La elaboración de la Encuesta Casen 2026 está en pleno proceso. Si bien el trabajo de campo comienza en noviembre, el Presidente José Antonio Kast abrió un debate esta semana al criticar las cifras de reducción de la pobreza y el hecho de que esa disminución haya sido en base a subsidios.

En la Casen 2024, la pobreza por ingresos bajó de 20,5% en 2022, a 17,3%.

Ante este escenario, el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y expresidente de la comisión revisora de la metología para la encuesta Casen, Osvaldo Larrañaga, dice que a su juicio esta no fue cuestionada por el mandatario.

¿Qué entendió de las declaraciones que hizo el Presidente José Antonio Kast sobre las cifras de la pobreza?

-El Presidente Kast en una entrevista radial (T13 radio) mencionó un par de cosas respecto a la Casen y a la medición de la pobreza, donde no fue muy claro. Hubo varios argumentos, los que después el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a relativizar, en el sentido que señaló que no había que malinterpretar lo que habría querido decir el Presidente. De acuerdo a Alvarado, no hay crítica ni a los datos ni a la metodología, sino básicamente lo que se dijo fue que parte de la reducción de la pobreza tiene que ver con los subsidios y que la reducción de la pobreza que hubo en el gobierno pasado fue porque hubo más subsidios.

¿No lo ve como una crítica a la metodología?

-Es bien importante decir que no hubo ninguna crítica al trabajo de la comisión de la pobreza, sino más bien al tema de cuánto de la reducción de la pobreza se debía a más subsidios, y que eso eventualmente no sería óptimo, porque uno preferiría que fuese a través de empleo e ingresos.

Pero a su juicio, ¿qué la pobreza baje por subsidios estatales no es necesariamente malo?

-Es bueno. Un objetivo principal del por qué se hacen transferencias monetarias a la población, aquí y en todas partes, es justamente para que no exista pobreza. Lo raro hubiese sido que teniendo subsidios o transferencias monetarias no hubiese tenido ningún efecto sobre la pobreza, porque es lo contrario a lo que uno está buscando. Eso no significa o no desmerece la argumentación de que es importante el empleo, es importante la autonomía, y que lo que se busca es eso. Por lo tanto, los subsidios son una medida temporal para aliviar la pobreza, pero nos gustaría que fuera por empleo. Lo más importante y más relevante para Chile es que las transferencias monetarias o subsidios estén enfocadas en grupos que no pueden generar ingresos, fundamentalmente por el tema de vejez o porque están con algún tipo de discapacidad.

Un ejemplo de aquello es la PGU…

-El año 2024 alrededor del 75% del gasto en transferencias monetarias fue la Pensión Garantizada Universal (PGU), en gran proporción, y en menor medida fueron las pensiones de discapacidad. Están justamente enfocadas en grupos que, por su condición de edad o de salud, no pueden trabajar. Entonces, es un grupo cierto de tener algún tipo de transferencias, porque no pueden tener empleo.

Lo que ha dicho el gobierno es que la mejor política social es el empleo, ¿lo suscribe entonces?

-Sí, pero a excepción de si los subsidios van dirigidos a personas que no pueden trabajar, que es el caso principal en Chile. Mientras no exista una mejor reactivación del empleo y de los ingresos, es necesario tener subsidios para apuntalar los ingresos de las personas vulnerables, porque no es que esas personas estén a propósito no generando ingresos.

Y en el debate de focalización o universalidad, ¿hacia dónde debiera avanzar la política pública?

-Tenemos un tema de que está bien reportado y documentado: el gasto público ha excedido a los ingresos fiscales durante casi dos décadas y eso se ha financiado con deuda pública, que ha crecido. Ya estamos a niveles cercanos del límite. Ahora, la reducción de ingresos se complicó con la megarreforma, porque lo que hace es bajar impuestos de distintos tipos. La apuesta del gobierno es que si la caída de impuestos, especialmente a las utilidades y otras más, hace que llegue más inversión y se genere más actividad económica, eso genere más base tributaria y se tendrá más recaudación, aunque las tasas impositivas hayan bajado. Esa es una apuesta y no es de corto plazo. Entonces, hoy día estamos más presionados. El gobierno va a tener que ingeniársela en cómo enfrenta esta situación con menores ingresos fiscales, y eso pasa, necesariamente, por reducciones de gasto.

Por lo tanto, dado este escenario de menores recursos, ¿es probable que la política pública vuelva a ser más focalizada?

-Es difícil retroceder en estos beneficios sociales. Dos políticas públicas importantes son recientes, que son la gratuidad y la PGU. La PGU tiene hoy en día como 2,2 millones de beneficiarios, que reciben $ 230 mil al mes, que son cerca de $2,8 millones al año. La gratuidad universitaria hoy en día está en 600 mil estudiantes y el monto promedio que se gasta son $3,5 millones anuales por estudiante. Entonces, esas dos políticas, que son recientes, benefician a mucha gente y no veo políticamente que se pueda recortar eso, en el sentido de decir “ahora vamos a ser más focalizados con menos personas”. La reducción de gastos irá más bien en reducir el ritmo de crecimiento del gasto del financiamiento del sistema público de salud y educación.

Dado el actual escenario económico, con una baja expansión del Producto Interno Bruto (PIB), ¿la pobreza podría subir en la medición de la Casen 2026?

-No sé si la pobreza va a subir, pero al menos si cae, va a caer poquito o bien podría quedarse estable. Eso le debería preocupar al gobierno, porque ninguna administración quiere que bajo su mandato la pobreza no se reduzca o incluso pudiese crecer un poco. Esto último, considerando que eventualmente pueda haber menos transferencias directas.

Adjudicación de la Casen: “Mis amigos de la U. de Chile están corriendo solos”

El economista critica que no existe igualdad de condiciones en el proceso de licitación para la encuesta Casen, y acusa que la Universidad de Chile, a través de su Centro de Microdatos, está compitiendo sola. ¿Por qué? Larrañaga lo explica así: “Microdatos se ha adjudicado las últimas tres versiones de la Casen, pero ha sido la única institución que se ha presentado. No hubo competencia, están corriendo solos mis amigos de la Universidad de Chile”.

En ese contexto, Larrañaga detalla que “es un tema que no es muy conocido, pero es importante: hace algunos años se decidió que la mayor parte de los servicios (profesionales) pagaran IVA, entonces significó que el costo subía y el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a cobrar a las universidades IVA por servicios prestados al Estado. Pero dentro de las universidades estatales alguien astutamente miró que había una ley del año 50, o incluso de antes, que decía que a las universidades estatales no se les cobra impuestos. Hicieron el reclamo y eso resultó en que hoy día esas universidades que se presentan a licitaciones públicas no pagan IVA y las otras pagan IVA. La Universidad Católica, que fue la que se adjudicó la Casen anteriormente, hoy día es imposible que compita con la Universidad de Chile porque parte con un 18%. Ahora la Universidad de Chile compite sola y eso no fue una buena idea”.