Al igual que su pareja, Gonzalo Migueles, formalizado en noviembre del año pasado, y en un hecho inédito en la historia de la Corte Suprema, la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco deberá cumplir con una medida cautelar de prisión preventiva, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos por coimas que habría recibido siendo magistrada.

Vivanco fue detenida la noche del domingo por Carabineros, en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa.

Tras cuatro jornadas de audiencia de formalización, el juez Cristián Sánchez, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dio a conocer su resolución este mediodía respecto a la petición que hizo el Ministerio Público para que la imputada quede privada de libertad.

En su argumentación, Sánchez hizo ver que los antecedentes dan cuenta que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”.

Sánchez arguyó la autoría de Vivanco en los delitos de cohecho y lavado de activos. Esto, basado en las pruebas que presentaron los querellantes -CDE, Codelco y Organización de Trabajadores Judiciales- y el Ministerio Público sobre presuntas maniobras para favorecer a CBM mientras presidía la tercera sala de la Corte Suprema.

Como consecuencia de los hechos leídos, el juez mencionó que se “afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”.

Tras la resolución, se estableció un plazo de 90 días para la investigación.

El Ministerio Público sostiene que el abogado Mario Vargas, que mantenía una relación cercana con Vivanco y Migueles, y su socio Eduardo Lagos, sobornaron a la pareja, pagando al menos $90 millones para resultar favorecidos en una disputa que mantenía con Codelco el consorcio de la estatal bielorrusa Belaz y la empresa chilena Movitec.

Codelco debió desembolsar cerca de 17 mil millones de pesos a Belaz-Movitec por los fallos que dictó la Corte Suprema en ese litigio y que favorecieron al consorcio que estaba siendo representado por Lagos y Vargas.

La otrora magistrada pasará los días en el módulo “Capitán Yaber Femenino” de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

El tribunal, considerando alegaciones que hizo el abogado Jorge Valladares, defensor de la exjueza, sobre la edad (cumplirá 63 años el 9 de marzo) y salud de su representada, dispuso que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería se entreviste con la imputada y su equipo médico, para disponer su acceso a la medicación y tipo de alimentación que requiera.

“Su estado es muy complicado”, afirmó Valladares, agradeciendo esta disposición del tribunal.

El abogado confirmó que apelarán dentro de los próximos cinco días.

Tras la audiencia, Luppy Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado, valoró la resolución del tribunal, calificándola de robusta.

“La razón por la cual está en prisión preventiva es porque se cumplen los criterios que establece la ley para estos efectos, sin importar en sí mismo su calidad de exministro de la Corte Suprema, sin perjuicio que el carácter del delito obviamente se le ha agravado por esas circunstancias”, manifestó Aguirre.

También valoró el dictamen el abogado Julián López, representante de la querellante Codelco.

“Codelco desde el primer día ha ejercido una acción muy decidida y muy contundente para proteger su patrimonio, recuperar su patrimonio y para perseguir las responsabilidades civiles y penales que este caso implica. En este momento la causa penal está concentrada en perseguir esas responsabilidades penales y la resolución de hoy día ratifica la contundencia de los antecedentes que se han reunido”, sostuvo.

Asimismo, la fiscal del caso, Carmen Gloria Wittwer, destacó la robustez de la evidencia presentada durante la formalización por el Ministerio Público y mencionó que están “conformes con el fallo”.

Los otros imputados, Migueles, Lagos y Vargas, están en prisión preventiva desde noviembre, en tanto, los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle y el dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada Harold Pizarro quedaron con arresto domiciliario total tras ser formalizados por lavado de activos hace dos semanas.