Así operaban los jóvenes que se transformaron en los capos de las armas 3D
Más de 14 grupos en aplicaciones de mensajería administrados por cinco imputados habilitaron una de las más grandes redes de tráfico de armamento de la que se tenga registro. La edad de los cabecillas iba desde los 17 hasta los 38 años.

“Hermano, yo tengo cualquier experiencia con la impresora 3D”. Era febrero de 2025 cuando Bastián Guzmán Leiton (19), alias el “Clearmiel”, mantuvo una conversación telefónica que para la PDI fue clave para conocer su rol en una de las más relevantes asociaciones criminales dedicada al tráfico de armas en Chile. En ese diálogo, junto con hacer alarde de su maestría, le comentaba a su interlocutor que había terminado recién una nueva pistola que vendería.
Guzmán, con residencia en Iquique, fue uno de los más vanguardistas en la confección de armas 3D. Usando la chapa Manolo_920, se movía por cuatro chats de venta de armas y coordinaba entregas con otros imputados.
Sin embargo, tuvo un desenlace que ni la policía esperaba. El 7 de marzo de este año, luego de mantener una discusión con su pareja, tomó la decisión de quitarse la vida con una de las armas que él mismo hizo, una Harlet calibre .22. Pese a que el arma funcionó, el sujeto no falleció, quedando en estado vegetal.
“Fue uno de los primeros armeros 3D. Además, uno de los primeros en hacer un nuevo modelo que es casi una subametralladora”, comenta el inspector de la Brigada Contra Crimen Organizado (Brico) de la PDI Matías Morales.
“Clearmiel” es uno de los más de 59 imputados en una extensa red que incluía varios menores de edad y que involucró a una carabinera activa y un exfuncionario de Ejército. La investigación, que está llevando la Fiscalía Supraterritorial, tuvo su primer hito hace algunos días, cuando 48 imputados quedaron en prisión preventiva, ocho en internación provisoria en centros de menores y tres con medidas menos gravosas.

Los “certeros”
Guzmán no era el único que tenía un rol destacado en la orgánica. Para los investigadores era vital el trabajo que cumplían los cinco administradores respecto de 14 chats de WhatsApp y Telegram. Entre ellos estaba Maximiliano Seguel Aravena (18), apodado el “Gollo”, panadero oriundo de Los Ángeles.
La particularidad de este sujeto está dada porque era uno de los más férreos encargados de los chats. En su caso, era administrador de cuatro grupos y, al alero de ellos, vendió, compró o celebró convenciones respecto de una serie de armas y municiones.
El “Gollo”, como los otros administradores, controlaba quién entraba y quién no a los canales, eliminaba a quienes no cumplían y hacía notar su experiencia. “Oe, pónganse serios y no me funen el grupo kl, va pa to”, se lee en los mensajes que los investigadores le interceptaron.
Un término habitual entre los imputados para referirse a quienes podrían sumarse a los diferentes grupos era “certeros”, que correspondía a aquellos sujetos que probaron que estaban realmente interesados en transar distintos elementos.
Otro de los coordinadores era Juan Norambuena Díaz (19), alias “Positivo 6.5″ o “Sengy”. Manejaba tres chats y participaba de otros siete. Se acreditó que, junto a otro imputado, vendió a un agente revelador un arma de fabricación 3D, modelo “Harlet” calibre .22, y que también comercializó municiones.

También en ese rol estaba Freddy Carreño Guzmán (26), conocido como “FF”. Administraba otros cuatro grupos. Un agente revelador logró que le vendiera más de 40 cartuchos calibre 9mm, se advirtió que retiró una pistola a fogueo que le envió otro imputado, y que envió por Starken otras dos pistolas a fogueo.
El mayor de todos los administradores era Pablo Rodríguez Valderrama (38), conocido en el rubro como “Paranoia”. El imputado controlaba dos grupos y participaba activamente de cinco más. Entre los hechos que se le atribuyen está la venta a un agente revelador de 50 cartuchos calibre 7.62, la venta de 75 cartuchos calibre 12 y también la compra de municiones.
El quinto administrador, el único menor de edad, era J.L.O.H. (17), alias “Anti Yuta” o “Amaxis”, quien operaba junto a Carreño en varios grupos. Se le atribuye la creación de dos grupos en WhatsApp. “Anti Yuta” era igual de duro para sacar a quienes incumplían con las reglas del chat.
Estos cinco imputados asoman como la base de una organización horizontal. Manejaban los grupos, establecían las reglas, se aseguraban de que no ingresaran sapos y validaban quiénes eran confiables -los “certeros”- para que pudiesen sumarse a las redes. Parte importante de la ganancia que tenían era situarse como “referentes” del tráfico.

Un antes y un después
Fueron más de dos mil los sujetos que circularon por 14 chats privados donde se comercializaban las armas. No solo eran armas digitales, también había armas convencionales. Dos de ellas, de acuerdo a los informes policiales, pudieron ser robadas en Argentina. Desde octubre de 2024, cuando se inició la investigación, hasta el 15 de julio de 2026 se incautaron 90 armas. Catorce de ellas creadas en impresoras 3D.
El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destaca las particularidades que tuvo esta causa: “Esta robusta investigación demostró la existencia de un fenómeno que se produce en un ambiente en el que normalmente no se comercializan elementos ilícitos. Habla de un mundo total y absolutamente digital, que no tiene vinculación física, en que los partícipes no se conectan físicamente, no se dieron la mano, no se entregaron dinero”.
El persecutor destaca la resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo al considerar que no es necesario que los integrantes se conocieran entre sí para acreditar que se trataba de una asociación criminal. “La organización puede ser horizontal, flexible y estar compuesta por miembros fungibles, bastando con que cada uno realice un aporte funcional a la consecución del plan común”, señaló la jueza Marilyn Neira.
Para el jefe de la Brico, subprefecto Cristián Sepúlveda, esta investigación marca un antes y un después. “Es una de las investigaciones más grandes de tráfico de armas en Chile. Primero por el período de tiempo y luego por detectar un fenómeno emergente. Esta investigación marca un antes y un después”.
Cuando “Clearmiel” dejó de manifestarse en los chats, sus colegas empezaron a preguntar por él. Después de todo, sus armas eran bien cotizadas. “Cuando uno de los integrantes del chat dejaba de participar, los demás suponían que había caído preso”, remata el inspector Morales.

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