El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue presentó este sábado su contestación formal a la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso, un escrito de 46 páginas donde su equipo jurídico intenta desarticular por completo el libelo interpuesto por un grupo de parlamentarios.

Al respecto, la defensa sostiene que ”no existe una sola prueba directa que lo vincule a actos ilícitos", que la acusación está “mal construida” y que parte de sus capítulos se sustentan en hechos “aparentados”, tomados de investigaciones dirigidas a terceros.

El documento fue ingresado a la comisión revisora que actualmente analiza el caso y constituye, hasta ahora, la defensa más completa del magistrado desde que estalló el escándalo que remeció al Poder Judicial.

De la “trama bielorrusa” a la suspensión del ministro

La acusación contra Simpertigue se desarrolla en un contexto especialmente sensible para el Poder Judicial. Su nombre comenzó a ser mencionado luego de que se revelaran fallos favorables al consorcio Belaz Movitec (CBM), investigado por el Ministerio Público por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Por esa causa permanecen en prisión preventiva los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de Gonzalo Migueles, pareja de la destituida ministra Ángela Vivanco.

El máximo tribunal abrió un sumario administrativo contra Simpertigue el 14 de noviembre, a cargo del fiscal judicial Jorge Pizarro.

El ministro incluso interrumpió sus vacaciones para declarar recientemente en Tribunales. Ayer, el Poder Judicial anunció su suspensión por dos meses, medida que empezará a regir este 9 de diciembre.

Paralelamente, el Congreso tramita una acusación constitucional compuesta por tres capítulos: supuestas faltas a la probidad e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec, eventuales conflictos de interés en nombramientos notariales, y un tercer capítulo sobre decisiones relacionadas al caso Fundamenta.

El próximo martes 9 de diciembre, Simpertigue fue citado a defenderse ante la comisión revisora, que ya advirtió que seguirá adelante “en rebeldía” si el ministro no comparece.

Lo que sostiene la defensa

La contestación ingresada este sábado es un texto extenso, argumentado y acompañado de documentos anexos que apuntan a demostrar que las imputaciones del libelo no alcanzan el estándar constitucional de “notable abandono de deberes”.

Desde el inicio, la defensa acusó que “la acusación se construye sobre conjeturas, no sobre hechos”, y sostiene que el libelo se apoya en la idea de que el ministro habría replicado conductas reñidas con la probidad similares a las que se investigan en terceros.

“Ello no solo es falso -afirma el escrito-, sino que vulnera el principio básico de que la responsabilidad constitucional es personalísima”.

En ese tenor, el documento dedica un apartado especialmente detallado al litigio entre Codelco y CBM, eje central del primer capítulo de la acusación.

La defensa explica que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas de forma colegiada, que la designación de ministro redactor -función que se le atribuye con sospecha- sería parte natural del trabajo judicial y que todas sus actuaciones en la causa se encuentran registradas formalmente y no muestran irregularidad alguna.

Para respaldar aquello, se adjuntan actas, acuerdos de sala y documentos que describen la secuencia procesal.

En el escrito, también se refuta la existencia de conflictos de interés en el nombramiento de un notario, señalando que dicho nombramiento ocurrió antes de que Simpertigue llegara a la Suprema, lo que impediría incluso hipotéticamente la existencia de influencia indebida.

Asimismo, el texto recalca que la designación interina, al contrario de lo que insinúa el libelo, no dependería de los ministros del máximo tribunal del país.

Sobre el capítulo relativo a Fundamenta, la defensa argumenta que se intenta imputar al ministro decisiones doctrinarias o posiciones jurídicas legítimas como si fueran irregularidades, afirmando que “la acusación confunde discrepancias interpretativas con faltas disciplinarias”.

“El proceso está contaminado”

Uno de los puntos más subrayados en la contestación es la denuncia de un supuesto “prejuzgamiento” que afectaría la imparcialidad del proceso legislativo.

Al respecto, el escrito afirma que declaraciones públicas de parlamentarios antes dela presentación del libelo, así como la cobertura periodística del caso, han generado una “presión indebida” y un ambiente adverso para la debida ponderación de los hechos.

El abogado de Simpertigue, Felipe Lizama, advierte que “cuando se persigue a un ministro de la Corte Suprema sin prueba directa, movidos por la presión mediática o política, se vulnera gravemente la independencia judicial”, y sostiene que el mecanismo de acusación constitucional debe utilizarse de manera excepcional y no como reacción automática a controversias públicas.

En el documento también pide a la comisión revisora declarar la caducidad de parte de los cargos, argumentando que algunos hechos imputados no cumplen los plazos ni las condiciones que la ley establece para una acusación constitucional.

En otros casos, asegura que los hechos habrían sido interpretados incorrectamente o estariian extrapolados desde investigaciones penales donde el magistrado no figura como imputado ni investigado, rematando que el nombre de su representad solo aparece vinculado “por extensión mediática”, y no por pruebas.