispi explique sus dichos a la brevedad".

Ahora será la oportunidad de que reitere y profundice su visión del llamado que abrió la causa por tráfico de influencias en su contra.