Esta es la primera entrevista que da el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, tras ser nombrado el 30 de septiembre recién pasado.

Una tarea que comienza en un escenario tenso para Cavieres -ingeniero forestal y exdirector ejecutivo de Conaf-, pues se da en el contexto de la arremetida del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Maisa Rojas, que busca blindar 99 sitios prioritarios y cerca de 4 millones de hectáreas para protegerlas con mayores medidas de conservación. Dicho proceso se enmarca dentro de la meta del Ejecutivo de proteger al menos el 30% del territorio nacional.

Pero la reciente ofensiva levantó críticas del sector minero e inmobiliario, las que justamente Cavieres busca aplacar en un proceso de conversaciones mandatado por la ministra Rojas, el que comenzó este martes con reuniones con los actores.

¿Sirve en la práctica crear un sitio prioritario? La Ley 21.300 define ciertas prohibiciones, pero se recalca que eso no corre para quienes tienen permisos.

Un sitio prioritario es valioso por la conservación de la biodiversidad. Lo que se hace es, algo que ya estaba definido, enmarcarlo en la ley. Lo que se busca son mecanismos para lograr la conservación de ese patrimonio, pero a la vez permitiendo actividades, porque no es un sitio declarado bajo protección oficial. Esto fue producto de una ley, no es que sea un invento de uno.

Pero se piensa que es el primer paso para luego transformarlas en áreas protegidas, donde hay más prohibiciones sobre las actividades.

No, no es el primer paso para eso. No tiene esa pretensión. Busca proteger un área y mantener su valor, pero sabiendo que hay una actividad productiva en el área. Esas zonas no tienen las condiciones para ser área protegida, pero sí tienen componentes valiosos que no queremos perder como país. Los sitios prioritarios son áreas donde la ley misma pone ciertos instrumentos para ayudar a la conservación y a la vez coloca ciertos límites para las actividades productivas, pero busca mantenerlas.

En la Sociedad Nacional de Minería criticaron que hay 273 instalaciones mineras en los 99 sitios prioritarios.

Muchos de estos sitios son preexistentes. Y tenían instrumentos tal vez menores para estimular la conservación, pero los tenían y además existían las leyes sectoriales. Lo que rige en esos sitios prioritarios son todas las resoluciones y calificación ambiental que están vigentes. Siguen vigentes y no se alteran. Y en el caso de la minería más pequeña que no está sujeta a pasar por el sistema de regulación de impacto medioambiental, lo que se tiene son el conjunto de regulaciones que hoy existen. No agrega ninguna. Simplemente se coloca en discusión el tema.

¿No afecta en nada?

A los proyectos mineros que hoy están presentes no hay ninguna afectación. Si una actividad minera pequeña quiere moverse a otro punto, va a tener que hacer lo mismo que probablemente ya ha hecho: ir al SAG, una vez más, pedir sus permisos y validarlos y con eso queda habilitado.

En el rubro inmobiliario se criticó que muchos proyectos ya estaban regulados.

Cuando alguien está regularizado está okey. Hay casos en que los polígonos se sobreponían con áreas que ya están totalmente urbanizadas. Eso lo está viendo el ministerio, porque está a cargo de todo el proceso de consulta y ha regularizado esos polígonos de tal modo de no comprender áreas que están afectas a actividades ya existentes. Entonces, también se ha cortado ese pedazo porque ya no es parte del sitio privado. Si las áreas ya están regularizadas, no cambia en absoluto. Incluso hay áreas que adquieren más valor, los humedales urbanos, por ejemplo. Hoy día incluso inmobiliarias están interesadas en estar al lado de un humedal urbano porque la gente quiere disfrutar de eso.

Pero a largo plazo podrá haber más incertidumbre si después se van a convertir en áreas protegidas.

El proceso de declaración de una área protegida tiene un conjunto mucho más amplio de exigencias. No cualquier área se declara de protegida. No veo que eso vaya a ocurrir. No está tampoco planificado.

La industria critica que no existe un reglamento en la ley respecto de cómo declarar un sitio prioritario.

Esto se hace bajo un marco legal claro. El artículo octavo transitorio de la ley dice que para el tránsito entre esos sitios existentes y los futuros, va a haber un decreto que va a permitir transitar y eso se está haciendo. Se hace la consulta pública, se ven los sitios, se considera la actividad presente. El ministerio no se ha salido un ápice de la ley. El reglamento se está trabajando y, a la larga, todos estos sitios que se están estableciendo van a quedar normados por el reglamento.

Esta ley es de 2023. ¿Cómo no se ha logrado hacer un reglamento hasta ahora?

Son un número muy alto de reglamentos. Está en elaboración, está avanzado, en consulta indígena.

¿No habría sido mejor esperar a que el reglamento estuviera listo para iniciar la declaración de los sitios prioritarios?

No necesariamente, porque son relativamente independientes. Se establece la declaración de los sitios, que además tiene una larga historia. Sin embargo, lo que va realmente a definir el qué pasa con los sitios, que es la preocupación que hay, va a estar en el reglamento.

La crítica apunta a que esto se hizo de forma apurada y para tener más legado que mostrar antes del fin del gobierno.

Este proceso ya lleva su tiempo. Partió en septiembre la consulta. No veo que tenga esa intención, tiene la intención de ir completando el conjunto de instrumentos para conservar la biodiversidad.

¿Cuánto puede influir realmente la consulta ciudadana? La industria no le tiene fe.

Este es uno de los ministerios que más consultas hace a la ciudadanía. Además, las consultas tienen un mandato claro.