Al igual que su pareja, Gonzalo Migueles -formalizado en noviembre del año pasado-, y en un hecho inédito en la historia de la Corte Suprema, la exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos por coimas que habría recibido siendo magistrada.

Vivanco fue detenida la noche del domingo 25 de enero por Carabineros, en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Los Lagos por la llamada trama bielorrusa.

Así, tras cuatro jornadas de audiencia de formalización, el juez Cristián Sánchez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dio a conocer su resolución, argumentando que tras analizar los antecedentes pudo concluir que Vivanco “ejecuta directamente actos ilícitos”.

Sánchez arguyó la autoría de Vivanco en los delitos de cohecho y lavado de activos. Esto, basado en las pruebas que presentaron los querellantes -CDE, Codelco y Organización de Trabajadores Judiciales- y el Ministerio Público sobre presuntas maniobras para favorecer al Consorcio Belaz Movitec (CBM) mientras presidía la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Como consecuencia de los hechos, el juez mencionó que se “afectó la integridad del sistema de justicia, sobre todo la independencia externa que deben mantener los jueces, dañando la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre el sistema de justicia”.

En este caso, cabe hacer presente, el Ministerio Público sostiene que el abogado Mario Vargas, que mantenía una relación cercana con Vivanco y Migueles, y su socio Eduardo Lagos, sobornaron a la pareja, pagando al menos $90 millones para resultar favorecidos en una disputa que mantenía la empresa que representaban, CBM, con Codelco.

Inicialmente, la otrora magistrada se mantendrá en el denominado “Capitán Yáber Femenino”, un módulo especial al interior de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

Considerando las alegaciones que hizo el abogado Jorge Valladares, defensor de la exjueza, respecto de su edad (cumplirá 63 años el 9 de marzo) y su situación de salud, el tribunal dispuso que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería se entreviste con la imputada y su equipo médico, para disponer su acceso a la medicación y alimentación correspondiente.

“Su estado es muy complicado”, afirmó Valladares, agradeciendo esta disposición del tribunal. Con todo, confirmó que apelarán a la decisión dentro de los próximos cinco días.

La declaración de Lagos

Uno de los puntos más polémicos de la formalización fue el uso por parte de los querellantes de la declaración del abogado Eduardo Lagos, la cual no cuenta con su firma y fue impugnada por el defensor de Vivanco, quien criticó el uso de esta al “esgrimir contenido ideológico que no tiene pronóstico real de ser utilizado”.

Sobre esto, Sánchez afirmó la licitud de tal declaración. Esto desde el “momento que el único interviniente que puede desconocerla la validó judicialmente el 16 de enero de 2026, cuando solicita la revisión de su régimen privativo de libertad fundado en la colaboración que prestó en la declaración”.

La fiscal Wittwer valoró la decisión del magistrado y también se refirió a la denuncia realizada por Lagos: “Que él haya denunciado a un fiscal por apremios legítimos es una investigación que está realizando otra fiscalía regional. Por supuesto para resguardar el principio de objetividad. No tenemos temor ni preocupación en eso porque sabemos perfectamente cómo ocurrieron los hechos”.

De cualquier forma, la validez de la declaración -y si puede ser usada en el juicio oral- será resuelta el próximo 10 de febrero.

Se acreditan los hechos

En su fallo, Sánchez desestimó el argumento de la defensa en torno a la vaguedad de los antecedentes. El juez afirmó que los hechos expuestos por el Ministerio Público y los querellantes son ”abundantes en indicios precisos y determinados (...). Los mismos se articulan unos con otros para generar una presunción sólida de cada uno de los delitos imputados y la participación de la señora Vivanco a título de autora”.

El magistrado también acreditó la relación de amistad entre Vivanco, su pareja y la dupla de abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas. En este sentido, estimó que los delitos de cohecho que se le imputan al favorecer al consorcio representado por sus amigos “solo resultan explicables por la participación o intervención de la señora Vivanco”.

Asimismo, en torno al delito de lavado de activos el cual el defensor denominó solamente “gasto”, el juez acreditó este ilícito: “Toda vez que ella (Vivanco) y su pareja ingresaron tales recursos al sistema financiero y comercial”, realizando viajes con tal capital obtenido presuntamente a través del delito de cohecho.

Por otro lado, antes de pronunciar la prisión preventiva, el magistrado se refirió al alegato de la defensa en torno a la regla sobre protección a las personas mayores. Sobre esto, Sanchez afirmó que “este es un hecho cierto. La regla antes invocada establece ciertas condiciones para el tratamiento de medidas cautelares que pudiesen privar de libertad a una persona adulta, pero la regla no establece una prohibición de encarcelamiento”.

Reacciones

Tras la audiencia, Luppy Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado, valoró la resolución del tribunal, calificándola de robusta.

“La razón por la cual está en prisión preventiva es porque se cumplen los criterios que establece la ley para estos efectos, sin importar en sí mismo su calidad de exministro de la Corte Suprema, sin perjuicio que el carácter del delito obviamente se le ha agravado por esas circunstancias”, manifestó Aguirre.

También valoró el dictamen el abogado Julián López, representante de la querellante Codelco. “Codelco desde el primer día ha ejercido una acción muy decidida y muy contundente para proteger su patrimonio, recuperar su patrimonio y para perseguir las responsabilidades civiles y penales que este caso implica. En este momento la causa penal está concentrada en perseguir esas responsabilidades penales y la resolución de hoy día ratifica la contundencia de los antecedentes que se han reunido”, sostuvo.

Asimismo, la fiscal del caso, Carmen Gloria Wittwer, destacó la robustez de la evidencia presentada durante la formalización por el Ministerio Público y mencionó que están “conformes con el fallo”.

Los otros imputados, Migueles, Lagos y Vargas, están en prisión preventiva desde noviembre, en tanto, los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto Sergio Yáber y de Chillán Yamil Najle y el dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada Harold Pizarro quedaron con arresto domiciliario total tras ser formalizados por lavado de activos hace dos semanas.