Con los ojos puestos en la sesión del Consejo Regional (CORE) programada para este miércoles a las 9:30 horas, Chile Vamos entró en una fase decisiva sobre la acusación contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (ind.), ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Mientras el Partido Republicano ya redacta el borrador del requerimiento, en Chile Vamos la estrategia se ha dejado en dos pares de abogados, tanto de la Unión Demócrata Independiente (UDI) como de Renovación Nacional (RN).

En el bloque explican que se busca evitar a toda costa un bochorno parecido a los ocurridos en las acusaciones constitucionales en las que se ha respaldado a republicanos; por lo tanto, la decisión requiere de una revisión técnica.

Y si bien se ha puesto la condición de esperar a que Orrego haga sus descargos en el Consejo Regional antes de tomar una decisión definitiva, la tesis compartida por RN y UDI es que, como consejeros regionales, su rol es fiscalizador, y por lo tanto necesitan reunir los antecedentes necesarios en la sesión de este miércoles para acompañar con su firma la solicitud de destitución. Y no solo basarse en el informe de Contraloría, como se ha criticado a republicanos.

Esa apertura a la deliberación, advierten puertas adentro en Chile Vamos, no implica una señal de respaldo a Orrego. Por el contrario, la señal de los partidos es que la defensa que ha hecho Orrego hasta ahora -en la que ha sostenido que las observaciones de Contraloría pueden ser subsanadas- no ha sido suficiente para frenar el impulso de una inminente acusación.

De hecho, ya desde las colectividades han marcado su posición.

La que se ha hecho más notoria es la disposición de la UDI de sumarse al requerimiento de destitución. Quien lo adelantó fue la ex secretaria general, María José Hoffmann. “No tengo ninguna duda de que nuestros consejeros regionales se van a sumar. Hablé con Álvaro Bellolio, que es nuestro jefe de bancada en el CORE, y están en conversaciones. Efectivamente, la situación es grave y vale la pena que deba revisarse”, afirmó la dirigenta gremialista en CNN Radio.

En ese sentido, la revisión exhaustiva y dar el visto bueno estarán a cargo de los abogados elegidos por la UDI para esto, que recientemente también tuvieron rol en el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Allende: Máximo Pavez y Pablo Toloza.

Por su parte, en RN el presidente de la colectividad, senador Rodrigo Galilea, afirmó en Radio Cooperativa que también están abiertos a avanzar en la denuncia, pero con un matiz: “Se requiere un expediente sólido, con antecedentes que den garantía de ganar”.

En paralelo, el Partido Republicano encargó la coordinación al consejero regional y abogado, Ignacio Dülger, del documento que sustentaría la denuncia formal ante el Tricel.

Desde las bancadas opositoras explican que el objetivo no es solo presentar una acusación, sino que construir un expediente contundente que garantice viabilidad en el tribunal. Para eso, una condición clave es reunir antecedentes más allá del informe de Contraloría, incluyendo las respuestas que entregue el gobernador este miércoles ante el CORE.

Interrogatorio a Orrego

Durante este martes los consejeros regionales de Chile Vamos ingresaron formalmente una solicitud para que el gobernador Orrego rinda cuenta detallada de este tema ante el pleno del Consejo Regional. Desde el equipo del gobernador confirmaron a La Tercera que se accedió a sumar el requerimiento en la tabla.

La solicitud incluye una batería de exigencias vinculadas al informe final de Contraloría, entre ellas la entrega de actas, minutas y grabaciones de las 52 sesiones de coaching contratadas con Vera y Asociados S.A.; la justificación legal de los contratos firmados no solo con esa consultora, sino también con AJEM e IDOM, y la aclaración sobre la eventual existencia de vínculos previos entre autoridades del Gobierno Regional y el socio de la firma Juan Pedro Vera Gil.

Además, los consejeros piden explicaciones sobre el cumplimiento del principio de prescindencia política, las medidas correctivas que se hayan adoptado tras el informe, la remisión de antecedentes al Ministerio Público y la regularización de contrataciones vía trato directo y del uso contable observado por Contraloría.

El requerimiento, de carácter fiscalizador, busca que el gobernador entregue antecedentes previos por escrito, y que durante la sesión se habilite un espacio para que los consejeros realicen preguntas directas tanto a Orrego como a su equipo.