Chile Vamos y republicanos ya definieron que la mejor estrategia para destituir al gobernador de la RM, Claudio Orrego, tras las irregularidades detectadas por Contraloría, es presentar un requerimiento conjunto ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Y para eso trabajan a toda máquina.

A pesar de la resistencia inicial de la UDI y RN -ambas colectividades aún miran de reojo los fracasos por las acusaciones constitucionales presentadas junto a republicanos durante este gobierno-, esa terminó siendo la definición política -y legal- de la oposición.

Y si en la vereda de los impulsores de la ofensiva esa es la realidad, en la del ex-DC la incertidumbre que muestran sus ahora antagonistas aún lo mantiene convencido de que el requerimiento podría no presentarse.

Como sea, lo cierto es que quienes buscan su caída han avanzado en una suerte de definición de los argumentos que se quieren incluir en el escrito. Los mismos apuntan a las investigaciones por asesorías de coaching con un presunto objetivo electoral; la duplicación de tratos directos; los convenios observados por la Contraloría que desembocaron en la renuncia de uno de los personeros de confianza de Orrego, y eventuales faltas a la probidad en la administración del Gobierno Regional Metropolitana.

Pero en ese afán hay miradas disímiles: si los consejeros regionales de la UDI y republicanos afinan sus propios escritos para luego buscar unificarlos, en RN aún persiste una postura un poco más cauta en cuanto a qué incluir y qué no. “Reticentes” es el concepto que transmiten desde las otras bancadas.

Y es que pese a que existe un convencimiento de que se tiene que presentar un solo requerimiento, las conversaciones entre los partidos siguen marcadas por algunas diferencias, lo que ha derivado en que cada sector redacte su propio documento, con la idea de fusionarlos en una versión final común. Los republicanos, dicen en las otras veredas, son los más radicales en cuanto a postura y en los partidos de Chile Vamos optan por la cautela, con el recuerdo fresco de las acusaciones constitucionales que no llegaron a puerto.

El documento que circula en la UDI contiene siete capítulos “ampliables”, según quienes han tenido acceso a su versión preliminar. Uno de los elementos que estarán incluidos en ese borrador es el aumento de tratos directos durante la administración de Orrego, algo de lo que ya dio cuenta La Tercera, así como los presuntos conflictos de interés que fueron detectados en convenios.

“Esto no es solo una señal de desorden administrativo, sino un síntoma de una gestión que ha intentado esquivar los mecanismos de transparencia”, señaló el core UDI Álvaro Bellolio, quien hace una semana confirmó que esos antecedentes serán incorporados en el escrito. Mientras, republicanos también avanzan en su propia redacción. Desde la tienda liderada por el candidato presidencial José Antonio Kast el texto está ad portas de finalizarse.

A su vez, en RN han expresado que, para comenzar a redactar su propio escrito, esperan contar primero con los resultados de la Comisión de Control Regional que se conformó en el último pleno del Consejo Regional y que se instala este viernes. Pese a ello, en todas las bancadas insisten en que aún no existe un borrador de documento unificado, aun cuando en republicanos pujaron para que el requerimiento se pudiera presentar este viernes. Sin embargo, desde la UDI descartaron esa posibilidad.

Por ahora, la fecha más plausible que barajan para la presentación ante el Tricel es la segunda semana de julio, una vez terminado el receso de invierno del Core y luego de que todos los partidos validen internamente el texto definitivo o, al menos, se obtengan las 12 firmas que se requieren para ingresar el requerimiento. Republicanos tiene 11 y Chile Vamos, 10.

En paralelo, los equipos jurídicos siguen en lo suyo. En la UDI trabajan los abogados Máximo Pavez -quien participó en la presentación por la destitución de la exsenadora Isabel Allende, tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende- y Pablo Toloza, querellante en el caso ProCultura, que también involucra a Orrego. En tanto, Emiliano García representa a republicanos y fue parte del equipo jurídico que impulsó la destitución de la misma senadora.

Si bien hubo una primera reunión presencial entre Toloza y el abogado de RN Rodrigo Flores para intercambiar antecedentes, en esa última tienda reconocen que aún no han recibido retroalimentación formal desde los otros partidos, lo que ha generado cierto malestar. Desde esa bancada afirman que la consejera Valeria Ponti ha solicitado el escrito de los otros partidos, pero que hasta ahora no se han compartido.

A esto se suma otro factor: RN ha sido la tienda más reacia a escalar el caso al Tricel. Aunque ya anunciaron públicamente que formarán parte de la presentación, su condición ha sido tener la información que salga de la Comisión de Control Regional que se desarrollará para fiscalizar los hechos detectados en el informe de Contraloría.

Dicha instancia tendrá sesiones reservadas y sin obligación legal de asistencia para los funcionarios citados. Su propósito es elaborar un informe complementario que eventualmente podría sumarse al requerimiento, según apuntan en RN.

Como sea, lo cierto es que la ofensiva contra Orrego se sostiene en dos tesis jurídicas: una es notable abandono de deberes. La otra es por faltas graves a la probidad administrativa.

Pero en el entorno de Orrego hay tranquilidad. Por el contrario, aseguran que no existe un asidero jurídico claro para solicitar la destitución. De hecho, señalan que ni siquiera se ha definido un posible abogado defensor ante el Tricel y que cualquier acción legal será evaluada solo si el requerimiento se concreta, algo que creen que no ocurrirá, a pesar de todas las señales de la oposición.