La Defensoría de la Niñez emitió un comunicado rechazando la decisión del Congreso Nacional de excluir el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026.

“Esta determinación constituye una regresión grave en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, contraviniendo la legislación vigente, la evidencia técnica disponible y los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmaron desde la entidad.

Esto luego de que el Congreso, la noche de este miércoles, aprobara más del 90% de la Ley de Presupuestos 2026 presentada por el Ejecutivo, pero dejara el PAIG fuera del financiamiento.

“La eliminación del PAIG vulnera directamente el principio de progresividad y la prohibición de regresión consagrados en la Ley N° 21.430, así como el mandato específico establecido en la Ley N° 21.120 de Identidad de Género, que obliga al Estado a garantizar programas de acompañamiento biopsicosocial profesional para niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme. La existencia de este programa no es opcional ni discrecional, sino una obligación legal”, plantearon.

Junto con ello, desde la Defensoría indicaron que el Congreso tenía antecedentes, gracias al informe final de la Mesa Técnica de Expertos y Expertas, donde se verificó que el PAIG es “necesario e indispensable”, y se recomendó no solo la mantención de los componentes actuales del programa, sino también su fortalecimiento.

Añaden que su eliminación no corrige eventuales debilidades del programa, sino que suprime el acceso al acompañamiento especializado. “Esta decisión genera incertidumbre, desprotección y un riesgo cierto de vulneración de derechos”, expresaron.

Por ello, desde la Defensoría de la Niñez llamaron al Congreso Nacional y al Ejecutivo a “buscar las vías necesarias para revertir esta decisión, que como para toda política pública, debería estar basada en evidencia, legislación vigente y derechos humanos, no en opiniones polarizadas”.

“Persistir en esta exclusión no solo vulnera derechos, sino que responsabiliza al Estado por un retroceso evitable y jurídicamente incompatible con sus obligaciones nacionales e internacionales”, concluyeron desde la entidad.