En patios y salas de clases la escena empieza a cambiar. Desde marzo comenzó a regir la ley que restringe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los establecimientos educacionales, y las comunidades escolares han debido adaptar sus rutinas a un escenario nuevo.

La manera de aplicar esta ley es, por ahora, dejada a la responsabilidad y a las posibilidades de cada establecimiento. Y si bien hay casos anecdóticos donde los teléfonos son depositados en casilleros, la lógica de los colegios apunta a fomentar una autorregulación en vez de crear una restricción de plano.

Aunque la normativa es reciente, en algunos colegios el proceso comenzó mucho antes de su aprobación. La Escuela Reyes de España, en Chillán, fue uno de los establecimientos que impulsaron tempranamente la restricción del uso de celulares. Su exdirectora, Marisol Contreras recuerda que la decisión surgió tras el retorno a clases presenciales después de la pandemia. Incluso, dicha experiencia sirvió de ejemplo para que años después se promulgara la ley. El acuerdo terminó generando una cultura interna que se mantuvo con el tiempo. “Los jueces mayores que tenemos son nuestros estudiantes”, dice la exdirectora, aludiendo a que los propios alumnos comenzaron a exigir coherencia entre lo que se pedía y lo que hacían los adultos.

Cuando se aprobó la ley, para ese establecimiento el cambio fue menor, porque la práctica ya estaba instalada.

En otros colegios la adaptación ha sido más reciente, aunque también se ha desarrollado de forma gradual. En el Colegio CREE de Cerro Navia, su director Max Ortúzar explica que la normativa vino a respaldar reglas que ya estaban presentes en el reglamento interno del establecimiento.

El seguimiento del cumplimiento se realiza principalmente dentro de la dinámica cotidiana, a través del trabajo de los equipos docentes y de inspectoría. De sus 1.150 alumnos, el jueves pasado se requisaron siete teléfonos, mientras que el viernes fueron tres. La medida que encontraron en este establecimiento es que al ser sorprendidos por primera vez, los alumnos reciben una conversación formativa, y si se repite la acción, el teléfono es devuelto a su apoderado. Incluso, trabajan en un plan piloto que podría intervenir teléfonos para dejarles operativas solo sus funciones básicas durante las horas lectivas.

En el Colegio Sagrados Corazones de Manquehue, en tanto, el proceso también comenzó antes de que la ley entrara en vigencia. La rectora Sandra Durán explica que durante el segundo semestre de 2025 se implementó una marcha blanca que permitió preparar a la comunidad educativa. Esto abarcó hasta segundo medio, y se realizaron conversaciones con estudiantes, apoderados y profesores para definir cómo se aplicaría la normativa.

Hoy el establecimiento optó por una restricción completa del uso de celulares durante la jornada escolar. “Si los estudiantes los traen al colegio, deben mantenerlos apagados y guardados en sus mochilas”, explica la rectora.

En el Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe, su director Héctor Rojo también describe una buena recepción de la medida dentro de la comunidad educativa. “La valoración ha sido muy positiva”, señala. Durante las primeras semanas de clases, los profesores comenzaron a percibir cambios en la dinámica del aula. “Nos comentaron que se generó un muy buen ambiente, disminuyeron las distracciones y aumentó exponencialmente la participación de los alumnos en clases”, afirma. Eso sí, en ese establecimiento el enfoque principal ha sido evitar que los dispositivos ingresen al recinto, aunque la ley no prohíbe el porte de estos aparatos, sino que su utilización.

La abogada Pamela Godoy, de la Red de Colegios CEAS y especialista en normativa educacional de la red, explica que “cada colegio ha adoptado medidas prácticas, como disponer de espacios en las salas para dejar los teléfonos durante la jornada”, señala.

Para muchos actores del sistema educativo, el desafío de la ley no es solo operativo, sino también formativo. El presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), Pedro Díaz, plantea que el debate no debería centrarse únicamente en la prohibición.

“Quisiéramos hablar más de regulación”, sostiene. Desde su perspectiva, el objetivo educativo debería apuntar a desarrollar habilidades en los estudiantes frente al uso de la tecnología.

La discusión también tiene un respaldo desde la investigación científica. La directora académica del Magíster en Neurociencias de la Educación de la U. Mayor, Verónica Pantoja, explica que la presencia constante de dispositivos afecta procesos cognitivos relevantes para el aprendizaje. “El cerebro no puede realizar multitarea compleja”, afirma.

Cuando los estudiantes alternan su atención entre la clase y el celular, agrega, disminuyen los recursos cognitivos disponibles para procesar la información.

El proceso de adaptación, advierte, puede generar cierta inquietud en algunos alumnos durante las primeras semanas. “Puede aparecer una especie de abstinencia digital al comienzo, pero es temporal”, explica.

Mientras tanto, los colegios continúan ajustando sus protocolos. El reglamento que complementará la ley aún se encuentra en elaboración y se espera que se publique durante el segundo semestre.

Por ahora, las comunidades educativas se encuentran en una etapa de aprendizaje y de dudas que persisten sobre la aplicación de la ley. Más allá de las diferencias entre establecimientos, la expectativa compartida es que las aulas vuelvan a ser espacios con menos distracciones digitales y más interacción directa entre estudiantes y profesores.