Entre febrero y marzo de 2025, familiares de 108 de las víctimas fatales del mega incendio que se registró en Viña del Mar, en febrero de 2024, pusieron en marcha acciones civiles ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso para que el Estado responda por lo sucedido.

Entre varios elementos, solicitaron indemnizaciones económicas por el daño moral que enfrentaron desde el trágico suceso, donde vieron morir a sus seres queridos en situaciones que describieron como terribles, sin recibir la ayuda por la que clamaban. En sus demandas las víctimas invocan la “falta de servicio” del aparato estatal a la hora de enfrentar la emergencia.

Producto de los requerimientos, en diciembre de ese mismo año los abogados que representan a los familiares se reunieron con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), instancia en que desde el organismo presidido por el consejero Raúl Letelier se les instó a presentar una propuesta de indemnización, pero reduciendo los montos respecto de lo indicado inicialmente en las demandas ingresadas meses antes.

Así, de acuerdo con detalles a los que accedió La Tercera, los solicitantes requirieron indemnizaciones por diferentes montos, reduciendo en un 30% sus pretensiones. Dependiendo del vínculo familiar que mantenían con la víctima, algunos pidieron $20 millones, otros $150 millones y hasta $250 millones.

Pero pese a que en medio de las conversaciones habían accedido a que los montos se redujeron en comparación con lo que requirieron en la primera oportunidad, la respuesta del CDE -como suele ser en todo tipo de demandas civiles contra el Estado- fue negativa.

Como se lee en un mail que recibieron los profesionales que representan a los familiares de parte de la secretaria abogada de presidencia del Consejo, Marjorie Cárdenas, la propuesta fue rechazada tras el análisis que hizo el consejo durante la jornada del martes 10 de marzo.

Consultado por la determinación, Raúl Meza, abogado de parte de los afectados, lamentó la postura adoptada por el organismo.

“Nos parece una decisión equivocada e insensible, ya que tenemos la convicción jurídica y moral que lo propuesto a este organismo público es un acuerdo justo y razonable para reparar en parte el daño moral y el sufrimiento que han tenido los familiares de las víctimas de esta tragedia, evitándoles, de esta manera, un extenso y desgastador litigio que revictimice a los familiares de la víctimas del incendio más letal de la historia de Chile y el quinto con más muertes de la historia de la humanidad”, manifestó el abogado.

En el mismo sentido, agregó que “en el litigio nos hemos enfrentado a un CDE especialmente diligente, controversial y aguerrido en defensa de los intereses del Fisco, sin que se pueda apreciar ningún ápice de asumir alguna responsabilidad como representantes de los agentes del Estado responsables de la muerte de 138 compatriotas".

Frente a la negativa, como aseveró Meza, decidieron solicitar una audiencia al Presidente José Antonio Kast para que reciba a los familiares de las víctimas y a sus representantes para que escuche personalmente sus necesidades, afecciones y sufrimientos por la pérdida de sus seres queridos.

“Vamos a solicitarle al Presidente que tenga la misma actitud humanitaria que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet en el caso Antuco, en el cual, personalmente gestionó para que el Estado reconociera la responsabilidad de los agentes del Estado en esta tragedia y se reparara el daño provocado los familiares de las víctimas”, detalló.