La Contraloría General de la República emitió duras conclusiones para dos instituciones involucradas en la reconstrucción de los megaincendios en la Región de Valparaíso que se produjeron el 2 de febrero de 2024. Tanto la Delegación Presidencial que en ese momento era dirigida por Sofía Gonzálz (PC), como el municipio de Viña del Mar, por la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA), recibieron recriminaciones por parte del ente comandado por Dorothy Pérez por su actuación tras la tragedia.

Mientras al municipio se le fustiga desorden y falta de control en la gestión de ayudas tras el megaincendio (VER NOTA AQUÍ), en la Delegación de Valparaíso se detectaron pagos sin respaldo y millonarios sobreprecios (VER NOTA AQUÍ).

Así las cosas, Contraloría ordenó a Viña del Mar iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades por una serie de deficiencias detectadas en la gestión de ayudas, donaciones y recursos públicos. Mientras, entre las acciones advertidas en la Delegación se encontraron situaciones que podrían ser constitutivas de delitos, por lo que junto con también ordenar sumarios, se derivaron los antecedentes a Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.