La Contraloría General de la República entregó este jueves los resultados de una auditoría realizada a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) con el fin de verificar las acciones que este organismo desempeñó en dos incendios forestales ocurridos entre 2024 y 2025 en la Región de La Araucanía.

De acuerdo con lo informado por el ente contralor en su sitio web, se detectaron debilidades en el accionar de este organismo ante los incendios forestales que tuvieron lugar en Traiguén, en 2025, y Lonquimay, en 2024.

En concreto, el informe arrojó que en el caso del siniestro de Traiguén, que consumió más de tres mil hectáreas y que se originó a partir de una quema controlada que contó con la autorización de Conaf, el organismo no tuvo en cuenta para autorizar esta actividad las alertas tempranas preventivas sobre incendios que emitió el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ni las condiciones climáticas adversas de las que informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

A causa de estas consideraciones, la Contraloría ordenó un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que autorizaron la quema y envió los antecedentes al Ministerio Público. Junto con ello, instaron a Conaf a revisar sus criterios en este tipo de situaciones y reprocharon que no cumplieran su deber legal de denunciar el incendio a la fiscalía y entregar los antecedentes técnicos de éste.

En el caso del siniestro ocurrido en Lonquimay -que consumió más de 800 hectáreas y tardó más de 120 días en extinguirse- Contraloría advirtió que no se implementó plenamente un módulo de un sistema diseñado para calcular el costo del combate de incendios, lo que impidió garantizar la confiabilidad de la información.

Adicionalmente, Conaf deberá tomar las medidas para garantizar la existencia de un procedimiento que obligue el envío de informes técnicos al Ministerio Público que identifiquen si la causa de un incendio forestal fue una negligencia.