El abogado Ciro Colombara asumió la defensa del gobernador Claudio Orrego en el proceso de destitución iniciado por la UDI y Republicanos en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Colombara, que en el pasado ha representado a figuras como la contralora Dorothy Pérez en su disputa contra el excontralor Jorge Bermúdez o al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami ante el Tribunal Constitucional y el propio Tricel en 2021, sostiene que, aunque el requerimiento incluye hechos que podrían parecer irregulares, estos no constituyen faltas, y que muchas acusaciones son falsas o malinterpretadas. Además, advierte que los informes de la Contraloría aún están sujetos a reconsideraciones y no pueden tomarse como prueba definitiva.

¿Cuál será la piedra angular de la defensa?

El requerimiento contiene hechos falsos, que vamos a poder acreditar, o contiene hechos verdaderos, pero que no dan cuenta de notable abandono de deberes o de faltas a la probidad, sino que dan cuenta de una actuación diligente por parte, en algunos casos del gobernador, y en otros del gobierno regional. Hay hechos que son ciertos, pero que no son constitutivos de las infracciones que señala la ley. En términos generales, el requerimiento debiera ser rechazado.

Pero se basa en dos informes de Contraloría que advierten posibles negligencias o irregularidades.

Uno de los puntos más débiles jurídicamente es su lógica de basarse en informes de Contraloría respecto de los cuales existen plazos pendientes que pueden cambiar o modificar sus conclusiones preliminares o las observaciones. Puede que el pronunciamiento de la Contraloría dé por subsanadas algunas o todas las observaciones. Se ha señalado por parte de los acusadores que no deben probar las imputaciones que están haciendo, porque estas deben darse por acreditadas con el informe de Contraloría, cuestión que es un profundo error jurídico. Entendemos que la sentencia va a sentar un precedente respecto de cuál es el estándar de prueba.

Si la reconsideración no cumple con lo que pide Contraloría, ¿afectaría la defensa del gobernador?

No me puedo pronunciar sobre situaciones hipotéticas. Existe la posibilidad de presentar una reconsideración y, consecuencialmente, es un error pretender dar por establecidos hechos con un informe en las condiciones actuales.

¿Tuvo fines electorales el coaching contratado por el gobierno regional, tal como señala el informe y el requerimiento?

Si señala que se utilizó con fines electorales, el requerimiento miente. Lo que aquí hubo fue una asesoría habitual del más alto nivel a los equipos directivos, con el objeto de tener una mejor gestión en las funciones que desarrollan. Esta consultora en particular ha trabajado con distintos organismos y empresas, y con anterioridad con el gobierno regional en épocas que no eran de campaña.

¿Por qué no se transparentaron las minutas del coaching ante el consejo regional? Se presume que contienen más contenido electoral.

Los acusadores presumen que podría haber más antecedentes. El tema esencial es cuál era el objetivo del coaching, que era mejorar la gestión y no ser insumo para una campaña. Tenemos la certeza de que las acusaciones son falsas, infundadas y carecen de rigor jurídico.

También se apunta al uso de redes sociales personales y oficiales para difundir actividades en época de campaña.

Resulta absurdo pretender que en las actividades de un órgano público un líder electo no aparezca. No resiste análisis jurídico ni lógico. Que una autoridad use redes sociales para comunicar o estar en contacto con la ciudadanía es parte de un gobierno abierto y no merece reproche. Respecto de las redes del gobernador, es un punto jurídicamente discutible, que abordaremos en el procedimiento, y que se relaciona con su libertad de expresión.

Se cuestiona también un trato directo con características irregulares que incluso provocó la renuncia de la directora de finanzas.

Tan pronto se detectó un hecho irregular, la persona responsable cesó en su cargo. Y además fueron transparentados, respondidos públicamente, y eso al mismo gobernador le interesa que se aclare si existe o no una irregularidad. No ha sido negligente ni ha protegido actos que podrían ser erradicados.

¿No es negligencia del gobernador no haberlo detectado antes?

Lo vamos a analizar en la defensa. Cuándo procede, cuándo no, cuáles son los requisitos. Puedo comentar que se ha respetado absolutamente el ordenamiento jurídico.

¿Cómo defenderán las rendiciones duplicadas y triplicadas por más de $ 1.800 millones en la corporación regional?

Tenemos información que demuestra que la acusación en su fondo, pero también en cuanto a su argumento, es falsa o un error. En el contexto de una organización de un tamaño relevante como el gobierno regional, con gran cantidad de operaciones, ninguna de las cuales ha sido cuestionada, una cantidad menor podría ser cuestionada, pero sobre la base de antecedentes erróneos.

¿Tenía el gobernador un mecanismo de uso de recursos públicos para su beneficio personal como se ha dicho?

Es mentira, es una canallada, es una injuria y vamos a demostrar que es absolutamente falso.

Quienes presentan el requerimiento citan como precedentes los casos de la exalcaldesa de Antofagasta y la exgobernadora de Coquimbo. ¿Qué impacto podrían tener en la defensa del gobernador?

No, en absoluto. En el caso de la exalcaldesa Rojo se trata de un proceso penal completamente distinto, que no guarda relación con la situación del gobernador. Y respecto al caso de la gobernadora de Coquimbo, también tenemos total certeza de que los hechos son radicalmente distintos.

¿La composición del Tricel es adversa por el perfil de sus integrantes?

Como consecuencia de nuestra experiencia en la Corte Suprema, donde cuatro de cuyos miembros son parte del Tricel, no tenemos ninguna duda de que van a resolver o fallar en términos jurídicos de acuerdo a lo que corresponda con la ley y la Constitución, más allá de sus supuestas posiciones políticas.