La reforma constitucional en seguridad anunciada por el gobierno ha sido socializada con actores oficialistas y expertos constitucionalistas para afinar sus detalles. Sin embargo, La Tercera accedió al borrador del mensaje, el que propone, entre otras medidas, establecer penas y medidas especiales para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Pero el borrador también explicita que los condenados por esos delitos quedarán, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años, inhabilitados para acceder a “cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada con los derechos a la salud, educación, trabajo y seguridad social.

Eso, inmediatamente, dividió al oficialismo. La propia ministra de Salud, May Chomali, salió a decir en CNN que “podría generar incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos, como la ley de urgencias”. Distinto es lo que se analiza inicialmente en el Mineduc, donde no ven mayores riesgos considerando que el efecto es para condenados por crimen organizado y terrorismo, y que todavía se debe definir en el Congreso qué prestaciones o beneficios podrían incluirse.

Como sea, ahora personeros que trabajan y se mueven en esos sectores también muestran sus aprensiones por la idea.

Especialmente, porque la redacción del borrador deja márgenes abiertos. En salud, por ejemplo, no define qué prestaciones quedarían excluidas. Además, el texto dice que quienes ya reciban alguna de estas prestaciones al momento de ser condenados las “perderán de pleno derecho”.

La propia ministra Chomali ahondó sobre los posibles riesgos para la salud que implicaría eliminar las prestaciones garantizadas y financiadas por el Estado para los reclusos: “Se me hace difícil relacionar esto con algunas otras leyes que nos mandatan a nosotros hacer ciertas prestaciones, y ese ejemplo es superclaro, así que hay que revisar eso”.

E insistió que no conoce el borrador. “Me imagino que cuando esto ya avance vamos a hacer consultas al respecto (…) Vamos a ver cuáles son los elementos que podrían interferir con otras leyes en las cuales nosotros estamos mandatados”, concluyó.

Pero esta aprensión no es aislada. Las advertencias vienen, incluso, de quienes supieron ser gobierno junto a Sebastián Piñera. El exministro de Salud Enrique Paris también advierte sobre los alcances del borrador y coincide en que no se puede dejar sin atención de salud a una persona en una situación crítica y con riesgo vital.

“Creo que se requiere aclarar los alcances del proyecto y, obviamente, también esperar la discusión parlamentaria. En segundo lugar, creo que no se pueden equiparar los beneficios sociales con los beneficios en salud, pero que están relacionados con situaciones vitales. Es decir, no otorgar atención de salud a una persona que tiene una situación crítica y que está en condiciones de perder su vida, no lo podemos aceptar”, concluye el exsecretario de Estado.

Karla Rubilar, médica, extitular del Ministerio de Desarrollo Social durante el segundo mandato de Piñera y hoy académica de la U. Autónoma, asevera ser partidaria de ponerse “implacables” con el crimen organizado: “Quitarles la libertad, perseguir su patrimonio, impedir que sigan operando desde las cárceles y endurecer las penas cuando corresponda”. Pero, advierte, “la atención de salud no puede convertirse en parte de la pena. No solo hay una discusión de derechos fundamentales; también hay una cuestión de salud pública. Una tuberculosis no pregunta si quien contagia es delincuente o no”.

En Educación, el panorama no es muy distinto. Las advertencias también son palpables.

“No podría opinar sin ver el texto, pero si lo que se señala va en esa dirección, creo que es una mala señal, precisamente porque lo que haremos, lejos de disuadir el delito, es reproducir condiciones mínimas para la reinserción y rehabilitación social de quienes hayan sido condenados”, dice el exministro de Educación Nicolás Cataldo, quien añade que particularmente sensibles le parecen los casos de educación, por la capacidad de generar movilidad social y conseguir un empleo decente que evite delinquir, y salud, porque una persona sin acceso a educación, trabajo, seguridad social, es una persona que no podrá pagar salud privada. “Corremos riesgo de eventuales descontroles epidemiológicos en un país que tiene un buen sistema de salud con control de enfermedades que podrían volver”, suma.

Cataldo cierra preguntándose “cuál es la opción de quien ha sido condenado para su adecuada reinserción. Esa pregunta obliga a preguntarse por cuáles son los sentidos del sistema judicial y penitenciario”.